MIERCOLES 10 DE MAYO DE 2000

Ť La información de El Mundo, "con muchas aristas"

La Ssa solicitó a la PGR que se investigue el tráfico de órganos

Ť No se halló evidencia en el hospital Santa Fe sobre trasplantes

Angeles Cruz Ť La Secretaría de Salud (Ssa) solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie la investigación en torno al supuesto tráfico de órganos en México. En una primera revisión al hospital Santa Fe, la Ssa "no encontró registro alguno sobre la cirugía de trasplante que supuestamente realizaría el doctor Arturo Gómez, quien tampoco está inscrito en el Registro Nacional de Trasplantes, y por lo tanto no realiza este tipo de operación", aseguró ayer Roberto Tapia Conyer, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades.

En tanto, Armando Soberanes, presidente de la Fundación Nacional para la Donación de Organos con fines de Trasplante, dijo que la información del diario español El Mundo relativa a la venta clandestina de órganos promovida por un supuesto sacerdote y un médico, "tiene muchas aristas que llegan al absurdo". De entrada, dijo, "nunca se realizaron los estudios médicos que rigurosamente se practican en todo proceso de donación y trasplante de órganos, porque éste no es automático ni puede hacerse en cualquier lugar".

Lo primero que debería haberse hecho --si hubiera sido una situación real-- es un análisis sanguíneo en receptor y donador, para verificar la compatibilidad y descartar enfermedades como sida o hepatitis.

Luego de leer el reportaje de El Mundo -publicado el lunes pasado-- y ver la noticia trasmitida por el canal Antena 3 español, Soberanes, también jefe de la Unidad de Trasplantes del hospital general La Raza del IMSS, opinó que el hecho ocurrió porque "cuando hay dinero de por medio te pueden ofrecer lo que sea. Si (los reporteros) hubieran buscado niños o monumentos, también hubieran encontrado quien se los vendiera". Ofrecieron mucho dinero (900 mil dólares), pero lo cierto es que nunca concretaron nada sobre el supuesto trasplante de riñón, apuntó.

Además, comentó, los supuestos compradores tienen claro acento español, y en México "ningún hospital, y menos el Santa Fe, se prestaría a realizar un trasplante sin autorización de la Ssa".

Para Soberanes, los reporteros españoles "buscaron realizar un artículo sin ningún sustento". Por otra parte, refirió que ya se buscó al doctor Arturo Gómez Muñoz entre las sociedades de trasplantólogos del país, y no existe. "Nadie lo conoce".

Sin embargo, apuntó el especialista, con posgrado en trasplantes en España y Estados Unidos, la mencionada publicación "ya afectó a los pacientes en espera de órganos". Relató que ayer mismo se presentó la oportunidad de un cadáver a cuya familia se le solicitó la donación de los órganos, pero "la respuesta fue 'Ƒcómo sé que no van a traficar como salió en el radio?". Esa información responde al morbo por hechos recientes sobre la discusión de reformas a la Ley General de Salud en materia de donación y trasplante, agregó Soberanes.

A su vez, Ricardo de Prado, presidente de la Asociación Mexicana pro Trasplante Renal, AC (Amprac), consideró que ni técnica ni clínicamente es posible que exista tráfico de órganos en el país. Hace unos días De Prado dijo que nadie podría asegurar que no hay compraventa de órganos, porque aunque la antigua ley exigía una carta notarial en la que constara que el donador no recibió dinero a cambio del órgano, "no hay posibilidad de comprobarlo".

En entrevista, comentó que de incrementarse la donación de órganos, tal como lo plantean las reformas legislativas, se reducirá la demanda y no habrá --como no la hay en la actualidad-- ninguna posibilidad para el tráfico de órganos.

De Prado solicitó a las autoridades de la Ssa una investigación a fondo, para dar confianza a la sociedad y alentar la donación en beneficio de más de 100 mil pacientes actualmente en listas de espera.

Por su parte, la Ssa informó que continúa investigando este caso, y en adelante lo hará en forma conjunta con la PGR. El subsecretario Tapia Conyer subrayó que la Ssa es la primera interesada en aclarar este asunto y de antemano descartó que estos hechos pudieran afectar la nueva normatividad en la materia, pues justamente se realizó con el fin de proteger la salud de los mexicanos.