COLOMBIA: LA PAZ SUSPENDIDA

La cancelación, por parte del presidente Andrés Pastrana, de un encuentro internacional entre representantes internacionales e integrantes del gobierno y la directiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que habría de realizarse a fines de este mes en el marco del proceso de negociación iniciado a principios del año pasado, es un hecho preocupante para la sociedad colombiana y para las naciones latinoamericanas que han visto, en ese proceso, una perspectiva de superación de insurgencias armadas y de sus causas sociales profundas.

Pastrana reaccionó de esta manera ante el truculento asesinato, el lunes, de una hacendada de Boyacá, a la cual le fue colocado un collar de explosivos que estalló cuando artificieros de la policía y de las fuerzas armadas ųuno de ellos murió y otros tres resultaron heridosų pretendían desactivarlo. Ante el crimen, proliferaron voces ųcomo la del obispo de Chiquinquirá, Héctor Gutiérrezų que pidieron al mandatario la suspensión del proceso de paz.

El dato discordante es que las FARC se deslindaron inequívocamente de la acción homicida y que el propio fiscal general, Alfonso Gómez, señaló que las autoridades no están en condiciones de esclarecer la autoría del crimen. En suma, la grave decisión adoptada por Pastrana está fundamentada en una mera sospecha, y a primera vista no resulta fácil entender tal comportamiento si se le coteja con la probada y sostenida voluntad del mandatario para alcanzar un acuerdo de pacificación general con la guerrilla más antigua del continente.

Una posible explicación de la inopinada respuesta presidencial es la creciente pérdida de margen político y de apoyo popular experimentada en los últimos meses por Pastrana, quien parece haber perdido buena parte del empuje inicial de su mandato ante el desgaste de la crisis económica y la persistencia de una violencia descontrolada, que tiene sus raíces no sólo en la confrontación de las guerrillas con el gobierno, sino también en los grupos paramilitares, en las organizaciones de la delincuencia común ųespecialmente la que se dedica al narcotráficoų y los excesos represivos del Ejército.

En ese panorama complejo y confuso, cualquier grupo opuesto al proceso pacificador pudo perpetrar el homicidio del lunes con el propósito de obstaculizar los avances en la negociación ųciertamente difícil y tortuosaų entre las FARC y el gobierno. Cabe esperar que éste, en un acto de coherencia con su propia disposición pacificadora, exhibida a lo largo del año y medio transcurrido desde la toma de posesión de Pastrana, corrija el traspié de ayer, restablezca el calendario de los encuentros con la guerrilla y espere a los resultados de la pesquisa policial, antes de emprender acciones que podrían causar, para perjuicio de los colombianos y los latinoamericanos, daños irreversibles al proceso de diálogo.