MIERCOLES 10 DE MAYO DE 2000

Ť Chiapas: petróleo y maderas preciosas, interés detrás de las declaraciones

Los incendios, coartada para la guerra

Ť Según las imágenes de satélite, este año no hay siniestros en el área de Montes Azules

Andrés Barreda, especial para La Jornada Ť Una Comisión Interinstitucional (formada por la SRA, la Profepa y el gobierno de Chiapas), un Comité Interinstitucional para la Vigilancia Forestal (integrado, además de la Profepa y la Semarnap, por la Sedena, la PGR, la PFC, la PJE, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación), la Semarnap, la Profepa, la Secretaría de Gobernación, un grupo de 8 organizaciones ecologistas, la World Wildlife Foundation (WWF) y la PFP, además de varios periodistas, han orquestado durante los últimos meses una campaña de declaraciones contradictorias, y en varias ocasiones falsas, en torno de la crisis de incendios que supuestamente se vive hoy en la región de Montes Azules.

Estos organismos e instituciones han convertido la actual oleada nacional en la oportunidad para crear la imagen dolosa de los habitantes de la selva Lacandona como personas afanadas en talar, incendiar y devastar los bosques al momento de preparar sus tierras para el cultivo.

Sin embargo, un dato importante no encaja dentro de esta coartada. Cualquiera que consulte en internet la página del satélite de observación GOES (http://www.cira.colostate.edu/RAMM/Rmsdsol/MXFIRE.html) puede observar cómo los actuales incendios en el sureste de México ocurren este año fuera de la región del conflicto, incluida la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA). Por lo que resultan completamente falsas las declaraciones públicas de la organización ambientalista estadunidense WWF, así como la respuesta a éstas que hiciera Wilfrido Robledo (La Jornada, 30 de abril de 2000), anunciando la próxima entrada de la PFP a los Montes Azules.

Frente a estas mentiras quedan las ambiguas declaraciones de la secretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias, que si bien desmiente a Wilfrido Robledo en el sentido de que la Semarnap no solicitó nunca la entrada de la PFP a dicha reserva, sí apoya las declaraciones de la WWF al considerar a las familias indígenas que habitan la región como el principal factor destructor de su riqueza forestal. Por lo que "si [las comunidades] no aceptan una negociación concertada -amenaza Carabias- se aplicará la ley" (La Jornada, 4 de mayo de 2000).

La secretaria del Medio Ambiente se lamenta de las pocas fuerzas humanas y escasos recursos monetarios de la dependencia para apagar estos incendios invisibles (300 brigadistas, 15 jefes de brigadas de la Sedena y dos helicópteros), pero no piensa en estas familias campesinas como las primeras interesadas en que tales incendios no ocurran, y menos las imagina como un cuerpo de bomberos, en caso de que sucedan tales siniestros. Extraño, entonces, que a la secretaria del Medio Ambiente ya no le preocupe la defensa de estas comunidades, entre otras cosas creadoras y guardianas de la biodiversidad, tanto de sus riquezas genéticas como de los saberes tradicionales.

II

Quienes hoy se envuelven con la bandera verde de la salvación de Montes Azules olvidan la manera irresponsable con que esta reserva ha sido permanentemente administrada durante los últimos treinta años.

En primer lugar, la manera en que el decreto de protección de la Reserva Forestal Lacandona en 1972 y el de la RIBMA en 1978 respondieron en su momento a una política de dotación de tierras que sobre todo se preocupó por impedir el acceso de los flujos migratorios indígenas hacia las regiones ricas en maderas preciosas. En función de ello se decretó una estrafalaria dotación de 600 mil hectáreas a sólo 66 padres de familia lacandones, que permitió, por un tiempo, encubrir la actividad de las compañías deforestadoras que se mantienen explotando madera ilegal. Problema que, dicho sea de paso, se mantiene completamente vivo en la actualidad.

Las fronteras de la RIBMA responden además a una política de "protección" dudosa, por la manera en que se han subordinado siempre a la exploración petrolera, actividad bien conocida por su gran impacto destructor del ambiente. La historia de lo que ha sido elegido, lo que se ha dejado de lado y lo que se ha restituido como área natural protegida en la Lacandona muestra cómo durante el último cuarto de siglo se ha sacrificado la protección ambiental a los intereses de empresas petroleras mexicanas y extranjeras en la prospección, explotación y especulación de la región. Como prueba de esto tenemos:

1. El acotamiento original de la Reserva Forestal Lacandona a la mitad de su superficie (de 600 mil hectáreas a 331 mil), justo en las regiones en las cuales se podrían detectar posibles yacimientos petroleros, de manera que la silueta de Montes Azules deja las manos libres a Pemex en las regiones de prospección petrolera de Ocosingo, Lacantún y del Prospecto San Fernando.

2. La deforestación ocurrida durante los últimos quince años en Marqués de Comillas, en la cual se observa una puntual coincidencia con todas las áreas de perforación de Pemex y con las regiones donde la empresa petrolera canadiense Seine River Resources reconoce un importante yacimiento petrolero.

3. El desarrollo de una región petrolera muy importante en parte del área de amortiguamiento de la RIBMA, entre las sierras Corralchen y Livingston, cuando toda la región de las Cañadas, según observó Víctor Manuel Toledo, fue considerada en un inicio como una región que en su mejor momento contaba con una mayor biodiversidad, incluso superior a la de la RIBMA.

4. El decreto tardío de la Reserva de la Biosfera Lacantún y el Refugio de Flora y Fauna de Chan Kin, así como los monumentos naturales de Yaxchilán y Bonampak en 1992, justo cuando la prospección petrolera dejó en claro que las posibilidades de la región son bajas. Hay que recordar al respecto que 1992 fue el año en que Pemex cerró su trabajo de prospección iniciado a mediados de los setenta, liquidando a la mayor parte de su personal que fue testigo de los grandes hallazgos de reservas petroleras en las regiones de Ocosingo y Lacantún.

5. La discordancia entre las diferentes versiones de la RIBMA ofrecidas por el INEGI, la SCT y el gobierno del estado de Chiapas. En su extremo norte, cerca de la biorregión ubicada entre los lagos El Ocotal y El Suspiro. Inquietante diferencia en las versiones cartográficas oficiales según la cual varía la superficie final de Montes Azules, justo en el área reportada por los estudios biológicos confidenciales como una región muy rica en petróleo, al tiempo que como la más exuberante microrregión ecológica de la RIBMA.

III

Alejandro Nadal denunció en 1999 (La Jornada, 20 de agosto) la peligrosa reforestación que los militares aplicaron en Montes Azules en virtud de la forma extraordinariamente compleja que requiere una restauración de este tipo de bosque. Agresión ambiental que se sumó a los efectos destructivos de los cientos de campamentos militares, basureros y prostíbulos construidos en la selva, sobre todo de las nuevas miniciudades militares con todo y sus centros comerciales. Ni qué decir de la continua apertura militar de caminos, que se suma a las nuevas rutas petroleras, automáticamente convertidas en las vías de salida de más madera.

Sin embargo, la utilización de elementos de guerra biológica (bombardeo de ratas y culebras que llegan a ocasionar desequilibrio y malestar en Guatemala, la aplicación de defoliantes y otras sustancias químicas en la selva, o la introducción de maíz transgénico en una región cuya biodiversidad es considerada como una de las áreas más importantes del mundo por ser de origen de especies domésticas), y sobre todo, la consideración oficial de Montes Azules como un posible escenario de desenlace de enfrentamientos bélicos, son elementos que ponen en peligro la conservación de la selva, no de aquí a quince años, sino para los próximos meses.

Chiapas, y muy especialmente Montes Azules, es un espacio privilegiado para las actividades de la bioprospección y biopiratería de empresas farmacéuticas y grupos "ambientalistas" trasnacionales. Sirva como ejemplo la conexión de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) con la Universidad de Georgia y la empresa de Gales Molecular Nature Limited para la bioprospección de esta región maya, con un programa de investigación financiado por el International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), que depende directamente de varias instituciones del gobierno estadunidense.

Montes Azules es además un centro de bioprospección y ecoturismo de la empresa Savia (anteriormente Pulsar/La Moderna), ligada a la farmacéutica Monsanto, y para las organizaciones Conservation International (CI) y The Nature Conservancy (TNC), así como para la UNAM y Ecosur. Savia labora, por ejemplo, en la rica región de los lagos El Ocotal y El Suspiro: curiosamente hoy el punto más densamente militarizado de toda la reserva y donde también se exige la expulsión de varias comunidades.

Rematando este panorama, en Montes Azules también se tiene la participación de organismos conservacionistas estadunidenses como TNC y CI que manejan el lugar por medio del intercambio de deuda financiera internacional por protección ambiental. En los medios internacionales es públicamente sabido que CI, administradora internacional de más de 60 áreas naturales protegidas en América Latina y Africa, empuja, junto con empresas de ingeniería genética como Hyseq, de California, la privatización de nuestras principales áreas naturales protegidas. Mientras TNC, tan sólo dentro de Estados Unidos, ya tenía a inicios de la década de los noventa, dos y medio millones de hectáreas bajo su propiedad, siendo uno de los terratenientes más poderosos de ese país.

Mientras tanto, Ecosur se esmera en promover la participación del país en programas estadunidenses de privatización de cuencas hídricas binacionales, como la del río Usumacinta. Ha entablado, además, el pacto antes mencionado con la Universidad de Georgia para facilitar el aislamiento y el registro de patentes de miles de principios activos de plantas originales de Chiapas.

No resulta extraño, entonces, que el 28 de abril haya sido la World Wildlife Foundation quien más haya levantado la voz exigiendo la expulsión de las comunidades indígenas asentadas o desplazadas hacia Montes Azules, dando a Wilfrido Robledo la pauta internacional que le permitió anunciar la entrada de la PFP a esta reserva. Todo ello, mientras un grupo de ocho organizaciones ambientalistas, incluida CI, amenazaba a la Semarnap con el retiro de sus fondos de administración de Montes Azules si no procedía inmediatamente a sumarse a la campaña en favor de la expulsión de los campesinos.

ƑEs un error politizar la cuestión ecológica cuando la Semarnap se presta a abrir las puertas a quienes promueven la privatización de los bancos genéticos nacionales? ƑCuando subsiste un manejo incongruente de las áreas naturales protegidas y se termina haciendo el juego a las fuerzas negras del país que desean abrir aquí el peor escenario de guerra? ƑNo es la globalización quien obliga a tener que elegir entre una conservación privatizada de la naturaleza o entre la vida humana como núcleo vitalizante de toda la biosfera? ƑNo ha llegado la hora de pensar críticamente las políticas ecológicas?

Ante el hecho de que la selva Lacandona no es un espacio natural virgen, en la medida en que la civilización maya la habitó y cultivó durante miles de años, Ƒes necesario recordar que las personas también son biodiversidad? Temas tan recientes como la privatización mundial del agua dulce o la privatización de los códigos genéticos de los seres humanos y otras especies, Ƒno plantean dentro y fuera de nuestro país una disyuntiva dramática entre una ecología radicalmente social y otra de corte neonazi?

La entrada de la PFP a Montes Azules es inaceptable, como lo es la destrucción que el Ejército viene haciendo de la reserva, la falsa reforestación, la manipulación política de los incendios, la apertura de caminos, o la entrega de este recurso estratégico a CI, TNC, o empresas como Savia y Monsanto. Pero sobre todo, es inadmisible que se utilice el conflicto de Chiapas como una factura con la que el PRI se piensa cobrar la crisis política irreversible que le genera el actual proceso electoral.

No a la guerra y sí, en cambio, a la conservación de la biodiversidad, que pasa por la defensa de nuestra cultura indígena siempre nueva; por el diseño de estrategias de conservación que permitan el paulatino enriquecimiento del suelo; por la solución planeada y no autoritaria de los riesgos que hoy implica la tumba/roza/quema. Por ello, sí a la gestión participativa e incluyente de todos en la gestión de nuestra biodiversidad y nuestro país. Sí, entonces, al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y a la verdadera construcción de una paz con justicia y dignidad.