Las modificaciones legales en Oaxaca que dieron cabida a las elecciones municipales por fuera del sistema urnas-voto secreto-partidos políticos desde 1995 --pese a no haber sido un reclamo generalizado, sino el impulso de organizaciones de la Sierra Norte con el apoyo de la Mazateca-- significaron una recuperación política importante para la ciudadanía, que fortaleció a la asamblea, más no su intervención en el sistema electoral de representación.
Civilizar el poder ejecutivo consistió entonces en ganar la facultad de hacer legalmente lo que por tradición se hacía a través del sistema de cargos civiles y religiosos, y empezar a erradicar la "tradición" política impuesta de encimar votos por el pri sobre las elecciones tradicionales en los municipios rurales de Oaxaca, poniéndole freno a la división interna que con nocivas consecuencias ha traído en muchos municipios la fractura política de la comunidad.
El rechazo al sistema de partidos expresado por la defensa y adopción del sistema propio, implica desconfianza en que los partidos pueden hacer un trabajomejor por las comunidades que sus propias asambleas. Esto se manifiesta en la indiferencia ante las elecciones legislativas y en la defensa del sistema de elección del poder ejecutivo local.
Los resultados de las elecciones de septiembre de 1995 mostraron que 412 municipios optaron por el sistema propio ahora legalizado, y pese a los esfuerzos gubernamentales por dar marcha atrás a la reforma del 30 de agosto de 1995, en las elecciones de 1998 fueron 418 los municipios que eligieron por usos y costumbres. Esto muestra un deseo incluso creciente de no elegir a sus autoridades a través de partidos políticos, es decir no llevar la fractura al seno de la asamblea. Además demuestra que el carácter indio de estos usos y costumbres es compartido por municipios ya mestizos, pues son sólo 259 los municipios en que el INEGI registra 50 por ciento o más hablantes de lengua indígena sobre el total de sus habitantes.
En 1998 fueron 152 los municipios que eligieron autoridades por sistema de partidos. Un vistazo a los datos de esa votación mostrará la pobreza de tal sistema: En 106 municipios la lucha es sólo bipartidista. En 127 el porcentaje de votantes fue inferior al 75 por ciento del padrón. En ningún caso la votación fue del 90 por ciento o más de su padrón.
De 570 municipios sólo en 46 municipios la lucha es pluripartidista y únicamente en 25 existe una votación intensa --del 80 por ciento o más de su padrón--, pero en ningún caso se llega a la gran mayoría, lo que frecuentemente ocurre en las elecciones en asamblea. Observando ahora los diez municipios en que se registró el mayor porcentaje de votación, tenemos que los márgenes de triunfo son realmente pequeños, lo que indica una fuerte división entre los votantes; también destaca el hecho de que casi todos estos municipios están situados en zonas de alto desarrollo, del que derivan los intereses faccionalistas y la lucha partidista. Tres municipios los ganó el prd y los demás el PRI.
Es conveniente tener en cuenta que del 100 por ciento de los votos en los 152 municipios referidos, el 46.7 por ciento fueron por el PRI y 46.8 por ciento para la oposición (30.4 del PRD y 16.4 del PAN), pero estas cifras, si bien representan a la mitad de los electores de la entidad, sólo corresponden a menos de la tercera parte de los municipios. En el resto de los municipios, las asambleas han decidido abstraerse a este panorama lesivo al poder comunitario.
El rechazo al faccionalismo político no parece sólo tratar de evitar la fractura comunitaria y sus consecuencias, sino también la desconfianza en el sistema en sí: la representatividad no es tal cuando se representa sólo a un sector (desconocido) de votantes, y no a toda la comunidad visible en una asamblea. A través de los usos y costumbres no se busca solamente proteger un procedimiento electoral sino una lógica política, que no comparte el sistema de partidos.
Es muy importante observar que prácticamente no existe ningún municipio que elija a todas sus autoridades mediante el sistema de partidos. En los 152 municipios de este sistema, hay un conjunto de autoridades que ni remotamente se eligen en urnas y por planillas, como son los mayordomos y la mayoría de las autoridades de cargos religiosos; tampoco se elige así a los topiles. En suma, el sistema de partidos está reducido a 152 de 570 municipios, y en esos 152 hay varias autoridades que siguen y seguirán eligiéndose por usos y costumbres. Las limitaciones del sistema de partidos son, en Oaxaca y gracias a los avances logrados en la legislación, muy claras.
¿Podría avanzarse otro poco, tratando de civilizar al Congreso a través del control ciudadano sobre los diputados tal como se ejerce el control civil sobre sus autoridades municipales, en la forma de elegirlos y de exigirles trabajo? ¿Podría transformarse el aparato legislativo de manera que pueda haber diputados por partidos políticos y también por usos y costumbres?
Para lograrlo basta dividir cada uno de los 25 distritos electorales digamos en seis diputaciones, de manera que en promedio haya un diputado por cada cuatro municipios. Los cuatro municipios que se juntaran para tener un diputado, tendrían que buscar la manera de que el cargo fuera rotativo; que uno de los municipios eligiera al diputado entre sus ciudadanos y en su asamblea, y al año siguiente o en el periodo siguiente fuera otro el municipio que lo hiciera, y así hasta volver a dar la vuelta. Esto permitiría tener diputados por usos y costumbres, electos por una asamblea comunitaria --la suya-- directamente, sin urnas, boletas ni partidos (y sus compromisos asociados), y por tanto esa misma asamblea podría destituirlos.
Un sistema así tendría varios valores positivos, coherentes con los valores comunales de los pueblos indios oaxaqueños:

* Al dividir el sueldo de un diputado en seis, ya no sería un botín la diputación ni la diferencia de ingresos los separaría de los intereses de la gente común.

* La atención de un diputado a las demandas de sólo cuatro municipios y no de veinte o más, permitiría una atención más cercana y responsable, y la vigilancia ciudadana sobre sus actividades sería más intensa.

* Tener un diputado rotativo por cada cuatro municipios, llevaría a que las autoridades municipales y las asambleas de los tres municipios que no les tocó el diputado esa vez, asistieran frecuentemente a las asambleas de la comunidad sede a exponer necesidades y proponer acuerdos y trabajos para el diputado. Esto fomentaría la unión a través de los máximos órganos de gobierno comunitario, permitiendo una unión más sólida y compartida.

* Los diputados tendrían un mandato concreto y no plataforma propia, o más bien tendrían que hacer coincidir su plataforma propia con el mandato comunitario, porque al ser electos por una asamblea, ese soberano máximo que los eligió pedirá a su representante ante el Congreso que atienda los asuntos urgentes para la comunidad, no los que él, sin considerar la voluntad comunal, decida atender.

* La elección por usos y costumbres obligaría al diputado a informar constantemente a la asamblea sobre sus avances y tropiezos, así como sus propuestas, para atender al consenso comunitario, aún cuando fuera diferente a lo que el mismo diputado propusiera. Se trata que la diputación no siga transfiriendo poder que el diputado enajena a sus electores, sino que canalice los designios del poder, expresado fundamentalmente por los acuerdos de asamblea.

* Las organizaciones pequeñas podrían promover la unión municipal y generar espacios de poder regional en los que pudiera ser más efectiva y equitativa su participación.

* Al haber más de cien diputados los debates y comisiones podrían articular esfuerzos constructivos más allá de las cuotas de poder que se buscan.

En principio, habría que exigir que todos los municipios que optaron por elegir a sus autoridades municipales a través del sistema de usos y costumbres, lo pudieran hacer también para elegir diputados, haciendo con ello congruente el tipo de ejercicio del poder entre sus representantes en ambos poderes.
Esta podría ser una forma de seguir avanzando pacíficamente hacia la reconformación política de la nación no sólo en base a las demandas de sus habitantes originarios, los indios, sino también del resto de la población.