MARTES 16 DE MAYO DE 2000

Ť Sólo un percance ha ocurrido en este año, dicen

El gobierno inventa incendios para desalojarnos: zapatistas

Ť Indígenas se niegan a abandonar sus casas pese a la represión

Rosa Rojas, enviada, San Antonio Escobar, municipio autónomo Ricardo Flores Magón, Chis. Ť Más allá de diferencias políticas, representantes de los diversos actores sociales que habitan en la biosfera Montes Azules coinciden en un punto: este año sólo se ha registrado un incendio forestal -controlado en un par de días- dentro de la reserva, por Laguna del Suspiro.

Las autoridades zapatistas del concejo autónomo de este municipio afirman a su vez que los rumores e información tergiversada sobre incendios ocurridos en la región es una "provocación" del gobierno "contra los derechos de los pueblos indios. Buscan la forma de desalojarnos".

Los enviados de La Jornada pudieron constatar que, como lo informaron el titular de la representación especial de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Luis Enrique Pérez Mota, así como el secretario de Desarrollo Agrario estatal, Alfonso Utrilla, ya se inició la reubicación de poblaciones asentadas en Montes Azules, como Sol Paraíso, Segunda Ampliación de Taniperla y Manuel Velasco Suárez Viejo.

Lo que no dijeron los funcionarios es que en algunos de esos poblados, como los dos últimos, permanecen las familias base de apoyo zapatistas que se niegan a cualquier negociación con las autoridades.

Si la Policía Federal Preventiva o el Ejército llegaran a desalojar a quienes se resisten a ser reubicados, en esos poblados habrá sólo zapatistas. Tanto Bernabé, Valdemar y Moisés, del concejo asutónomo de Flores Magón, como el presidente del concejo de vigilancia de Palestina, integrante de la comunidad Lacandona, Felipe Hilario Alias, confirmaron, en entrevistas por separado, que los que han aceptado salir de esos dos lugares "son los puros priístas".

Por aire y por tierra es fácil ver que las políticas gubernamentales de reforma agraria y desarrollo para la selva Lacandona, con toda su cauda de compromisos y promesas incumplidas, han convertido los bordes de la reserva en extensos pastizales que se van agrandando en la parte sur del centro de la zona, así como en la parte norte hasta llegar a San Antonio Escobar, situado unos 10 kilómetros dentro de los límites de la misma.

En un sobrevuelo en avioneta realizado desde Comitán hasta los poblados de San Gregorio y Candelaria, el 7 de mayo, los enviados de La Jornada constataron que había una atmósfera cargada de humo (que durante varios días impidió los sobrevuelos), pero no fuego. En ese trayecto vimos un par de desmontes de acahuales (vegetación secundaria que crece en parcelas donde el bosque o selva ha sido destruido con anterioridad) y un par de parcelas que mostraban señales de quema. Nunca vimos los 10 incendios que se decía había en San Quintín.

Por tierra, desde Palenque a San Antonio Escobar hay unos 80 kilómetros. Había algunas parcelas quemadas -que no incendios forestales- entre Reforma, donde empieza la terracería, y Sibal, que está en los límites de la reserva. Después, ya dentro de ésta, se encuentra el poblado La Culebra, pegadito a Santa Rita, adelante del cual termina la terracería. Ahí sigue un camino de tierra -que recién está abriendo una compañía contratista- que pasa, poco antes de San Antonio Escobar, por la desolación de árboles y vegetación quemada que dejaron los incendios de 1998, enorme volumen de madera seca regada en varios kilómetros a la espera de la chispa que, entonces sí, podría producir un incendio de grandes proporciones.

La resistencia zapatista

Los integrantes del concejo autónomo que atendieron a La Jornada -siempre encapuchados- en uno de los poblados ubicados en la reserva afirmaron que las bases zapatistas tampoco van a salir de Flor de Cacao, Nueva Tumbalá, Nuevo Mariscal, San Jacinto Lacanjá, Ojo de Agua Tzotzil, nueva Tila, Jardín, Monte Azul, Ampliación del Ejido Centro, Laguna Ocotal, San Pedro y San Antonio Escobar.

"El propio gobierno nos acomodó ahí por no aceptar irnos a Palestina (en los años 70, cuando a sangre y fuego reubicaron a los pobladores de la selva, luego del reconocimiento de más de 600 mil hectáreas a la comunidad lacandona). Entonces fue el mismo plan de gobierno con los lacandones. El gobierno dice que hay paz en Chiapas, es pura mentira, no sólo a la organización, a los que están revueltos les va a tocar también, son provocaciones, hace 15 o 20 años que estamos poblando, buscaremos la forma de apoyar a los compañeros".

Bernabé, Valdemar y Moisés aseguraron que este año "hubo un incendio, pero no en nuestro municipio. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para tratar de mantener nuestras tierras, para controlar incendios. Nosotros trabajamos, pero no quemamos monte alto, tenemos acuerdo como autónomos, nosotros estamos manteniendo el municipio hasta donde abarcamos. Todos, cuando llueva, van a quemar (las parcelas agrícolas) con su guardarraya lista porque si no, se quema todo.

"Hubo incendios hace dos años. Hubo gente del gobierno para acabar nuestra fuerza, fueron los priístas, los paramilitares, las guardias blancas. Dice el gobierno que nosotros estamos haciendo incendios, pero no es cierto, si hay incendios no son nuestras gentes".

Denunciaron que en febrero el gobernador Roberto Albores entró por Nueva Palestina "a platicar que iban a sacar las maderas preciosas que están allá, a los compañeros de Manuel Velasco Suárez Viejo no les gustó. Nosotros levantamos una denuncia de que querían sacar nada, ahí se paró el corte, no pudo sacar la madera", y entonces vino el plan del desalojo "en el que van a actuar diferentes corporaciones represivas como el Ejército, la Policía Federal Preventiva, Seguridad Pública y paramilitares para crear problemas y divisiones".

Afirmaron que el 7 de mayo a las 8:30 horas, un helicóptero de Seguridad Pública llegó a San Pedro, en Laguna del Suspiro. Dio tres vueltas a menos de 20 metros, después intentó aterrizar en el poblado, pero las mujeres se organizaron para impedirlo. "El fantasma de la guerra viene a través de la acción del gobierno, que en lugar de cumplir la palabra empeñada en San Andrés, envía represión, persecución y muerte", dijeron.

En La Culebra y San Antonio Escobar, los representantes informaron que ellos tienen resolución presidencial de dotación ejidal que firmó el entonces mandatario Carlos Salinas, cuando eran integrantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones. Tienen café, maíz, poco ganado y frijol. Indicaron que en sus tierras sí hay monte alto "y lo estamos cuidando". Ahí no han llegado las autoridades a hablar de desalojo, sólo hay rumores.

Los de Escobar indicaron que en los incendios de hace dos años se quemaron 107 mil matas de café, "no supimos de dónde vino el fuego, perdimos casi dos meses apagándolo, los soldados sólo nos ayudaron un rato; gastamos 18 mil pesos en motosierras para quitar los destrozos. Aquí está prohibido quemar ahorita porque no ha llovido" y hay mucha madera seca que quedó de aquel incendio. "Ahorita hay mucho peligro, nosotros abrimos callejones" para prevenir los incendios, indicó.

La ARIC-ID, dispuesta a negociar, "pero no migajas"

Porfirio Encino, coordinador general de la ARIC Independiente y Democrática, organización que tiene su base en Ocosingo, explicó que de los 32 poblados que el sector agrario dice que están en la reserva de Montes Azules, 12 pertenecen a esta organización, de los cuales cinco: Jardín, Villa de las Rosas, Ocotal, Suspiro y Santa Elena, donde en total viven 506 familias, aceptaron en un principio la reubicación, pero a condición de que se regularice la tierra que poseen los otros siete poblados y que el gobierno se comprometa a apoyarlos con viviendas, agua potable, clínica, escuela, maquinaria agrícola y créditos.

Los siete poblados que quieren que se regularicen son: Nuevo Guadalupe Tepeyac -el que está por Ojos Azules- Salvador Allende, Corozal, Israel, Nuevo San Gregorio, San Antonio Miramar y Buen Samaritano, donde habitan en total 344 familias. En esos lugares tienen levantadas actas de acuerdo de que no van a quemar sus milpas. "Queremos apoyo para un plan de manejo y aprovechamiento de recursos naturales, porque no hay plan integral de Semarnap para la reserva. Ahorita hacemos labranza cerro que da mejor resultado que la roza, tumba y quema", afirmó Encino.

Informó que la propuesta de la ARIC-ID es que se defina un monto de 30 mil pesos por persona para la inversión productiva, a lo que se niegan totalmente las autoridades.

"Nosotros -dijo Encino- estamos abiertos al diálogo, pero las autoridades siempre nos presionan de que si no aceptamos el convenio nos aplican el estado de derecho". El 9 y 14 de marzo de este año fueron a Candelaria autoridades de la SRA y de otras dependencias con la Policía Federal Preventiva a amenazar de que si no firman el convenio los desalojan. La solución no es un convenio en el que contemplen migajas, pero no hay respuesta favorable.

"Pensamos -agregó- que nos entretuvieron para dar respuesta militar, mientras la comunidad lacandona presentaba denuncias de destrucción de la selva. Reforma Agraria dice que el problema es de campesinos entre campesinos, que hay que conciliar con los lacandones, para nosotros es un problema de rezago agrario".

Posteriormente, en los poblados de Candelaria y San Gregorio -un traslado en avioneta de Comitán a esos dos poblados tiene un costo de 5 mil 170 pesos- miembros de esas comunidades, de Nuevo Israel y San Antonio Miramar informaron que ellos, los de la ARIC-ID, hacen agricultura orgánica, sustentable, sin quemar las parcelas, "porque se desperdicia mucho la bendita tierra". El café hay que bajarlo a lomo, y hacen tres días caminando a San Quintín. Allá pagan a 8 pesos el kilo de café cereza, el año pasado les pagaban 25 pesos. El "coyote" lo paga a 5 pesos y puesto en Ocosingo, a 9 pesos el kilo.

En San Gregorio se reunieron 40 representantes de los diversos pueblos cuya regularización exige la ARIC-ID. Demandaron que La Jornada "publique la verdad de lo que pasa, que aquí no hay incendios, que nosotros no quemamos, que hacemos agricultura sustentable", y que no están dispuestos de ninguna manera a ser reubicados.

La versión oficial: sólo diálogo, no desalojos

En Tuxtla Gutiérrez, entrevistados por separado, el titular de la representación especial de la Secretaría de la Reforma Agraria, Luis Enrique Pérez Mota, y el secretario de Desarrollo Agrario del gobierno estatal, Alfonso Utrilla Gómez, rechazaron que vaya a utilizarse a la Policía Federal Preventiva (PFP) para desalojar los poblados que están localizados en el interior de la reserva Montes Azules. Enfáticos, ambos subrayaron que la reubicación se realizará únicamente mediante el diálogo y la concertación.

Pérez Mota dijo que son falsas las denuncias de la ARIC-ID respecto a que personal de la delegación los habría amenazado en Candelaria, de que serían desalojados por la PFP si no accedían a la reubicación. "No se llegó con ninguna policía uniformada ni con el Ejército", sino que se les llevó a las comunidades la propuesta de convenio de reubicación, porque aun cuando se ha conversado con la organización, los grupos tienen derecho a conocer el documento, "porque finalmente ellos son los beneficiarios". Se les informó además que se habían presentado denuncias por delitos ambientales (el diario La República de Chiapas publicó el 5 de mayo que la Profepa ha presentado 16 denuncias penales ante la PGR por daños a la ecología).

Por otra parte, Utrilla Gómez negó que se esté usando la protección de la ecología como pretexto para incrementar la presencia militar en Montes Azules y para que entre la PFP a los desalojos. Rechazó que sólo haya habido un incendio este año por Laguna del Suspiro y aseveró que alrededor de los asentamientos irregulares "es donde estaban y están algunos incendios, además la tala que se está haciendo allá adentro de la región de Montes Azules".

Los funcionarios ofrecieron detalles del proceso de negociación de la mesa agraria-ambiental, creada el 19 de mayo de 1999 para dicha reubicación. El concentrado final, de acuerdo con datos de la SRA, indica que de 32 grupos, 26 están dispuestos a ser reubicados y seis se encuentran en proceso de conciliación.

Los grupos o poblados que "ya firmaron su convenio y se encuentran en proceso de ocupación física de los nuevos predios" son: Nueva Argentina, Taniperla Segunda Ampliación, Sol Paraíso, Nuevo Villaflores, Manuel Velasco Suárez, Ojo de Agua el Progreso, con un total de 211 familias. Los que "han aceptado la reubicación y se encuentra en proceso de negociar su convenio" son: Santa Cruz, Laguna Suspiro, Ocotal, El Jardín Primera Ampliación, Villa las Rosas y la propiedad familiar conocida como Indio Pedro, que totalizan 246 familias.

Los grupos que "se han manifestado por la regularización de sus posesiones en la Lacandona" son los que enumeró la ARIC-ID. "Grupos que no han aceptado de ninguna forma aún la reubicación" son: El Semental o Laguna Yanqui, El Buen Samaritano, 1o. de Enero, Nuevo Agua Dulce, El Zapotal, San Francisco, Innominado y Nuevo Cintalapa, con un total de 148 familias.

Los poblados que se encuentran "en negociación intermitente con la propia comunidad lacandona y que son los únicos con derechos agrarios constituidos" son: San Antonio Escobar, Chamizal, Cintalapa, Lacanjá Tzeltal, Santo Domingo y Primera Ampliación, Francisco Villa la Laguna, con 364 familias.

Luis Enrique Pérez Mota explicó que en el proceso de reubicación cada grupo deberá buscar y negociar la tierra que le corresponda, que financiarán los gobiernos federal y estatal, previo avalúo de la Comisión Nacional de Bienes Nacionales (Cabin); se construirán pies de casa, se apoyarán proyectos productivos; se les dotará de infraestructura comunitaria.

Utrilla Gómez informó que para compra de tierras a los reubicados de Montes Azules se cuenta con unos 30 millones de pesos. El gobierno estatal tiene, además, unos 8 millones de pesos para comida, los pies de casa y servicios médicos para las primeras 240 familias. Los pies de casa son de 36 metros cuadrados. La comida se entregará a los reubicados "el tiempo que sea necesario hasta que echen a andar su producción".

Los reubicados: "si no nos cumplen nos regresamos"

Cuando los enviados de La Jornada llegaron al predio Guadalupe Plumajillo, donde están los reubicados de Nueva Argentina, ya los esperaban. Desde tres días antes estaban avisados que llegaría un helicóptero con funcionarios y prensa desde Tuxtla.

Estario Pérez García y otra decena de indígenas choles y tojolabales, así como mestizos, mostraron los alimentos que les habían llevado: unas cajas de botellas de agua Bonafont, rejas de huevos, atole, tomates, café, atún, cebollas, sal, arroz, harina de maíz, sopa de pasta, además de algunas medicinas. ƑNo hay carne? "Ya le planteamos al DIF, pero no han dicho si iban a traer".

"Aceptamos la reubicación porque somos gente pacífica, no quisimos problema, pero con la condición de que nos apoyen", indicaron. ƑY si no les cumplen? "Para eso están ustedes, para que presionen", contestaron.

Cerca de Palenque, en el kilómetro 68 de la carretera transfronteriza construida después del alzamiento zapatista, encontramos a los reubicados de Manuel Velasco Suárez y Taniperla Segunda Ampliación. También estaban esperando la llegada del helicóptero con funcionarios y periodistas.

"Nosotros somos muy obedientes"

Ahí, los representantes de las 94 familias de Taniperla, Pablo Pérez Gómez, y de 26 familias de Velasco Suárez Viejo, Mateo López Pérez, comentaron: "Nosotros somos muy obedientes, aunque estamos sufriendo ahorita aceptamos la reubicación", porque en la reserva de la biosfera nunca les iban a regularizar la tierra ni a tener servicios. Aseguraron que Velasco Suárez ya quedó vacío.

Mostraron los alimentos que les habían llegado, similares a los que recibieron los reubicados en Guadalupe Plumajillo, y dijeron que sólo se habían recibido alimentos para los de Taniperla, "pero estamos conformes, estamos repartiendo".

Luego de subrayar que aceptaron la reubicación a condición de que el gobierno los apoye, afirmaron: "si no nos cumplen, nos regresamos".

Dos días después, cuando los zapatistas del municipio autónomo Flores Magón indicaron que los de Velasco Suárez se habían salido de este poblado dos años antes, los reporteros regresaron a corroborar el dato con los reubicados. Al ser confrontados, aceptaron que así había sido -no dijeron por qué- y que se fueron a vivir a Busiljá, que está unos kilómetros adelante de la que será su nueva tierra. Aceptaron también que en Velasco Suárez se habían quedado seis familias simpatizantes del EZLN. Recomendaron que si se quería corroborar la información se fuera a Palestina, con el comisariado. Así se hizo.

En Palestina, donde hay más de 15 mil habitantes, no estaba el comisariado pero sí el presidente del Consejo de Vigilancia, Felipe Hilario Alias, quien afirmó que en Velasco Suárez quedaron ocho familias zapatistas que "no quieren salir, están tumbando árboles". Comentó que la comunidad lacandona sólo pidió la reubicación de los poblados que no tienen resolución presidencial.

Informó además que en la tierra que dejen los que ya aceptaron la reubicación, se va a hacer la reforestación de más de dos mil hectáreas, se va a iniciar en julio, "pero la va a hacer el Ejército".