León Bendesky
Bancos

La crisis bancaria ha tenido un costo millonario del que todos tienen noticia. El pago se extenderá por décadas. La estructura del sistema bancario ha cambiado de modo profundo en medio de la crisis y de las medidas establecidas para su saneamiento desde 1995. Además del costo económico y financiero de esta gestión, hay un cambio notorio en la propiedad de los bancos en la que existe hoy una amplia participación de empresas extranjeras.

Esto en sí mismo no es bueno ni malo, es una condición del mercado y no una fatalidad, en la medida en que los empresarios mexicanos y las autoridades que los cobijaron fallaron en establecer un negocio que fuera rentable y, sobre todo, eficiente; en cambio, juntos lo llevaron a la quiebra. El que la propiedad de empresarios mexicanos en el sector bancario haya decrecido no debe llevar a nadie a exabruptos nacionalistas.

La recomposición de la estructura bancaria de la economía va a dejar un terreno con menos instituciones, más grandes y con un mayor control del mercado. Es ahí donde se da la iniciativa de Banamex para fusionarse con Bancomer.

Desde el punto de vista de los dueños, esta fusión tiene sentido ya que de alguna manera podrán mantener su presencia en un negocio muy rentable e incluso mejorar su posición en el mercado de las finanzas globales. Esa es la única justificación y no alguna que involucre el beneficio nacional y así debe ser analizada.

Si bien esto define el asunto en términos de negocios, hay más en cuanto a las repercusiones sociales y políticas de esta fusión.

La actividad de los bancos tiene un aspecto público diferente del resto de las empresas y dada la forma, no totalmente clara ni técnica ni políticamente en que se han administrado las deudas y los recursos para atender los efectos de la crisis bancaria, es válido cuestionar cómo se propone realizar la fusión entre Banamex y Bancomer.

Se puede tomar como antecedente el caso Serfin, banco al que se han inyectado multimillonarios recursos públicos, es decir, de todos nosotros, para su saneamiento y poderlo vender a un banco inglés o a otro español.

En el caso que nos ocupa, deberá quedar muy claro cómo se van a valuar los activos y también las deudas de ambos bancos y evitar destinar más fondos públicos para "facilitar" la transacción. Esta no puede quedar en el campo de una operación privada, pues ambas han recibido fondos públicos y participan del IPAB. Después habrá que ver el tema del poder de mercado que tendría esta nueva institución. De por sí el negocio bancario estará mucho más concentrado en una economía en la que prevalecen enormes márgenes entre las tasas de interés que pagan los bancos por captar los depósitos y aquéllas que cobran por prestarlos, y en la que las operaciones más rentables siguen siendo la compra de deuda pública segura y con altos rendimientos reales. El credo liberal que prevalece en la política económica se contradice a diario dada la creciente concentración económica que se genera en el mercado.

La economía mexicana padece una anomalía, entre muchas otras, y consiste en que ha funcionado desde 1995 sin sistema bancario. La anomalía es tal, en términos de los objetivos mismos, que se ha planteado el largo proceso de reforma económica que se viene aplicando, con altas y bajas, desde 1982. Una economía de mercado libre, abierta y competitiva, como la que dice promover, se concibe como aquélla en que se realizan transacciones mediante el dinero y el crédito. Este último es parte esencial de las corrientes que permiten financiar la inversión de manera creciente para asegurar el proceso de crecimiento.

Y crecimiento ha habido en la economía en los últimos cuatro años, a pesar de que no existen bancos dignos de tal nombre ni crédito para las empresas; a pesar de que no se restablecen los procesos de inversión y este tipo de gasto sigue siendo muy bajo con respecto al producto. Esta anomalía ha sorprendido al mismo Banco de México o, cuando menos, a su gobernador, quien debía ser el menos sorprendido de todos. El crecimiento económico reciente y la inversión que lo genera está concentrado en aquellas empresas que pueden financiarse con créditos externos y que son prácticamente las mismas que están en el sector exportador.

Como puede verse, esta condición representa una especie de impuesto sobre quienes no tienen acceso a los recursos del crédito por la inoperancia de los bancos. Está lejos, por lo tanto, de favorecer el entorno de apertura y competencia que dice promover la política económica. Más allá de los nuevos patrones de propiedad en el sector bancario hay que plantear las condiciones económicas necesarias para recrear las funciones de crédito e impulsar la actividad productiva, o sea, la generación de riqueza y bienestar en el país.