Las FARC emiten ley de reforma agraria contra latifundistas
La tierra, de quien la trabaje
Afp, Dpa, Ap y Reuters, Santafé de Bogotá, 3 de mayo * La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, dio a conocer una "ley de reforma agraria" que comprende la confiscación de tierras a latifundistas y compañías multinacionales.
De acuerdo con el telenoticiero Caracol, que cita fuentes rebeldes, la nueva ley de reforma agraria ųque entraría en vigor si la insurgencia llega al poderų, denominada Ley 001, establece que "el gobierno de las FARC confiscará las propiedades de los latifundistas y las repartirá equitativamente entre los campesinos pobres".
Estipula que las tierras ocupadas por las multinacionales petroleras y de otros ramos que operen en Colombia serán objeto de expropiación y los terrenos entregados a los labriegos. En cambio, se respetarán las tierras de los indígenas y les serán devueltos aquellos predios que hayan perdido a manos de los terratenientes.
Tras señalar que habrá control en los precios de los productos básicos, asienta que la entrega de tierras gratuitas será para aquellos campesinos que las trabajen o las quieran trabajar.
De momento, sólo los sectores de agricultores y de ganaderos reaccionaron con un no rotundo a tal pronunciamiento de las FARC, en tanto el presidente Pastrana se concentraba en rechazar el anuncio rebelde de cobrar un "impuesto de guerra" a los ricos y de repudiar su pretensión de crear su propio sistema judicial en la llamada zona de distensión, en el sur de Colombia.
Condena de empresarios
"Los guerrilleros no tienen ni idea de lo que es una reforma agraria; ni siquiera saben para dónde va la agricultura del país ni qué tipo de agricultura necesita", aseveró el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Fernando Davis.
Esta reacción se produjo al término de una reunión de empresarios con el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez. Davis aprovechó para añadir que se sentía avergonzado de que haya quien piense que las FARC son una alternativa de poder y calificó a los rebeldes de "criminales", a quienes acusó de "aterrorizar" al pueblo y atentar contra la infraestructura social y productiva.
El presidente Andrés Pastrana afirmó que no tolerará que la guerrilla intimide al país con amenazas de extorsión y secuestro, por lo que demandó el fin de esos delitos. Aseveró que su voluntad de paz no debe ser interpretada como un signo de debilidad, pues tampoco admitirá que se utilice su buena fe para generar frustraciones.
"Las FARC tienen el imperativo ético de realizar hechos de paz que le devuelvan confianza al proceso iniciado. Que quede claro, esta oportunidad histórica que estamos viviendo los colombianos no la deberíamos perder. Pero la paz a cualquier precio no la concibo y no la acepto", apuntó al manifestarse contra el "impuesto de guerra" o de "paz".
Del mismo modo rechazó el anuncio del máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, de que la guerrilla se propone crear una "justicia paralela" en la zona desmilitarizada, un territorio de 42 mil kilómetros cuadrados ųel doble de El Salvadorų que su gobierno cedió a la insurgencia para celebrar allí las negociaciones de paz.
Pastrana subrayó que esto "es un desafío y una propuesta absurda que nace muerta con la 'absolución' unida de nepotismo del delincuente alias Granobles, por un tribunal nombrado por su hermano, alias Mono Jojoy".
Esta es la primera vez que el presidente se refiere a dos líderes de las FARC por sus alias y que los califica de delincuentes, en referencia a Germán Briceño (Granobles) y su hermano Jorge Briceño (Mono Jojoy), el número dos y jefe militar de las FARC, a quienes se implica como presuntos responsables del asesinato de tres indigenistas estadunidenses.
En paralelo, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos denunció que alrededor de 1.5 millones de habitantes de la Amazonia colombiana están en riesgo de genocidio como consecuencia de la aplicación del Plan Colombia, una estrategia bélica antidrogas respaldada por Estados Unidos.
El secretario ejecutivo del organismo, Juan Parra, se refirió así a la decisión estadunidense de destinar 1.6 millones de dólares para aplicar en la zona sur de Colombia dicha estrategia. Señaló que los campesinos pobres e indígenas no podrán huir a tiempo de una guerra en la zona.