MARTES 9 DE MAYO DE 2000

Ť Habría desviado $2 mil 500 millones en el INEGI

Exigen a la PGR agilizar indagación de peculado contra Carlos Jarque

Elizabeth Velasco y Gustavo Castillo Ť Cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática exigieron ayer a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) se agilice la integración de la averiguación previa 417-RN-00, en la que acusan de peculado y desvío de fondos por 2 mil 500 millones de pesos a Carlos Jarque, hoy secretario de Desarrollo Social y ex director del INEGI, entre otros funcionarios.

David Chávez, José Antonio Fernández y Francisco Farina, líderes de la Coalición Nacional Heberto Castillo de Trabajadores del INEGI, denunciaron que "los recursos desviados habrían sido utilizados en las campañas políticas de los candidatos oficiales".

En la denuncia de hechos, presentada el 14 de marzo ante la PGR, acusan a Jarque y al ex oficial mayor de ese instituto, Mario Palma Rojo, de haber omitido el pago íntegro de viáticos a miles trabajadores de "mandos medios, homologados y resto de personal" del INEGI que, a partir de octubre del año pasado, se encuentran comisionados en 11 entidades del país.

Asimismo, denuncian que de 1993 a 1998 el INEGI no pagó al ISSSTE el equivalente a 17.5 por ciento del salario base de cotización de sus empleados.

Posteriormente, los trabajadores se trasladaron al Senado de la República, donde solicitaron a la legisladora Ana Rosa Payán y a Carmen Llorente, asesora de la senadora Rosa Albina Garavito, se cite a comparecer ante el Congreso al actual director general del INEGI, Antonio Ruiz Escudo, para que explique acerca del presunto desvío de los 2 mil 500 millones de pesos.

Más tarde, los manifestantes -unos 200 provenientes de diversas entidades- acudieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para demandar a su titular, Pedro Ojeda Paullada, se dé solución a 26 juicios que desde 1997 iniciaron 2 mil trabajadores, por la omisión por parte del INEGI a otorgarles servicio médico y otras prestaciones de ley.

Aun cuando Ojeda Paullada les aseguró que ha "actuado con la ley en la mano", Farina Tamez subrayó que "funcionarios de ese tribunal nos han advertido que si seguimos con nuestra actitud, el fallo del TFCA no nos favorecerá".