SABADO 29 DE ABRIL DE 2000
* Navarrete Prida: las investigaciones continuarán
Ola de violencia en Oaxaca por la corrupción interna de la PGR
* El caos surgió al descubrirse nexos entre narcos y autoridades
Gustavo Castillo y José Galán/ I * El descubrimiento de la complicidad entre narcotraficantes y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) asignados a la delegación de Oaxaca desató una crisis en esa entidad que ocasionó el asesinato del segundo comandante de la Policía Judicial Federal (PJF), Javier Orlando Guzmán Monforte, el pasado 20 de abril, reconoció el subprocurador B de Procedimientos Penales, Alfonso Navarrete Prida.
La revisión que realizaron elementos del Ejército el 2 de octubre de 1999 a una camioneta suburban, asignada al ex subdelegado en esa entidad, y en la que viajaban dos agentes de la PJF con 34 kilogramos de cocaína, fue el inicio de las investigaciones internas que desembocaron en la aprehensión de varios agentes del Ministerio Público Federale, de ocho agentes de la PJF, la fuga de un ex delegado y el descubrimiento de la connivencia del narcotráfico con funcionarios de la PGR en esa entidad.
En entrevista con La Jornada, el subprocurador B de Procedimientos Penales reconoció que "hay una crisis en la plaza, motivada por las investigaciones de la propia Federación"; sin embargo, aseguró que el fenómeno "no es gratuito ni sorprendente", sino que está relacionado con la actividad de la organización de los hermanos Díaz Parada, dedicada desde hace varios años al cultivo y distribución de mariguana desde ese estado.
Alfonso Navarrete Prida, a quien le ha tocado en suerte ser fiscal en casos como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo y el de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, afirmó que "en Oaxaca se están rompiendo los eslabones de complicidad entre funcionarios federales encargados de combatir el narcotráfico y organizaciones criminales dedicadas a esta actividad".
Informó que tras el homicidio del segundo comandante Guzmán Monforte, la subprocuraduría B envió a un grupo especial de fiscales y de elementos de la Policía Judicial Federal a investigar el asesinato. Las indagatorias realizadas en los últimos siete días "empiezan a arrojar datos que involucran a otros servidores públicos y personas civiles que se dedican a actividades ilícitas".
Los hechos de octubre de 1999 fueron el punto de partida de las investigaciones internas en la delegación de Oaxaca. Datos obtenidos mediante labores de inteligencia a través de instituciones como el Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro) y de la propia PGR confirmaron a esta última dependencia la colusión de funcionarios con la organización de los hermanos Díaz Parada, dijo el subprocurador.
Las indagatorias "han traído como resultado desde la detención del narcotraficante Fortino Díaz Altamirano, hasta el procesamiento del ex subdelegado Javier Monroy Martínez, la detención de ocho agentes, tres civiles, un agente del Ministerio Público Federal y el cese del ex delegado estatal, Virgilio Ojeda Osorio", indicó.
"Las investigaciones van a seguir aunque se afecten intereses y estamos viendo que las ejecuciones son producto de esos encubrimientos institucionales. El hecho de que se estén dando estas situaciones de violencia es porque algo le salió mal a la delincuencia organizada", señaló.
Para el subprocurador, "Oaxaca es un estado complejo en donde no sólo se combate al narco, también se atacan los delitos ecológicos, contra el patrimonio cultural, el tráfico de indocumentados y se desarrollan muchas actividades de erradicación de plantíos de enervantes".
En torno de la organización de los hermanos Díaz Parada afirmó que "los datos que se poseen hacen presumir que no viven en Oaxaca, y aun cuando es su centro de operaciones, muchos de los plantíos que se siembran de manera furtiva son financiados por esta organización criminal".
Durante la entrevista, Navarrete Prida rechazó las versiones periodísticas aparecidas en un diario de Oaxaca, en las que se asegura que un funcionario de la subprocuraduría a su cargo solicitaba dinero a agentes del Ministerio Público y otros funcionarios para que siguieran en la plaza.
Al respecto dijo: "esa denuncia curiosamente aconteció días después de que se giró una orden de aprehensión contra Ricardo Lozano, un Ministerio Público que se ostentaba como secretario particular del ex delegado Virgilio Ojeda, y que hoy se encuentra sujeto a proceso penal por delitos contra la salud; asimismo, coincide con la detención formal del narcotraficante Fortino Díaz, quien estaba relacionado con el ex subdelegado Javier Monroy Martínez.
"La denuncia fue presentada ante la Contraloría Interna en febrero pasado; sin embargo, en ella se aseguraba que la extorsión aconteció en el mes de noviembre de 1999, štuvieron que pasar cinco meses... cinco!
"Esta denuncia derivó en que la Contraloría Interna llevara a cabo una investigación en la cual el supuesto testigo del acusador negó los hechos, pero dio mayores elementos en cuanto a las complicidades en esa delegación", dijo.