SABADO 29 DE ABRIL DE 2000
Ť El magistrado admite declaración de Del Villar; éste interpondrá revocación
Pugna entre el juez del caso Stanley y la procuraduría
Ť Habrá nuevo careo entre Luis Gabriel Valencia y Paola Durante
Ť El testigo será trasladado del penal de Puebla al Reclusorio Sur
Angel Bolaños Sánchez Ť El juez 55 penal, Rafael Guerra Alvarez, acordó ayer admitir, a solicitud de los defensores, la declaración del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, y de otros funcionarios de la dependencia y de la Dirección de Reclusorios del gobierno de la ciudad, en el proceso contra los implicados en el homicidio de Francisco Stanley.
Asimismo aceptó un nuevo careo entre Luis Gabriel Valencia López y Paola Durante Ochoa -el 24 de mayo-, por lo que solicitará que el testigo sea trasladado del penal de San Miguel, en Puebla, al Reclusorio Preventivo Sur.
En el caso del procurador Del Villar, por tratarse de un alto funcionario, no está obligado a presentarse al juzgado y su testimonio podrá entregarlo por escrito una vez que reciba el oficio correspondiente del juez, quien fijó al titular de la PGJDF un plazo de cinco días hábiles para que entregue su testimonio.
Los otros funcionarios de la PGJDF que acordó citar para que rindan sus testimonios, ellos sí en el juzgado 55 penal, ubicado en el nuevo edificio de juzgados del Reclusorio Preventivo Oriente, son el subprocurador Mauricio Tornero Salinas y el fiscal Fernando Castro Hernández, para lo cual se fijó como fecha para la audiencia correspondiente el próximo 16 de mayo.
Para el 22 del mismo mes fueron citados a declarar el director general de Centros de Readaptación Social del gobierno de la ciudad, Jaime Alvarez Ramos, y el director de la Penitenciaría del Distrito Federal en Santa Martha Acatitla, Ernesto Escalante de la Hidalga.
Carta de El Flama
Por otra parte, de acuerdo con la carta de Luis Gabriel Valencia López, el director del penal de Perote, Veracruz, Rafael Carbajal Paz, le pidió, después de que El Flama fue torturado y amenazado, que se contradijera en sus declaraciones donde acusa a los implicados en el homicidio de Paco Stanley.
En la carta que Luis Gabriel Valencia López envió a la Procuraduría capitalina, fechada en la ciudad de Puebla el 29 de febrero pasado, el testigo escribió textualmente que "todos los días me hiba ahber el director para desirme que ya no perjudicara a los amezcua y a bezares y que siguiera en mi dicho, pero que me contradijera para que ellos pudieran quitarse el problema de encima".
Dos días después la PGJDF inició una averiguación previa para investigar los hechos. Valencia escribe que redactó el documento para que "se sepa lo que me ha pasado a raiz de que hise mis declaraciones de lo que me consta haber oido".
El cocinero de los Amezcua describe que al tiempo que lo golpeaban "me preguntaban que cuanto me habpian dado para ponerlos, y que si seguia hablando hiban a atentar sobre mi familia esto me lo dijo el mismo director del cereso".
En la carta se refiere también a los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: "tuve una visita de unas personas que pense me hiban ayudar pero no fue asi, pues estas personas se identificaron como derechos humanos del distrito Federal, pero el lugar de preocuparse por mi nadamas me isieron preguntas que fui obligado a contestar".
Ť La dependencia advierte que la resolución carece de equidad
Angel Bolaños Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal anunció que interpondrá un recurso de revocación contra la decisión del juez 55 penal, Rafael Guerra Alvarez, de admitir los testimonios del procurador Samuel del Villar y de otros funcionarios en el proceso penal contra Mario Rodríguez Bezares y coacusados
Calificó como "inequitativa" tal resolución y advirtió que "vulnera el principio de equilibrio procesal", toda vez que algunas de las pruebas que ha exhibido el Ministerio Público para su inclusión en el proceso penal fueron rechazadas, pero "extrañamente" admitidas cuando estas mismas las ofreció la defensa.
La dependencia argumentó que al fundamentar su resolución con la retractación que Luis Gabriel Valencia López hizo el primero de abril en el penal de Puebla ante dos televisoras y un notario público, el juez confiere eficacia jurídica a dicha declaración, no obstante que el testigo no ha comparecido aún ante la autoridad judicial para ratificar su dicho, situación, indicó, que "carece de toda lógica jurídica".
En un comunicado la PGJDF recordó que en su momento el Ministerio Público ofreció como prueba que se tomara declaración al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, y al director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Yunes, así como al director del Centro de Readaptación Social de Perote, Veracruz, Rafael Carbajal Paz, mismas que fueron rechazadas por el juez.
No obstante, señaló, "esta última prueba del director del penal de Perote, Veracruz, al ser ofrecida por la defensa fue extrañamente admitida".
Advirtió que en el caso del ombudsman capitalino el juez tampoco fue equitativo e incluso hizo una valoración imprecisa al argumentar para negar la prueba que según establece el reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sus servidores públicos no están obligados a rendir testimonio en procesos penales, civiles o administrativos.
De la Barreda no pertenece a la CNDH, precisa el comunicado, y en todo caso, de haber aplicado el reglamento interno de la CDHDF, el juez no valoró que en términos legales el presidente de este organismo y el titular de la PGJDF tienen el mismo tratamiento, no obstante rechazó admitir como prueba la declaración del ombudsman y sí la del procurador.
"Esta resolución -señaló la dependencia- resulta del todo inequitativa para una de las partes en el proceso penal, en este caso el Ministerio Público, ya que vulnera el principio de equilibrio procesal que debe prevalecer en todo proceso penal".