VIERNES 19 DE MAYO DE 2000
* Reno apoyará sólo demandas por persecuciones ocurridas en zonas públicas
Piden a rancheros cesar riesgosas prácticas privadas
David Aponte, enviado, y Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 18 de mayo * La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) hicieron un llamado a los rancheros de Arizona para que cooperen con las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, y cesen las "riesgosas prácticas privadas" de detención de inmigrantes.
La procuradora general de Justicia de Estados Unidos, Janet Reno, dijo a los representantes del gobierno de México que apoyará las demandas contra los rancheros ųmediante la recopilación de evidenciasų, pero sólo de persecuciones ocurridas en zonas públicas.
En una declaración conjunta, las representaciones gubernamentales expresaron "su más profunda preocupación por los serios riesgos e implicaciones legales del tráfico de personas y por las dificultades que enfrentan tanto los residentes locales, como los migrantes que cruzan por esa región".
En relación con los 33 incidentes o casos de persecución de migrantes mexicanos en el condado fronterizo de Cochise, dijeron que darán los pasos necesarios para prevenir la repetición de esas acciones.
Expresaron preocupación por los "aparentes esfuerzos (de los rancheros de Arizona) para reclutar a otros conciudadanos para que se les unan para realizar actividades similares".
Después de día y medio de negociaciones y conversaciones entre el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo Gout, y la comisionada del SIN, Doris Meissner, las partes determinaron la conveniencia de ofrecer una declaración conjunta en el marco de la 17 reunión de la Comisión Binacional, para intentar frenar a los rancheros de Arizona que promueven la cacería de indocumentados en la línea fronteriza con México.
Con el llamado a los habitantes de la región para que eviten las persecuciones, determinaron reforzar las acciones para monitorear, investigar y, en su caso, procesar judicialmente a los ciudadanos o autoridades que incurran en actos ilícitos en ambos lados de la frontera.
Al mismo tiempo, las partes incrementarán en sus respectivas jurisdicciones los elementos de las diferentes corporaciones, principalmente de la Patrulla Fronteriza y, ahora, de la Policía Federal Preventiva para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecieron estos compromisos a un año de que rancheros de Arizona comenzaron la cacería de indocumentados en zonas privadas y públicas del condado de Cochise, vecino a la población de Agua Prieta, Sonora.