SABADO 13 DE MAYO DE 2000
* Anulan amnistía
Fue presentada la querella 101 contra Augusto Pinochet
Enrique Gutiérrez Aicardi, corresponsal, y agencias, Santiago, 12 de mayo * La Corte Suprema de Justicia chilena anuló hoy una amnistía dictada por tribunales militares en el caso de un detenido desaparecido, y ordenó a los tribunales castrenses que investiguen el hecho para determinar quién o quiénes son los culpables.
El máximo organismo de justicia reabrió así el caso de Félix Vargas, uno de los escoltas del presidente Salvador Allende, al fallar que "la privación ilegítima de la libertad ambulatoria es similar al caso de secuestro", por lo que es incorrecta la decisión de la corte marcial de cerrar el caso aplicando la amnistía.
Por décadas los tribunales aplicaron la amnistía automática, sin ningún tipo de investigación. Sin embargo, el presente dictamen sigue la línea aplicada en los últimos años por diversos jueces, acorde con la tesis de que se debe investigar a los causantes de desapariciones de disidentes políticos antes de otorgarse la amnistía.
A su vez, la Corte de Apelaciones negó por quinta oportunidad consecutiva la libertad provisional al ex general Sergio Arellano Stark, procesado por secuestro de 19 personas en el llamado caso de la caravana de la muerte, operativo de exterminio selectivo de disidentes que encabezó en octubre de 1973.
Asimismo, el tribunal de apelaciones revocó por tercera vez la libertad bajo fianza del ex brigadier Pedro Espinoza, quien también se halla procesado por el caso anterior, tras cumplir sentencia de seis años por su implicación en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
En tanto, este día se presentó la querella criminal 101 contra Augusto Pinochet por el secuestro y desaparición en 1973 del empleado aduanal Juan Jiménez, detenido en el puerto de Valparaíso el 29 de septiembre de aquel año y trasladado al campo de concentración de Pisagua, donde habría sido asesinado.
Mientras, la jueza argentina María Servini de Cubría aseveró que el asesinato en Buenos Aires, en 1974, del ex jefe del ejército chileno, general Carlos Prats, así como de su esposa, es un crimen de lesa humanidad por lo que no puede prescribir, pero que eso lo debe resolver la Cámara Federal, una instancia superior.
Héctor Salazar, abogado de derechos humanos, declaró por su parte que nunca fue su intención "ofender" al comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, cuando afirmó la semana pasada que estaba "moralmente inhabilitado" para ejercer el cargo debido a su apoyo tácito al también senador vitalicio ante el juicio de desafuero que afronta.
Tras limarse esa aspereza con las fuerzas armadas, Izurieta afirmó en cambio que el caso de su caudillo "afecta a todo el país" y que "ojalá tenga los mejores resultados en beneficio del país".