VIERNES 19 DE MAYO DE 2000
* Viajará comisión a Paraguay a recabar pruebas
Buscan legisladores brasileños someter a juicio a Stroessner
* La Operación Cóndor, "Mercosur del terror", afirma la prensa
Reuters y Afp, Brasilia, 18 de mayo * Alentados por las revelaciones sobre la Operación Cóndor, diputados brasileños buscan comenzar un juicio al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, refugiado en Brasil desde la caída del régimen en 1989.
Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, entre ellos su presidente, Marcos Rolim, viajarán a Paraguay el 27 de mayo próximo para "encontrar pruebas sobre los crímenes" contra la humanidad cometidos por el ex general Stroessner durante los 35 años que gobernó el país sudamericano.
Los procedimientos, si esto se lleva a cabo, probablemente serán manejados como el caso que se le siguió al ex dictador chileno Augusto Pinochet, que hace dos meses logró evadir un juicio por tortura en España, después de 503 días de permanecer bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña.
La comisión legislativa, que no tiene poderes legales para enjuiciar, tendría que presentar sus pruebas ante el presidente Fernando Henrique Cardoso, quien entonces tendrá que decidir si despoja a Stroessner de su condición de exiliado y deja el asunto a los tribunales.
Desde Asunción, voceros del gobierno dijeron no conocer a fondo la iniciativa, mientras que el presidente del gobernante Partido Colorado, senador Bader Rachid, consideró que "hay que dejar en el pasado a este anciano de 88 años, que con sus virtudes y sus defectos ya forma parte de nuestra historia política".
La iniciativa se produce en momentos en que la atención se centra en Brasil sobre el régimen militar de1964-1985, luego de la divulgación de documentos de los archivos del terror en Paraguay, que muestran la amplia participación de militares locales en la Operación Cóndor, el esquema de colaboración de las dictaduras que gobernaron el Cono Sur en los años 70 y 80, ideada para aniquilar a los opositores.
El presidente Cardoso ordenó a principios de esta semana a los ministerios de las fuerzas armadas abrir sus archivos de la dictadura para ver si hay material sobre el plan Cóndor, para responder así a un pedido de un juez argentino que solicitó informaciones sobre la desaparición de tres argentinos en territorio brasileños en 1980.
La prensa brasileña ya habla del "Mersosur del terror", por analogía con la alianza comercial entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la que participan también Chile y Bolivia como miembros asociados.
Según los archivos del terror descubiertos en Paraguay en 1992 por el abogado Martín Almada, parte de los cuales fueron revelados en las últimas semanas por la prensa brasileña, Brasil habría participado activamente en la represión de los años 70 y 80, entrenando agentes de los servicios secretos chilenos en técnicas de interrogatorio y en lucha antiguerrillera.
Marcos Rolim dijo este jueves a la radio que la dictadura militar brasileña empezó a aplicar la tortura, las desapariciones, el espionaje y el intercambio de prisioneros políticos "mucho antes que los argentinos, chilenos y uruguayos".
"Esta es la última oportunidad de Brasil para dilucidar los crímenes perpetrados durante la dictadura", aseguró por su parte el presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, el brasileño Jair Krischke, quien colabora con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Krischke sostuvo que las investigaciones comenzadas en Brasil son consecuencia de la acción que empezó la justicia española en el caso Pinochet, y agregó: "A partir de ahí, siguió la justicia italiana, la suiza, la belga, la alemana, que también quiere saber qué ocurrió con sus ciudadanos desaparecidos en Argentina. Creo que Baltasar Garzón tuvo el gran mérito de dar esto a conocer".
En Madrid, por su parte, se informó que el juez español pidió a Argentina que cese de entorpecer su investigación sobre violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura militar de 1976-1983, y le solicitó que le entregue documentación de sus investigaciones hechas desde Madrid a la justicia argentina.
El llamado superjuez tiene una lista de casi cien ex represores argentinos a los que desea interrogar, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Leopoldo Galtieri.
La cancillería argentina no pasó el pedido a la justicia luego de rechazar el arresto de estos represores pedido por Garzón, al considerar que hubo error de procedimiento y que habría que pedir la extradición.
Garzón contratacó y en un documento fechado el 12 de mayo pidió a Buenos Aires honrar lo que dijo son sus obligaciones bajo un tratado bilateral judicial y de extracción suscrito en 1987.
Muchos de los represores que Garzón trata de interrogar ya fueron juzgados en Argentina y condenados, pero están en libertad gracias a leyes exculpatorias e indultos.