LUNES 15 DE MAYO DE 2000
Ť Dieron "clases" de tortura y técnicas para interrogar
Agentes brasileños de inteligencia asesoraron a golpistas chilenos
Reuters, Afp y Ap, Río de Janeiro, 14 de mayo Ť Agentes de inteligencia del gobierno militar brasileño (1964-85) asesoraron a los militares que derrocaron en Chile al gobierno constitucional de Salvador Allende, y estructuraron los servicios secretos del dictador Augusto Pinochet, aseguró hoy la prensa brasileña, que se basó en documentos publicados por Estados Unidos y otros que fueron encontrados en los archivos del terror en Asunción.
Según estos documentos, Pinochet moldeó su tristemente célebre policía secreta DINA a semejanza del brasileño Servicio Nacional de Informaciones (SIN) y desde 1973 oficiales brasileños dictaron clases a sus colegas chilenos en técnicas de interrogatorio, intercepción de comunicaciones y tortura en tres bases especializadas en Sao Paulo, Río de Janeiro y Manaos.
El diario O Globo citó también documentos de la Agencia Central de Informaciones estadunidense (CIA), que indican la colaboración activa del SNI con otras dictaduras militares sudamericanas en los años 70, además de la ayuda a Pinochet en Chile, suministrando "agentes para la tortura y la exterminación de enemigos dentro y fuera del territorio nacional, así como una amplia base de recursos de espionaje para la Operación Cóndor".
Este operativo asoció a las dictaduras de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay en la eliminación de opositores, y muchos de sus aspectos salieron a la luz con los documentos descubiertos por Martín Almada en los archivos de los servicios secretos en Paraguay.
Precisamente este abogado denunció hoy la desaparición de documentos sobre Cóndor, entre ellos uno "muy comprometedor" de la CIA titulado "Cómo mantener vivos a los torturados".
Este archivo fue importante para causas judiciales internacionales, suscitadas a partir de la acción del juez español Baltasar Garzón, y en las investigaciones por genocidio de las dictaduras del Cono Sur.
En este contexto, el ministro argentino de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, consideró una "comedia de enredos" el conflicto planteado con Garzón en torno a su pedido de arresto preventivo de 48 ex represores de la última dictadura militar.
Gil Lavedra dijo que la cancillería no pasó la orden de detención a la justicia porque la detención "es una medida cautelar por la que el Estado requiriente dice: arréstemelo que ya le voy a mandar el pedido de extradición; lo pide porque hay un peligro de fuga", y Garzón no envió ese pedido de extradición.
Sobre cuál sería la respuesta argentina si Garzón pide formalmente la extradición, dijo que el gobierno se va a sujetar a la ley, aunque ese pedido se traduciría en que "España quiere aplicar su derecho en Argentina y que declinemos nuestra jurisdicción".