SABADO 13 DE MAYO DE 2000
* La banda de Los Franco tenía en la mira a la familia Oláguez, dicen habitantes
Afirman que la matanza de Rosario fue por error
Javier Valdez Cárdenas, corresponsal, Culiacán, Sin., 12 de mayo * La matanza de siete trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el pasado 2 de mayo en Rosario, habría sido una equivocación y existen elementos para presumir que los homicidas son integrantes de la gavilla Los Franco, dijeron hoy habitantes de Las Negras y Tecomatey miembros de la familia de los Oláguez, a quienes las autoridades han acusado como presuntos responsables de este homicidio.
Al acudir ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos los Oláguez denunciaron que son víctimas de hostigamiento y persecución por parte de las corporaciones policiacas, y precisaron que, al parecer, Los Franco tenían intenciones de asesinar a miembros de esa familia, quienes ese día bajarían a la cabecera municipal de Rosario a bordo de una camioneta blanca, doble rodada, placas TS92241, de Sinaloa, similar a la unidad en que viajaban los trabajadores de la SCT que fueron asesinados.
"Desgraciadamente pasó por el lugar el grupo de trabajadores, en una camioneta parecida a la de Celso Oláguez Sevilla, con las consecuencias que todos conocemos", dijeron los inculpados, quienes se negaron a proporcionar sus nombres.
Precisaron que Los Franco son lidereados por Olegario Franco Cabrera y Julián Avila Ortega, quienes habitan en la comunidad de Santa María, en donde ocurrieron los hechos el pasado 2 de mayo, y pidieron tomar en cuenta esa línea de investigación.
El grupo mostró documentos firmados por habitantes de las comunidades de Las Negras, El Tecomate y Santa María sobre denuncias de atropellos de la gavilla de Los Franco. Una de ellas está dirigida a la comandancia del 85 Batallón de Infantería, con sede en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, referente a los delitos cometidos durante los últimos 20 años por estos delincuentes.
Al respecto, la Procuraduría de Justicia de Sinaloa suspendió de sus funciones al agente del Ministerio Público del municipio Rosario, Clemente Coronel Lizárraga, y lo sometió a una rigurosa investigación, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señaló que la matanza fue en represalia por las denuncias interpuestas por los hoy occisos ante la misma fiscalía contra las gavillas que operan en el lugar.
Oscar Fidel González Mendívil, subprocurador de Justicia, dijo que el servidor público fue suspendido por instrucciones de la Contraloría Interna de la procuraduría, en tanto se realizan las investigaciones con para determinar si existe o no responsabilidad administrativa o penal. De haber elementos para ello se iniciará una averiguación previa en su contra.
Días después de la matanza, el visitador general de la CEDH, Rafael Cabrera Cortez, manifestó que los occisos denunciaron previamente al menos diez homicidios, además tráfico de enervantes, violaciones y asaltos cometidos por las gavillas de los Oláguez y los Chávez desde febrero pasado, pero el MP no hizo nada al respecto.
El ombudsman reclamó que el responsable de la fiscalía no sólo no hizo caso a la denuncia, sino actuó de la misma forma ante la recomendación emitida días después por la CEDH ante la falta de actuación de parte de las autoridades encargadas de investigar el delito.