Magdalena Gómez
Chiapas, hacia un pacto de los candidatos presidenciales
Una buena iniciativa es la de Cuauhtémoc Cárdenas al llamar "a los otros cuatro" candidatos presidenciales a un compromiso por Chiapas, gane quien gane. En efecto, se lograría una propuesta seria en favor de la paz con la exigencia conjunta del retiro inmediato de la Policía Federal Preventiva de aquella entidad y la promesa de que a partir del 1 de diciembre de este año, el nuevo Presidente de la República enviará al Congreso la propuesta elaborada por Cocopa y ordenará a los militares su reubicación en las posiciones que tenían en enero de 1994.
En el caso de Vicente Fox podría interesarle sumarse a esta iniciativa ya que está hablando de tejer acuerdos y si se logra que tengan este contenido, tendría un sentido más profundo que el enfoque electorero que actualmente utiliza tratando de "piratear" por abajo de la mesa electores cardenistas.
Manuel Camacho seguramente no tendrá problema con esta propuesta pues coincide con sus planteamientos generales al respecto. Sería el caso también de Porfirio Muñoz Ledo si logra mantenerse como candidato en contra del partido que lo postuló.
Lamentablemente no se ven condiciones para que se sumen todos los candidatos a dicha iniciativa. Labastida está proponiendo en Chiapas que "respetará efectivamente los derechos ancestrales de los indígenas" eludiendo toda mención explícita a los acuerdos de San Andrés. Y no puede ser de otra manera pues él está directamente implicado en la estrategia de incumplimiento de dichos acuerdos y en la creciente militarización. Estrategia que se ha convertido en línea del actual Gobierno Federal. Basta escuchar a Rosario Green, representante de la otrora respetable política exterior mexicana, cuando afirma que en Chiapas "no hay militarización sino defensa de la soberanía nacional, porque en la frontera hay mucho tráfico ilegal de cosas, de personas, de maderas preciosas, de drogas". Así que en esta lógica aquella entidad está condenada a vestir de verde aun cuando se lograra la firma de la paz con el EZLN.
Con Gilberto Rincón Gallardo se plantea una franja de incertidumbre si tomamos en cuenta que pese a que reivindica la diversidad tiende a enfatizar más la sexual que la cultural en sus implicaciones últimas. En el debate del mes pasado llamó la atención sobre el asesinato de homosexuales en Chiapas, fenómeno grave sin duda, pero no hizo mención alguna de la militarización, ni del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la hizo en cambio cuestionando la vía armada, fuera de contexto pues en Chiapas se ha reconocido que las causas que motivaron el levantamiento zapatista son justas y que la violencia no empezó en enero de 1994 sino que fue una característica propia de una entidad que nunca alcanzó las mínimas condiciones de un estado de derecho. Por ello es que la demanda social ha sido alcanzar la paz con justicia y dignidad y el EZLN ha mantenido el respeto al cese del fuego mientras que el Estado ha hecho la guerra por otros medios, como lo demuestra la masiva presencia militar, el respaldo a grupos paramilitares y la promoción del divisionismo en las comunidades. Y si agregamos que los candidatos que eligió su partido en Chiapas no han sido precisamente promotores de la paz, habría bases para dudar de la adhesión de Democracia Social.
El asunto planteado y sus posibilidades reales nos hablan de la precariedad programática de los partidos en torno a asuntos que atañen al estado de derecho. Esta iniciativa, tanto por su forma como por su fondo, debería ser elementalmente aceptada pues al final se ubica en el campo de los derechos humanos. En vano se han esforzado la red Todos los Derechos para Todos y Poder Ciudadano por plantear sendas agendas en esta y otras materias.
Si se lograra consenso en torno a la iniciativa que comentamos podríamos felicitarnos de contar con candidatos presidenciales capaces de superar la visión de partido y actuar en nombre de la visión de Estado y el interés general.