SERFIN: EL TAMAÑO DEL DESFALCO

La venta del Grupo Financiero Serfin al Grupo Financiero Santander Mexicano, a un precio de 14 mil 650 millones de pesos, y con una pérdida de 108 mil 350 millones, adjudicable al pueblo de México, es una culminación --habrá otras-- de la política económica puesta en práctica por los sucesivos gobiernos priístas desde 1982 y, en particular, del ciclo privatización-rescate-reventa de las entidades bancarias, emprendida y consumada por las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Ante este desfalco multimillonario se derrumban todos los argumentos formulados por los tres gobiernos para justificar sus acciones hacia las instituciones de crédito. La administración de Miguel de la Madrid las privatizó parcialmente aduciendo que tal medida era necesaria para preservar, en lo fundamental, la nacionalización; Salinas, sin mayores justificaciones, culminó la privatización ciento por ciento y colocó a tales empresas en manos privadas que pronto se mostraron, en los mejores escenarios, ineficientes y, en los peores, corruptas y delictivas.

Los engaños de Salinas a su sucesor en materia de indicadores macroeconómicos, aunados a la torpeza del gabinete económico de Zedillo, dieron pie a la catástrofe cambiaria y financiera de 1994-1995, la cual provocó un colapso en la banca recién privatizada, colapso que habría sido definitivo si el gobierno no hubiera canalizado, sin autorización del Congreso, fondos multimillonarios para mantenerla a flote. En el caso concreto de Serfin, se canalizaron subsidios de las arcas públicas por más de 120 mil millones de pesos, mientras se recortaba el gasto social, se desatendía el campo, se abandonaba la educación, se castigaba los presupuestos de la educación pública y se retomaban las estrategias depredadoras de contención salarial. El argumento central fue, entonces, la necesidad de preservar al sistema financiero nacional de la ruina total. Con la inapreciable ayuda parlamentaria del PAN, el gobierno y su partido lograron, a la postre, legalizar tales medidas y ocultar de todo posible escrutinio público las inumerables irregularidades que pudieron haberse cometido en el rescate bancario.

Ahora, Serfin fue vendido a capitales preponderantemente extranjeros, los cuales, a raíz de la operación, pasaron a controlar cerca de 50 por ciento de los activos bancarios, como lo reconoció sin ningún rubor Carlos Noriega, subsecretario de Hacienda, quien consideró tal predominio como una señal de salud y fortaleza de la economía nacional. En caso de que fructifique la adquisición de parte de Bancomer por parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y de Bancrecer por parte de otros capitales foráneos, tal proporción se volvería abrumadoramente mayoritaria, y con ello habrá dejado de existir el "sistema financiero nacional" cuya existencia, a decir del gobierno, era estratégica e indispensable.

En suma, ahora puede apreciarse el tamaño del desfalco y las dimensiones de la equivocación en materia de política económica: habría sido más fácil, se habría generado menos crispaciones políticas y, sobre todo, se habría agraviado menos a la población, si el gobierno hubiera atendido a la gente golpeada por la crisis en vez de rescatar a los bancos "nacionales".