VIERNES 12 DE MAYO DE 2000

* "Hasta hoy no hay indicios de su existencia"


Buscan en Brasil información sobre la Operación Cóndor

* Investigan en Uruguay más casos de bebés desaparecidos

Dpa, Afp, Ap y Reuters, Brasilia, 11 de mayo * La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) comenzó a reunir la documentación solicitada por la justicia de Argentina sobre la participación de militares del país en la Operación Cóndor, el esquema de represión coordinada, montado por las dictaduras del Cono Sur.

En este contexto, el presidente Jorge Batlle anunció que investiga otros casos de niños uruguayos desaparecidos en Argentina durante el régimen castrense, pero también dijo que su gobierno apelará la decisión judicial que ayer exigió al Estado investigar la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada de los jardines de la embajada venezolana en Montevideo, en 1976.

En Buenos Aires se informó que en una histórica sesión la Cámara de Diputados rechazó anoche por 182 votos a favor, dos abstenciones y siete votos en contra, la incorporación a ese órgano legislativo del general retirado Antonio Domingo Bussi, legislador electo en la provincia de Tucumán, debido a su "participación activa en crímenes de lesa humanidad" durante la dictadura militar.

Bussi no se presentó ante la Cámara para hacer uso del derecho de defensa, de acuerdo con una invitación que le habían enviado los legisladores la semana pasada, por lo que a partir de ahora no gozará de inmunidad parlamentaria, y la justicia podrá seguir adelante con las causas que se adelantan contra el también ex gobernador tucumano.

El presidente de la Abin, coronel Ariel de Cunto, dijo que "no tenemos nada que ocultar. Estamos de acuerdo. Apenas recibamos la documentación enviaremos respuestas sobre la Operación Cóndor", pero aclaró que hasta ahora no se ha encontrado ningún registro en el país con el nombre de dicho operativo.

"Creo que de ninguna manera hubo operación conjunta de los ejércitos brasileño y argentino, pero creo que sí existió un operativo de los servicios de inteligencia en los que, evidentemente, participaban militares".

El pedido de la justicia argentina, que investiga ese esquema de represión coordinada, fue elevado anoche al ministro-jefe de la Secretaría de Seguridad Institucional, el general Alberto Cardoso, por el abogado de la Unión, Gilmar Mendes.

Se supone que en los archivos de la época se encuentran documentos que podrían aclarar la suerte que corrieron los argentinos Horacio Campiglia, Susana Bonstock y Lorenzo Viñas, que presumiblemente desaparecieron en Brasil en 1980.

El presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Reginaldo de Castro, consideró que de confirmarse la participación de militares en los secuestros de esos tres ciudadanos argentinos, los responsables no estarán protegidos por la ley de amnistía dictada por el último gobernante militar, general Joao Figueiredo, ya que, alegó, "la amnistía no es un pasaporte de impunidad hacia el futuro".

En Montevideo, Batlle informó que ordenó a un funcionario de la embajada uruguaya en Buenos Aires que investigue el destino de niños uruguayos que desaparecieron durante la dictadura en Argentina. Mencionó los casos de Beatriz y Washington Hernández Hobbas, desaparecidos en agosto de 1977, así como el caso de un hijo de la uruguaya Beatriz Haydée Altmann Levy, denunciada como desaparecida por Madres y Familiares el 20 de julio de 1977.

Pero también señaló que su gobierno apelará un fallo que dictó ayer la justicia reclamando la desaparición de la maestra Elena Quinteros. Indicó que la resolución judicial, en respuesta a un recurso presentado por la madre de la docente, "no va en contra de lo que estamos haciendo" para resolver el tema de los desaparecidos, "va por otro camino", y destacó que "se apelará por razones jurídicas".

A todo esto, la revista El Soldado, órgano oficial den Centro Militar, que congrega a militares en activo y en retiro, reconoció en su último número que fue "una apreciación errónea" creer que con una ley de caducidad se ponía punto final a las secuelas de la represión durante la dictadura.