JUEVES 18 DE MAYO DE 2000
* Hay un pacto de silencio entre militares: Brasilia
Confirman la colaboración de dictaduras en Operación Cóndor
* "Se perdieron" muchos documentos sobre la represión, acusan
Afp y Dpa, Brasilia, 17 de mayo * La Comisión de Derechos Humamos de la Cámara baja de Brasil, que hoy comenzó las investigaciones sobre el papel de las fuerzas armadas locales en la Operación Cóndor, expresó sus temores de que el "espíritu corporativo" de los militares obstaculice su trabajo, al tiempo que un documento publicado por la prensa confirmó la colaboración de militares y policías sudamericanos en la eliminación de opositores en la década de los años 70 y 80.
"Me temo que haya un pacto de silencio", dijo Marcos Romil, presidente de la comisión legislativa, al comentar el fracaso de las búsquedas realizadas en los archivos de los órganos de inteligencia sobre el esquema de cooperación de las dictaduras militares que gobernaron la región en aquellos años terribles.
Agregó que probablemente en los antiguos archivos de defensa haya información valiosa, aunque "supongo que en su tiempo se produjo una destrucción de documentos comprometedores".
La víspera, el presidente Fernando Henrique Cardoso anunció que ordenará a los comandantes de las tres fuerzas armadas que abran sus archivos para buscar los documentos sobre Cóndor, solicitados por la justicia argentina, que investiga la desaparición de tres argentinos en Brasil en 1980.
La Cámara baja, sin embargo, optó por ampliar las investigaciones parlamentarias iniciadas hoy, con la ayuda de organismos no gubernamentales y humanitarios.
Rolim dijo que organizará un viaje de parlamentarios a Paraguay para buscar en los denominados archivos del terror, encontrados allí, documentos que comprueben la participación militar brasileña en la Operación Cóndor.
'"Estamos convencidos de que el gobierno brasileño no fue un actor de reparto en esos operativos", expresó el legislador.
Según reveló hoy el diario Folha de Sao Paulo, la comisión legislativa recibirá un documento que comprobaría la participación del ejército brasileño en el arresto del uruguayo Oscar Pérez, detenido en territorio brasileño en 1975 y entregado a las autoridades de su país.
El documento es la copia de un cable enviado por autoridades policiales del estado de Río Grande do Sul al Departamento de Orden Policial y Social local, que confirma la operación.
A su vez, el diario Jornal do Brasil publicó una carta del director de Policía y Afines de Asunción, Alberto Cantero, fechada el 9 de abril de 1977, en la que hace una reseña de las actividades del equipo de trabajo en el que participaron cuatro militares paraguayos con dos agentes de inteligencia argentinos y un ofical de inteligencia del ejército uruguayo.
En la carta, dirigida al Departamento de Investigaciones de la dictadura de Alfredo Stroessner, el firmante señala que tras ser "interrogados minuciosamente cada uno de los detenidos, no aportaron datos nuevos a los ya conocidos... Lo rescatable del interrogatorio a que fue sometido Gustavo Edison Isaurralde es que actúa dentro del Instituto de Historia, agrupación ideológica y doctrinaria del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay".
Este documento fue facilitado por el ex perseguido político y abogado paraguayo Martín Almada, que esta semana se encuentra en Washington para entregar pruebas a varios organismos de defensa de los derechos humanos.
En este contexto, la funcionaria paraguaya encargada de los archivos del terror, Rosa Palau, sostuvo que entre las dos y cinco toneladas de documentos hay papeles con membrete del ejército brasileño.
Sobre las denuncia de Almada, cuyas investigaciones llevaron en 1992 al descubrimiento de estos archivos, sobre la desaparición de documentos, admitió que muchos se perdieron en el transcurso de su traslado al Palacio de Justicia.
"Fue imposible controlar a la gente que acudió a ver los archivos antes de ser trasladados al Palacio de Justicia.... Algunos ex perseguidos o sus familiares, en una reacción instintiva, destruyeron los documentos en los que se los mencionaba. No pudimos hacer nada. Otros se creyeron con el derecho de llevarse el original de sus casos", justificó la funcionaria.