VIERNES 28 DE ABRIL DE 2000

* Peligran activistas, advierte informe del Centro Pro

Conflictos sin resolver agravan crisis en materia de derechos

* Autoridades mexicanas, reacias a castigar transgresiones, dice

Triunfo Elizalde I/ * Entre los acontecimientos más preocupantes que agravan la crisis actual en materia de derechos humanos en el país, figuran los conflictos no resueltos de Chiapas y la UNAM; el abandono de la educación popular, como lo confirmó el caso de la normal El Mexe; los ataques a las organizaciones y a los defensores de derechos humanos, la actitud de descalificación de los señalamientos de violaciones a las garantías individuales provenientes del exterior, y la postura del ombudsman y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo ello dentro del contexto del año electoral que estamos viviendo, resume el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su primer informe bimestral 2000.

En opinión de esta ONG jesuita, las condiciones actuales ponen en riesgo la labor de los defensores y su integridad física y psicológica, pues últimamente son blanco de ataques de diversa índole y amenazas anónimas.

Sin culparlo directamente de los diferentes ataques que han sufrido los defensores de derechos humanos independientes, el Centro Pro Juárez recuerda que el presidente Ernesto Zedillo, en Davos, Suiza, el 31 de enero de este año dijo: "Nosotros no necesitamos de los representantes autonombrados de la sociedad civil, ahora llamadas ONG para hablar a nombre de la gente pobre de los países en desarrollo"; pero sí criticó la indiferencia del gobierno cuando eran perseguidos y agredidos los abogados Digna Ochoa, Juan de Dios Hernández Monge y Pilar Noriega; Alejandro Calvillo, director de Greenpeace-México; Juán López Villanueva, del Centro Fray Bartolomé de las Casas; Arturo Solis, del Centro de Estudios Fronterizos, y Juan Ruiz Ruiz, del Centro de Derechos Humanos Ñuú ji Kandij.

Frente al escrutinio internacional de derechos humanos, el Centro Pro Juárez se refiere al trabajo de Asma Jahangir, relatora de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Refiere que su visita a nuestro país, en junio de 1999, permitió que se conociera a nivel mundial que en México "persisten las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad".

Por lo anterior, el gobierno federal no puede ocultarse detrás de la pantalla del "federalismo", como hizo en el caso de Aguas Blancas. Las autoridades mexicanas competentes son reacias a responsabilizar de sus actos a los militares por ejecuciones extrajudiciales y otras transgresiones a los derechos", afirma.

Rechazo al informe

Refiere que cuando el gobierno mexicano conoció el texto, "diversas instancias no aceptaron el resultado de la auscultación de la relatora", como la SRE, que calificó al informe "como carente de equilibrio y objetividad"; Jorge Madrazo, procurador general de la República, no sólo rechazó las críticas sino que consideró que Jahangir, "en su país, o en el ámbito internacional, no se atrevería a presentar una acusación sobre casos de impunidad si no hubiera pruebas"; Emilio Rabasa Gamboa, comisionado para el diálogo y la paz en Chiapas, expresó que "Acteal y El Bosque son dos casos que deben analizarse por separado, pero en ninguno de ellos puede hablar de impunidad", y José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que "el informe no refleja la realidad de problemas tan complejos y delicados".

Como "botones de muestra" de la intensidad de las agresiones contra las comunidades y los indígenas de Chiapas, el Centro Pro Juárez hace referencia a la detención de 29 indígenas en Tzanembolom, Chenalhó, municipio autónomo de Polhó, el 5 de enero, cuando se dirigían a cortar café; el 2 de febrero, en Chavajebal, los indígenas Rodolfo Gómez Ruiz, Martín Gómez Jiménez y Lorenzo Pérez Hernández, simpatizantes zapatistas, fueron asesinados durante una emboscada en la carretera de El Bosque y Chavajebal. Las autoridades se negaron a investigar los hechos; el 12 del mismo mes, otro grupo de indígenas sufrió una emboscada, cuando se dirigían de Chilón a Tuxtla Gutiérrez. La intención de los atacantes era eliminar al líder Antonio Mazariegos, de la organización de Yomlej.

Conflictos religiosos, factor de violencia

Sobre los conflictos religiosos entre evangélicos y católicos, el informe bimensual de la ONG revela que "no dejan de presentarse y son otro síntoma que contribuye al clima de violencia en Chiapas". El 9 de enero ųseñala el informeų en Las Margaritas, un enfrentamiento suscitado presuntamente por católicos que se opusieron a la construcción de un templo en Plan de Ayala, "dejó 10 detenidos y tres heridos"; el 14 de febrero, dos evangélicos y un catequista diocesano de Tzeteltón recibieron amenazas de muerte de parte de caciques de la región, en San Juan Chamula; el 16 del mismo mes, "autoridades y católicos secuestraron a dos evangélicos del poblado de Tzeteltón, y los liberaron sólo después de pagar una 'cuota' de mil 700 pesos".