VIERNES 12 DE MAYO DE 2000

* Importante victoria gubernamental: fue aprobada la reforma laboral

De la Rúa, preocupado por los conflictos sociales que vive el país

* Tensa, la situación en Salta por bloqueos * Protestan pescadores argentinos contra extranjeros

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 11 de mayo * Los conflictos sociales que vive Argentina, como el corte de ruta que une a este país con Bolivia por desocupados de la provincia de Salta, llevó hoy al gobierno de Fernando de la Rúa a reconocer su preocupación por esta situación.

Sin embargo, la gobernante Alianza, coalición integrada por la centrista Unión Cívica Radical y el centroizquierdista Frente País Solidario, logró una importante victoria, luego que la Cámara de Diputados convirtió en ley el polémico proyecto de reforma laboral.

El sector rebelde de la Confederación General del Trabajo (CGT), liderado por el camionero Hugo Moyano, realizó la semana pasada una huelga contra esta reforma, exigida por el Fondo Monetario Internacional y que profundizaría la flexibilización laboral llevada adelante por el anterior gobierno del neoliberal Carlos Menem.

Incluso el sector ortodoxo de la CGT, que durante los 10 años de menemismo evitó ir a huelga, emitió un documento en el que reclamó al gobierno que convoque al diálogo social, porque sino "ese espacio seguramente lo va a ocupar la violencia inútil, y nuevamente Argentina se va a convertir en un río de sangre".

La reforma propuesta por la Alianza fue aprobada con ayuda de partidos provinciales y del derechista Acción por la República del ex ministro menemista Domingo Cavallo. El peronismo, a diferencia de lo que pasó en el Senado, se negó a colaborar en la conformación del quórum.

Pero si bien el gobierno puede festejar la aprobación de una de las iniciativas más conflictivas en sus apenas cinco meses de gestión, enfrenta ahora una tensa situación en la provincia de Salta.

Allí, familiares de desocupados de la localidad de General Mosconi mantienen cortada desde hace días la ruta 34 que une Argentina con Bolivia, y amenazan con "resistir" un desalojo ordenado por un magistrado del lugar.

El gobierno de esa provincia solicitó gendarmes al Ministerio del Interior de la nación, que ya llegaron al lugar, y existen temores de que pueda repetirse el violento desalojo que en diciembre del año pasado dejó dos muertos en Corrientes, 850 kilómetros al noreste de Buenos Aires.

Aunque el gobierno ha dicho que no busca reprimir a los cesantes, el ministro del Interior, Federico Storani, dijo el pasado miércoles que hay provocadores y hombres armados entre los manifestantes.

En entrevista telefónica con La Jornada, Javier, uno de los dirigentes de la protesta, que hace cuatro años está sin trabajo, sostuvo que "decir que hay gente armada indica que están preparando la represión. Nosotros decimos que si nos entregan el di- nero que gastaron para mandar a los gendarmes, tendríamos todos algo para dar de comer a nuestros hijos..."

Agregó el líder: "Llevamos ocho días y nadie vino a vernos. ƑCómo puede ser esa indiferencia? Aquí hay mujeres y niños. Por los Planes Trabajar (ahora suspendido) nos daban 160 pesos (igual cantidad en dólares) por mes y por familia y al menos algo comíamos, en un país donde la canasta familiar básica es de más de mil dólares. Ahora no tenemos nada".

Protestas similares, en reclamo de trabajo, se vienen registrando en las provincias de Neuquén, Mendoza y en la capital federal, donde en la víspera cientos de pescadores reclamaron contra la pesca de grandes buques extranjeros en aguas argentinas, autorizados durante el gobierno de Menem.

Hugo Moyano, el dirigente rebelde de la CGT, dijo que "no le estamos pidiendo milagros (al gobierno), pero no se pueden suspender los Planes Trabajar y dejar a miles sin ningún sustento".

Por lo pronto, De la Rúa convocó a una megarreunión para este viernes a su gabinete y a legisladores oficialistas para discutir el tema del conflicto social, cuya intensidad, según analistas políticos, revela la lentitud para tomar medidas de emergencia ante la grave situación heredada de los 10 años del gobierno de Menem.