León Bendesky
Derechos sociales

La producción sigue registrando un crecimiento, pero la economía no parece resistirlo pues se estima que se pueden crear desequilibrios que pongan en riesgo la estabilidad de los precios. Como el objetivo principal de la política económica del gobierno es bajar la inflación, se tienen que parar los efectos adversos de la expansión. El argumento es que la demanda está creciendo demasiado aprisa, lo que, sin duda, le debe parecer extraño a la mayor parte de las familias y de las empresas cuyos niveles de ingresos siguen siendo bajos y han atrasado sus decisiones de consumo y de inversión. Algo debe pasar en una economía en la que se tiene que restringir la capacidad de mejorar las condiciones en que trabaja y vive la población.

Al mismo tiempo que crece la producción en sectores como la industria manufacturera y el comercio, y que en varias zonas de los estados del norte del país se quejan de la falta de mano de obra, sigue creciendo el flujo de trabajadores indocumentados hacia Estados Unidos. Estos no sólo son sometidos por la fuerza de la policía fronteriza, sino que hasta son objeto de un nuevo tipo de cacería para entretenimiento de los rancheros de Arizona. Algo debe estar pasando también con el mercado de trabajo en el país que exhibe estas deformaciones en el uso de la mano de obra. La Organización Internacional del Trabajo ha estimado recientemente en la mitad de la fuerza laboral aquélla que está en condiciones de desempleo y subempleo. Esto pone en evidencia que hay un uso improductivo de los recursos económicos que tiene, además, una expresión de deterioro social que no se corresponde con los altos registros de la producción.

En las campañas electorales se hacen muchos ofrecimientos en torno a la necesidad de aplicar programas sociales que compensen los efectos adversos que generan de modo constante las formas en que opera la economía. Si esto es cierto deberíamos aceptar que los criterios de eficiencia que se aplican para evaluar la gestión económica no son equiparables con aquéllos que tienen que ver con las condiciones de vida de la población. Y si esto es así, si una supuesta eficiencia, por cierto muy discutible, en el campo productivo no tiene correspondencia con el bienestar de la población, se requiere no sólo de una explicación política, sino de acciones que reduzcan esas discrepancias. En México, hoy, a casi 20 años de que se aplican políticas económicas bastante consistentes, es casa vez más claro que no se cumplen los objetivos ofrecidos de eficiencia y equidad, a pesar del triunfalismo oficial.

El credo liberal más puro plantea de modo explícito que se trata de hacer el mejor uso posible de las fuerzas de la competencia para coordinar los esfuerzos humanos. Uno de los principales argumentos a favor de la competencia es que evita la necesidad de un control social consciente y que el Estado no interfiera con los individuos. Pero si el uso exitoso de la competencia como un principio de organización social no acepta la interferencia coercitiva en la vida económica, sí admite que muchas veces puede asistir de modo considerable en su función y hasta requiere de diversas formas de acción gubernamental. Este planteamiento es de Hayek en su influyente libro titulado El camino de la servidumbre, del que se puede decir que hoy aparece como ganador en una de las batallas contra Keynes.

Pero si debe aceptarse la acción explícita del gobierno, a pesar de que sea una interferencia con las fuerzas del mercado, esto no equivale a convertir las políticas sociales en un residuo de la política económica. El solo hecho que el gasto programable en México sea hoy sólo la mitad del que existía en 1980 y que de esa menor proporción se deba destinar 60 por ciento al combate a la pobreza muestra signos de la necesidad de redefinir ese incómodo arreglo entre el mercado y las condiciones sociales. Aquí se ha atendido de modo privilegiado el terreno de los derechos de propiedad y, con ello, el replanteamiento de las formas en que opera la economía. En esto ha habido cambios relevantes y también enormes ineficiencias (como ha ocurrido recientemente con los bancos y las carreteras concesionadas o cuando el gobierno vende un monopolio al sector privado como sucedió en el caso de los teléfonos). Pero se ha atendido mucho menos el asunto de los derechos sociales y lo que se ha hecho en el terreno laboral, la educación, la salud, y las pensiones, ha debilitado las redes de la protección a que tienen acceso las familias. Una economía eficiente y próspera no puede plantearse en términos de una contradicción con esos derechos sociales y ya es tiempo de refundar el nexo social en este país que se hace cada vez más desigual.