Otro argentino, Lorenzo Viñas, desapareció el 26 de junio del mismo año cuando viajaba en autobús desde la ciudad argentina de Santa Fe a Río de Janeiro.
MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2000
Ť Investigan el paradero de tres argentinos desaparecidos en Brasil
Ordena Cardoso a militares abrir los archivos de la dictadura
Ť Mary Robinson aplaude la decisión presidencial Ť Acosan a ex soldado uruguayo que dio informes
Afp, Dpa y Reuters, Brasilia, 16 de mayo Ť El presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, ordenó al ministerio de las fuerzas armadas abrir sus archivos de la dictadura (1964-1985) para investigar el paradero de tres argentinos desaparecidos en este país, presuntamente secuestrados en el marco de la Operación Cóndor, el esquema de cooperación entre los regímenes militares que gobernaron la región en las décadas de los 70 y los 80.
La orden de Cardoso al Ministerio de Defensa --secretaría de Estado que engloba al ejército, la marina y la aeronáutica-- es en respuesta a una comisión rogatoria enviada por el juez argentino Claudio Bonadío, quien investiga la desaparición de los argentinos Horacio Campligia y Susana Pinus de Binstock el 12 de marzo de 1980, cuando viajaban de Panamá a Buenos Aires con escala en Río de Janeiro, y en cuyo aeropuerto fueron secuestrados.
Otro argentino, Lorenzo Viñas, desapareció el 26 de junio del mismo año cuando viajaba en autobús desde la ciudad argentina de Santa Fe a Río de Janeiro.
El magistrado Bonadío también quiere saber si había militares y policías argentinos implicados en la operación.
El plazo establecido por Brasil para responder a las preguntas del juez es el 25 de mayo, aunque podría ser extendido, según señaló el fiscal general Gilmar Méndez, quien el pasado lunes entregó el pedido rogatorio de la justicia argentina a las autoridades brasileñas.
La decisión de Cardoso se produce un día después de la publicación en el periódico Jornal do Brasil de las declaraciones del ex jefe del Servicio Nacional de Informaciones (SNI) general Newton Cruz, en las que el militar afirmaba que las investigaciones sobre la Operación Cóndor había que realizarlas también en los archivos de las fuerzas armadas.
El gobierno había limitado hasta ahora su búsqueda a los archivos del desaparecido SNI y de la Policía Federal, y pese a que todavía no existe un resultado oficial, el jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia, coronel Ariel de Cunto, anticipó que no había encontrado ningún documento sobre cooperación entre militares locales y sus pares del Cono Sur.
La conexión brasileña
Según recientes documentos desclasificados por Estados Unidos y otros encontrados por el abogado paraguayo Martín Almada en los denominados archivos del terror, en Asunción, Brasil jugó un papel preponderante en esta operación y en particular el último presidente de la dictadura, el recientemente fallecido Joao Baptista Figueiredo, cuando era jefe del SNI.
Los documentos, publicados por la prensa local, revelaron que agentes del SNI asesoraron a los militares que derrocaron al gobierno constitucional del socialista Salvador Allende en Chile en 1973, y ayudaron a estructurar la tristemente célebre Dirección de Inteligencia Nacional, la policía política del general Augusto Pinochet.
La dictadura brasileña también habría cooperado en la logística y misiones de búsqueda y detención y exterminio de las dictaduras que entonces gobernaban Argen- tina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
La subsecretaria argentina de Derechos Humanos, Diana Conti, y la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, saludaron desde Buenos Aires la decisión del presidente Cardoso, al igual que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la irlandesa Mary Robinson, quien se encuentra realizando una visita por Brasil.
Sin embargo, la comisionada criticó la situación de las libertades fundamentales en Brasil, al recordar que todavía se siguen produciendo en el país sudamericano asesinatos sumarios, tortura y ataques a la independencia de jueces y abogados, mientras prevalecen condiciones infrahumanas en las cárceles.
En Montevideo, por otra parte, el ex soldado uruguayo Sergio Pintado, que en 1998 reveló a la Corte Suprema de Justicia de su país información sobre una desaparición ocurrida en 1976, comenzó este martes una huelga de hambre para denunciar que ha perdido su casa, y "todo lo que tenía", por las presiones que sobre sus empleadores ejercieron sus ex jefes militares para que lo despidieran.
También aseguró que sus antiguos camaradas de armas lo amenazan en las calles con armas de fuego y lo acusan de delator, además de que le advierten: "Te callas la boca o tienes los días contados".
El ex soldado denunció públicamente haber visto como asesinaban y enterraban en un cuartel militar a la maestra Elena Quinteros, quien había sido secuestrada de los jardines de la embajada de Venezuela, donde intentaba refugiarse.
Con base en ese testimonio, la madre de Quinteros presentó un recurso de amparo ante la justicia uruguaya, la que se pronunció a su favor y conminó al Estado a investigar este hecho para ubicar los restos de la maestra desaparecida.
Sin embargo, el gobierno apeló la orden judicial, informó este miércoles el ministro de Defensa, Luis Brezzo, quien sostuvo que esto "no se contrapone" con los pasos emprendidos por el presidente Jorge Batlle para esclarecer las desapariciones durante la dictadura (1973-1985).
La jueza Estela Jubette entendió que el Estado está obligado a investigar este caso, según un artículo de la denominada ley de caducidad, que concedió una amnistía para militares y policías uruguayos involucrados en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, pero que obliga a investigar el destino de los desaparecidos.