DOMINGO 14 DE MAYO DE 2000

* Defienden a chatinos

Tres activistas amenazados de muerte en Oaxaca

Juan Manuel Venegas * Maurilio Santiago Reyes y María del Pilar Marroquín, responsables del Centro de Derechos Humanos y Cultura Indígena de la Mixteca de Oaxaca, así como Moisés Cruz Sánchez, líder de la Red Indígena Oaxaqueña, han recibido amenazas de muerte y padecido actos de intimidación presuntamente provocados por autoridades policiacas de esa entidad.

Todo empezó a partir de su intervención en un hecho que incluso orilló a la intervención del gobernador del estado, José Murat, quien mandó decirles: "Ya está bueno, šle bajan o le bajan!".

La historia de las recientes amenazas en contra de estos defensores de los derechos y cultura indígenas oaxaqueños está contenida en la averiguación previa 2799/SC/00, que se levantó el pasado 13 de abril ante la Procuraduría de Justicia de Oaxaca y en la carta que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos giró a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando la aplicación de medidas cautelares para la protección de Santiago Reyes, Marroquín y Cruz Sánchez.

Torturados por ser "indios"

El caso inició el 9 de abril, cuando un grupo de siete indígenas chatinos (dos menores de edad) fue detenido en la central de autobuses de la capital del estado por elementos de la Policía Auxiliar y Bancaria y agentes de la Policía Judicial estatal. Los acusaron de ser centroamericanos que se encontraban en México de manera ilegal, y a pesar de que los chatinos se identificaron con sus credenciales de elector y los dos menores (que no hablan español) con sus actas de nacimiento, fueron remitidos a separos policiacos, donde fueron golpeados, torturados y humillados por "indios y no hablar español".

Toda clase de insultos lanzaron los policías contra los indígenas Carmelo Carmona Salinas, Antonio Salinas Cruz, Rutilio Velasco Cortés, Justo Cortés Cortés, Ciro Hernández Matus, Franco Cruz y Gabriel Quintas Carmona, sin darse cuenta que desde que iniciaron su operativo en la central camionera eran observados por Estela Guzmán Ayala, representante del Programa de Jornaleros Agrícolas de la Sedeso, y por el periodista local Carlos Leyva Castellanos, quienes han testificado la brutalidad con que fueron tratados los siete chatinos.

Puestos en libertad por la delegación de la PGR, tras comprobarse su nacionalidad, asumieron la defensa de los indígenas (sobre todo para denunciar las vejaciones de que fueron víctimas por los sujetos uniformados) los abogados Maurilio Santiago Reyes y María del Pilar Marroquín, del Centro de Derechos Humanos y Cultura Indígena. Contaron con la asesoría de Moisés Cruz Sánchez, de la Red Indígena Oaxaqueña.

Y empezó la intimidación. Tras presentar la denuncia contra los policías el 13 de abril, fue secuestrado "por presuntos agentes" el cuñado de Cruz Sánchez, de quien no se supo nada durante tres días; vino el mensaje del gobernador Murat ("šque le bajen!") a los responsables del centro; el 5 de mayo, un helicóptero sobrevoló la casa de Cruz Sánchez, y finalmente, el 10 de mayo, una llamada telefónica que contestó Marroquín, a la que amenazaron: "vamos por tu cabeza".

Por eso, el caso fue turnado a la CIDH, a la que se le piden "medidas cautelares". Pues aunque los abogados del centro cuentan con protección policiaca oficial, no hay confianza y sí, en cambio, temor de que las amenazas se concreten.