LUNES 23 DE MAYO DE 2000

Ť El fallo al caso PRI-Banca Unión, luego del 2 de julio


Aplaza la SCJN resolución sobre controversia contra Zedillo

Ť Se rompe el compromiso de no tomar consideraciones políticas

Jesús Aranda Ť Pese a su compromiso inicial de no tomar en cuenta consideraciones políticas y al asegurar que el fallo sería estrictamente conforme a derecho, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron aplazar para después de las elecciones del 2 de julio su resolución sobre la controversia que interpuso la Cámara de Diputados en contra del Presidente, quien no proporcionó información sobre los fideicomisos del PRI en Banca Unión y la presunta inclusión de esa deuda en el Fobaproa.

"Con esta solución lo único que resultará dañada será la imagen de la Suprema Corte, porque no asumió el papel de independencia y autonomía que la sociedad esperaba en este fallo", reconoció una fuente de confianza del máximo tribunal del país.

Y es que, desde que la Corte dio entrada a la controversia constitucional 26/99, los primeros días de septiembre del año pasado, hubo la convicción manifiesta de varios ministros para resolver lo más pronto posible el asunto, pues esto, además de quitarle presión al organismo -al resolver el asunto más importante en la historia moderna del máximo tribunal- enviaría un mensaje de independencia y autonomía a los otros poderes (Legislativo y Ejecutivo), tan necesario después del cuestionado fallo sobre el anatocismo en el que la Corte no quedó bien parada ante la sociedad.

La ministro instructor de la controversia, Olga Sánchez Cordero, acordó desde un inicio que todos los miembros del máximo tribunal tuvieran conocimiento pleno del desarrollo del proceso de dicha controversia.

En el conflicto, el centro del debate son los alcances del secreto bancario y las facultades del Congreso para exigir información al Presidente de la República, Ernesto Zedillo, así como las de éste para negar lo requerido cuando así lo considere conveniente, como el caso del Ejecutivo cuando rechazó entregar la información sobre los fideicomisos que utilizó el PRI en Banca Unión para su campaña presidencial y que se presume fueron a parar al Fobaproa.

La idea de la ministro era que una vez elaborado el proyecto se agilizara la discusión del mismo y se resolviera antes de las elecciones del 2 de julio.

Un último intento de la ministro fue entregar su primer proyecto de dictamen al pleno de ministros el lunes siguiente de la Semana Santa, con el propósito de iniciar en unos cuantos días las discusiones.

Pero trascendió que luego de que un ministro pidió más tiempo para discutir el asunto, el pleno consideró esa opinión y argumentó que "no había tiempo suficiente", por lo que era mejor posponer su aprobación para después del 2 de julio.

Incluso hay quienes piensan que si el Congreso aplazó para después de los comicios federales la discusión sobre el tema Fobaproa, entonces también la Corte estaría en su derecho de no "politizar" el asunto y resolver con el tiempo suficiente esta controversia constitucional.

Fuentes de primer nivel del máximo tribunal consideran correcta esta visión, debido a que el país está "políticamente muy convulsionado" y una decisión de la Corte, ya sea a favor del Congreso o del Ejecutivo seguramente incidiría en la situación política y quizá en las elecciones mismas.

De acuerdo con esta visión y con otra serie de documentos de discusión que ya están en manos de los 11 ministros del pleno hay al menos varios ministros que consideran que el Congreso tiene derecho a exigir al Ejecutivo la información requerida sobre el Fobaproa y, aún más, que el secreto bancario por ser una ley secundaria no puede estar por encima del derecho constitucional a la información.

Con sus matices, los ministros consideran como un punto central de este problema los alcances del secreto bancario, así como los límites del Ejecutivo para entregar o no información al Congreso de la Unión.

Como parte de la discusión que se tendrá que dar en su momento, los ministros consideran que se debe iniciar por desglosar Ƒqué es el secreto bancario?, los orígenes de Fobaproa y cómo fue que esa deuda privada se convirtió en deuda pública; la legalidad del secreto bancario al ser esta una ley secundaria o en todo caso, la aplicación de sus excepciones.

Deja escapar una oportunidad

También hay ministros que consideran que la discusión debe ir más allá, a efecto de permitirle a la Cámara de Diputados que investigue para deslindar posteriormente responsabilidades en contra de los banqueros que hayan utilizado indebidamente los créditos que finalmente fueron a parar al Fobaproa.

Según las fuentes consultadas, al aplazar la Corte su decisión sobre el Fobaproa, perderá su oportunidad de resolver la contradicción más importante que han tenido los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) en los últimos años, y con ello el manifestarse como un ente independiente y autónomo, cuyas decisiones deben ser respetadas y acatadas.