MARTES 2 DE MAYO DE 2000
Ť El la última década se cometieron más de 600 asesinatos cada año
Tiene relación con el narco 80% de los homicidios que registra Sinaloa
Ť Del total de delitos en la entidad 94 por ciento queda archivado e impune, asegura la CEDH
Ť Las bandas del crimen organizado se pelean el mercado local, dice el gobernador Juan S. Millán
Javier Valdez Cárdenas, corresponsal/ I, Culiacán, Sin., 1o. de mayo Ť Del total de más de 600 homicidios anuales perpetrados en Sinaloa durante la última década, aproximadamente 80 por ciento está relacionado con el tráfico de enervantes, de acuerdo con los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En tanto, informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) indican que casi 94 por ciento de todos los delitos ocurridos en la región quedan archivados e impunes.
En Sinaloa el narcotráfico ha permeado prácticamente todas las actividades económicas y productivas, al igual que el ámbito político y las esferas gubernamentales.
Los grupos de narcotraficantes, manifestó recientemente el gobernador Juan S. Millán Lizárraga, se pelean el mercado local de distribución de drogas, y esto se refleja en los numerosos casos de homicidios violentos y ajustes de cuentas.
El narco ha infiltrado importantes esferas de la vida económica, política y social de Sinaloa: bandas organizadas de robacoches y secuestradores combinan sus actividades con la siembra y el tráfico de estupefacientes. Prósperos negocios nacen de la noche a la mañana y permanecen inmunes ante la crisis, agentes policiacos -principalmente judiciales del estado- hacen el "trabajo sucio" de los narcos y ejecutan a quienes estorban o traicionan, de acuerdo con versiones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) y otros organismos.
Estudios realizados por la empresa de consultoría Némesis, a petición del Consejo Estatal de Seguridad Pública -organismo constituido a iniciativa del gobernador-, indican que las corporaciones policiacas han sido penetradas por el narcotráfico.
Entre las sugerencias para enfrentar el problema, el organismo plantea la necesidad de restructurar todas las corporaciones de seguridad, desde las direcciones de seguridad pública municipales hasta la Policía Judicial del Estado (PJE), la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y las agencias del Ministerio Público.
"En el caso de los homicidios, Sinaloa sigue ocupando uno de los primeros lugares (a nivel nacional) aunque con un descenso muy marcado; es decir, de tener un promedio de 650 en el sexenio anterior, en 1999, tuvimos 562, una reducción de 13 por ciento", dijo hace unos días Millán Lizárraga.
Las cifras oficiales
En lo que va del 2000 en Sinaloa han ocurrido aproximadamente 162 homicidios violentos, y en la mayoría de los casos se trató de ejecuciones entre grupos de narcotraficantes, también llamados ajustes de cuentas. Información del gobierno estatal señala que en los primeros dos meses del año ocurrieron 96 homicidios, cifra menor a los 113 registrados en igual periodo de 1996; a los 111 de 1998 y a los 105 de 1999.
Durante 1997, la entidad registró 669 homicidios dolosos. En 1998 la cifra bajó a 643, y en 1999 el número de delitos de este tipo llegó a 562. De 1993 a octubre de 1998, Sinaloa registró un promedio de 1.81 homicidios diarios, cifra que durante 1999 pasó a 1.55 casos.
De acuerdo con los datos oficiales, Sinaloa registra 7.4 delitos por cada mil habitantes, cuando el promedio nacional es de 13.48. En los llamados delitos de alto impacto, la entidad alcanzó durante el año pasado 4 mil 670 ilícitos, contra 453 mil 64 que sumaron en todo el país.
Cifras proporcionadas por el gobierno estatal, supuestamente basados en estadísticas de la Secretaría de Gobernación, indican que en 1999 Sinaloa ocupó el noveno lugar nacional en muertes violentas, superado sólo por entidades como el Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Baja California.
En la zona serrana de Sinaloa, la falta de oportunidades de desarrollo social y económico se refleja en la siembra de mariguana y amapola. Los nimios esfuerzos gubernamentales para inhibir esta práctica sólo han logrado provocar hechos violentos, muertes y pueblos abandonados.
En la zona alteña de los municipios Badiraguato, Cosalá, San Ignacio, Sinaloa de Leyva y Culiacán, a falta de escuelas y apoyos para la agricultura de temporal u otras oportunidades económicas, es común la práctica de subsistir con este negocio,.
Sin embargo, los municipios con mayor incidencia delictiva son Culiacán -la capital del estado-, que concentra más de 50 por ciento del total de hechos ilícitos, Ahome, Mazatlán, Navolato, Badiraguato y Sinaloa de Leyva.
El mayor número de muertes violentas ocurre en la capital sinaloense, aunque en Navolato han cobrado cierto auge los casos de ajustes de cuentas, debido a la fuerte presencia que tiene el narcotráfico en la región, sobre todo después de la muerte del capo Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, ocurrida en 1997.
Los casos del olvido
Durante el gobierno de Renato Vega Alvarado, de 1992 a 1998, fueron asesinados por lo menos 40 agentes de las diferentes corporaciones, muchos de ellos jefes y comandantes, y casi todos por obra de narcotraficantes.
De acuerdo con cifras extraoficiales, durante los primeros 14 meses del gobierno de Millán Lizárraga han sido asesinados 20 agentes y jefes de las policías, sobre todo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Culiacán y de la PJE.
En contraste, fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señalan que durante el presente sexenio han sido asesinados 11 servidores públicos adscritos a las corporaciones policiacas.
Los crímenes contra agentes policiacos empezaron seis días después de que el mandatario tomara posesión.
Santos Joel López, comandante de la PJE en Badiraguato, fue asesinado a balazos de cuernos de chivo desde un automóvil en marcha. A este caso se suman el de quien fuera jefe de investigaciones de la PJE, Pedro Pérez López, y el del jefe del Departamento de Ejecución de Ordenes de Aprehensión, Francisco Medina Osuna, ultimado después de que salió de su casa. En la lista figuran dos agentes de la PJE adscritos a la Coordinación de Protección a Víctimas y Testigos de Delitos, quienes recibieron balazos en la cabeza y sus cadáveres fueron localizados a la orilla de una carretera vecinal.
En septiembre de 1999 fue asesinado en el interior de su domicilio Marduk Urenda Lizama, ex comandante del cuerpo de celadores del Instituto de Readaptación Social de Sinaloa. Ese mismo mes sujetos desconocidos que viajaban en dos vehículos de modelo reciente y con torretas en el capacete, acribillaron con fusiles AK-47 y AR-15 al ex agente judicial Javier Santana García, quien había sido escolta de Lorenzo Gorostiza Castro, director de la PJE durante el sexenio de Francisco Labastida.
El 23 de noviembre de 1999, un comandante de la PJE y su hijo, también agente de esa corporación, fueron asesinados con rifles de alto poder en una céntrica avenida de Culiacán, y el pasado 4 de diciembre corrieron igual suerte el comandante de la PJE asignado al municipio Sinaloa, Conrado Flores Ontiveros, y una joven que lo acompañaba.
El 9 de marzo pasado, dos jóvenes agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Elizabeth Arellano Zazueta y Angel Martínez Rodríguez, fueron asesinados por desconocidos dentro de la patrulla 2037, luego de que le marcaran el alto a los ocupantes de una camioneta Suburban de modelo reciente.