CHIAPAS: EL DISCURSO Y LA REALIDAD

En el marco de una nueva gira por Chiapas, el presidente Ernesto Zedillo dijo que la entidad ha dejado de ser "paradigma del enfrentamiento" y "del desacato al estado de derecho"; afirmó que en ella prevalece, en lo fundamental, la "paz social", aseguró que su gobierno ha enfrentado con políticas y con recursos "el atraso, la desigualdad y la injusticia", y consideró que los problemas sociales más graves están en vías de solución gracias a la política económica vigente. Para fundamentar tales aseveraciones, el mandatario hizo un prolijo recuento de cifras sobre los recursos federales que se han destinado a Chiapas en el sexenio presente y enumeró obras públicas y medidas asistenciales realizadas durante ese periodo.

Por desgracia, los hechos recientes y la estrategia oficial no parecen cuadrar en la descripción presidencial de Chiapas. De entrada, en un contexto de paz social y de conflictos sociales disminuidos resultaría difícil justificar la masiva, constante, onerosa y agraviante presencia militar en amplias regiones del estado, las cuales viven en un virtual cerco castrense, patrulladas a todas horas y en todas sus veredas por convoyes militares y bajo la vigilancia permanente de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Sería difícil entender, además, que tal despliegue haya sido reforzado, a últimas fechas, con operativos en gran escala de la Policía Federal Preventiva.

La percepción de una entidad en paz social y con conflictos agrarios atendidos y resueltos en lo general contrasta, también, con los enfrentamientos --con saldo de varios muertos y heridos- ocurridos en Chenalhó, Chalchihuitán y Chilón, en el curso de la semana pasada, y que difícilmente pueden calificarse de sucesos aislados o excepcionales en el contexto chiapaneco contemporáneo. El optimismo ante la paz social que expuso Zedillo no parece ser compartido, en todo caso, por quienes ordenaron, en esos días, sitiar a la comunidad autónoma de Polhó con cientos de efectivos militares y policiales, tanto federales como estatales.

Por lo demás, la vigencia del pleno estado de derecho en Chiapas -que en el curso de este sexenio ha tenido un gobernador, un gobernador interino y un gobernador sustituto del interino- se encuentra en grave entredicho desde la masacre perpetrada en Acteal en diciembre de 1997, con la participación de efectivos policiales y militares y ante la completa pasividad -si no es que connivencia- de altos funcionarios estatales y federales, y en la que fueron asesinados un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres, 25 personas resultaron heridas y otras cinco desaparecidas.

Desde entonces, y pese a las reiteradas promesas de justicia, las autoridades estatales y federales no habían sancionado más que a asesinos rasos, integrantes de los grupos paramilitares priístas, cuya existencia ha sido regularmente negada por el gobierno. Ayer, en relación con ese suceso, cuyo recuerdo sigue siendo una herida abierta en la sociedad, el Poder Judicial del estado encontró culpables de "homicidio por omisión" al general retirado Julio César Santiago Domínguez y a dos ex oficiales de Seguridad Pública de la entidad; los tres fueron condenados a ocho años de prisión. El fallo parece, a primera vista, un acto de benevolencia del poder hacia el poder; en todo caso, las responsabilidades políticas o penales correspondientes al ex gobernador interino Julio César Ruiz Ferro y a sus colaboradores más cercanos no han sido ni siquiera investigadas por las procuradurías General de la República y estatal.

El triunfalismo oficial enfrenta, finalmente, los reportes cotidianos y regulares de organismos de derechos humanos del país y del extranjero que documentan la persistencia de la injusticia, la miseria, la opresión, la represión, los cacicazgos, el racismo y la cerrazón política que han caracterizado a Chiapas desde siempre, y que constituyeron las causas profundas del alzamiento indígena del primero de enero de 1994.