INICIATIVA DE DISTENSION

Más de cien intelectuales y universitarios formularon ayer una exhortación a los candi- datos presidenciales para que acaten los resultados de la próxima elección del 2 de julio, y propusieron establecer un pacto político que asegure la gobernabilidad y suscite consensos nacionales después de esa fecha. El documento es una atendible expresión de las inquietudes generadas en la sociedad por la degradación del ambiente político y los indicios de posibles conflictos poselectorales.

En forma explícita o implícita, en las dos campañas presidenciales a las que las encuestas otorgan mayores intenciones de voto, la de Vicente Fox y la de Francisco Labastida, se han presentado señales de poca disposición a acatar los resultados de los comicios. El primero ha expresado que pondrá en cuestión un eventual triunfo priísta si este partido obtiene un margen de ventaja menor a 10 por ciento de los votos; el segundo, en días recientes, ha incorporado a su campaña a representantes de los sectores más cavernarios del PRI, para los cuales ha sido práctica usual, en el pasado reciente, adulterar la voluntad popular antes, durante o después de las elecciones. El caso más ilustrativo es el de Manuel Bartlett, ex competidor de Labastida por la nominación tricolor, y quien en 1988 se encontraba al frente del operativo de Estado que ensució y confundió los porcentajes de la votación presidencial del 6 de julio de ese año.

A primera vista, y dada la intensidad con la que tanto la Secretaría de Gobernación como el propio Labastida promueven la firma de un pacto de civilidad entre los partidos contendientes, pareciera que el gobierno federal y su candidato comparten la preocupación de los firmantes del documento referido. Sin embargo, en días recientes la propia dependencia que encabeza Diódoro Carrasco ha contribuido a enturbiar y enrarecer el clima político, mediante la inopinada intervención del subsecretario de Desarrollo Político, Armando Labra, en el conflicto interno que enfrenta al presidente del PARM, Carlos Guzmán Pérez, y al aspirante presidencial postulado por ese partido, Porfirio Muñoz Ledo.

Debe destacarse la opinión al respecto de los consejeros electorales Juan Molinar, Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas, en el sentido de que la difusión, por parte de Labra, de una presunta petición de Muñoz Ledo para que las autoridades federales involucraran a Guzmán Pérez en asuntos de narcotráfico, constituyen una injerencia indebida y perniciosa en el proceso electoral.

Por lo anterior, sería deseable que el exhorto de los intelectuales y universitarios para distender el clima político y asegurar una transición presidencial tranquila no se dirigiera únicamente a los aspirantes y a sus partidos, sino también al gobierno federal.