Luis Hernández Navarro
Militarización y ecología en la Lacandona

ƑQué sucede hoy en la Reserva de la Biosfera Montes Azules? ƑEs verdad que los incendios amenazan con su destrucción? ƑEs cierto que campesinos invasores ponen en peligro su sobrevivencia? ƑSe requiere la presencia del Ejército Mexicano para protegerla? ƑQuién y por qué solicitó el traslado de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la región? Todas estas interrogantes han estado en el centro del debate nacional durante las últimas tres semanas.

La Reserva de la Biosfera Montes Azules es un área protegida dentro de la selva Lacandona desde enero de 1978. Tiene una extensión de 331 mil 200 hectáreas, ricas en biodiversidad. Tanto dentro de sus límites como en su interior viven desde hace muchos años decenas de comunidades. El burocratismo oficial provocó ahí el surgimiento de graves conflictos agrarios y el deterioro ecológico, que están lejos de haberse solucionado. Su superficie se superpone a la comunidad lacandona. En enero de 1989 se dotó a 26 ejidos de las Cañadas que afectaron terrenos en el sector occidental de la reserva.

Según el Grupo de los Cien los fuegos en Montes Azules han alcanzado una proporción de desastre ecológico, similar al de Indonesia y la Amazonia. Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, sólo hay dos incendios en esta zona: uno, cerca de San Quintín, por el lado de Miramar, y otro en Santa Elena. Curiosamente, en ambas zonas existe gran presencia del Ejército Mexicano. Las quemas de acahuales no afectan la superficie arbolada. No hay, pues, ninguna situación de gravedad en esta temporada.

Argumentando la necesidad de tomar medidas preventivas, los gobiernos federal y estatal decidieron desalojar a una parte de los pobladores de Montes Azules. Con ello escalaron peligrosamente el conflicto en la entidad; no es la primera vez que se intenta hacer algo así en la selva Lacandona. Precisamente de la resistencia al traslado de muchas comunidades en la década de los setenta surgieron las organizaciones campesinas democráticas de la región. Los problemas de cada una de ellas son diferentes. Hoy conviven en un territorio tan amplio grupos organizados en la ARIC-independiente, con afiliados al PRI y bases de apoyo zapatistas; difícilmente puede argumentarse que esos campesinos son una amenaza para la conservación de la selva.

Algunos grupos han accedido a moverse a otras tierras, pero otros han manifestado su rechazo. En contra de lo que el pasado 4 de mayo afirmara Raúl Trejo Delarbre, la ARIC-independiente señaló que no ha firmado ningún convenio de reubicación y que los desalojos son parte de la política electoral del gobierno para crear terror e inhibir el voto opositor. Varias de esas comunidades tienen más de 30 años de gestiones para regularizar su situación agraria. Otra es la posición de los poblados zapatistas de la cañada de Taniperla. Acosados por el grupo paramilitar MIRA, que los despojó de sus tierras y propiedades, tuvieron que refugiarse dentro de la reserva. Ellos no hacen quemas ni preparan siembras; viven en una situación de permanente acoso. ƑSe quiere desalojarlos para llevarlos a un nuevo Acteal?

Es en este contexto que se anunció, al margen de las funciones que tiene por ley, el traslado de la PFP a la región para "combatir incendios". Según el titular de la dependencia, la medida era una petición de la Semarnap, pero la secretaria de Ecología dijo que ella nunca había solicitado tal cosa. Obviamente, alguno de los dos funcionarios miente.

Este súbito interés por la ecología no deja de ser sospechoso dados los antecedentes gubernamentales en Chiapas. Inmediatamente después de la insurrección indígena de 1994, el gobierno autorizó que en Marqués de Comillas, región limítrofe con Montes Azules, se produjera una irracional explotación forestal: sólo entre 1994 y 1995 se cortaron 17 mil árboles de caoba. El principal comprador fue la empresa Carpicentro de Palenque. El Ejército estuvo presente en la región mientras esto sucedía.

En la selva Lacandona se ha construido una red carretera por la cual, más que abasto y producción campesina, circulan vehículos militares y madera. La presencia castrense no ha frenado los negocios forestales. La construcción de esos caminos es inexplicable desde una estrategia de conservación ambiental porque responde a la decisión de cercar a los zapatistas. El Ejército ha hecho de Montes Azules uno de sus principales escenarios de operaciones y su presencia difícilmente puede traer beneficios ambientales ahí: ni el paso constante de vehículos ni la basura que se produce pueden ser benéficos. Su trabajo de "reforestación" en una zona de tan frágil equilibrio ecológico ha sido fuertemente cuestionado por especialistas y organizaciones como Maderas del Pueblo.

Hoy la "defensa" del medio ambiente en Chiapas, impulsada por las autoridades gubernamentales y el Ejército, es, en esencia, una coartada para pasar a otra nueva fase de la guerra en contra de las comunidades en rebeldía. Simple maquillaje verde.