VIERNES 28 DE ABRIL DE 2000
* Presentaron alegatos 5 de los 7 querellantes
"Preocupación institucional" de militares, por el caso Pinochet
* Centran las acusaciones en contra de la Caravana de la Muerte
* Prueban abogados la participación del ex dictador en ese grupo
Afp, Dpa, Ap y Reuters, Santiago, 27 de abril * Las fuerzas armadas chilenas expresaron hoy su "preocupación institucional" por la situación judicial de Augusto Pinochet, quien enfrenta un juicio de desafuero donde este día comenzaron los alegatos de los querellantes para demostrar su culpabilidad en la muerte de varios opositores a su régimen militar.
"El pensamiento institucional se lo he presentado en conversación con el presidente de la República, que es la autoridad que corresponde que yo lo haga", declaró el comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, al ser consultado por los periodistas acerca de la reunión que sostuvo la víspera con el mandatario Ricardo Lagos.
Declinó comentar el proceso de desafuero y señaló que "ahora hay que ser prudentes". El comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia, también reconoció que en su rama "hay una expresa preocupación" y un seguimiento a los procesos que se siguen a varios ex militares más, acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura militar (1973-90).
En cuanto a la intervención que hará en el proceso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como una de las partes querellantes, Arancibia respondió ante la prensa que "no es que nos moleste, pero hay una inquietud alrededor de ello. Somos muy coincidentes con lo que opina el ejército".
El actual senador designado y ex jefe de Carabineros, ex general Fernando Cordero Rusque, criticó que en el caso Pinochet el Poder Judicial haya desechado la Ley de Amnistía para proteger a los militares entre 1973 y 1978, por lo que dijo que "muchos estamos descontentos" porque los tribunales "están interpretando" la ley.
Poco antes de comenzar los alegatos de los primeros cinco abogados querellantes en este segundo día del proceso de desafuero del ex dictador, la defensa del senador había sufrido tres reveses. El primero y quizá el más doloroso, es el rechazo por tercera vez consecutiva de la Corte de Apelaciones de practicar exámenes médicos antes del juicio.
A ello siguió el hecho de que el abogado defensor Julio Rivadeneira no haya podido estar presente en la sala el miércoles, en el primer día de las audiencias, durante el relato de la causa por no haber pedido oportunamente se le otorgara el conocimiento de la causa, y que lo llevó a calificar lo sucedido como "injusto y desequilibrado".
Y el tercer revés ocurrió hoy, cuando la Corte rechazó un pedido de la defensa de que nombrara un "procurador general" que represente a los siete abogados querellantes durante los alegatos, bajo el argumento de que así se podría compensar la diferencia de tiempo que tendrán ellos en conjunto frente a un solo abogado defensor.
La cuestión es que cada uno de los siete querellantes tendrá media hora para sus alegatos, que significan tres horas y media, además de otra media hora que tendrá el CDE en representación del Estado, por lo que en correspondencia a Rivadeneira sólo se le ortorgó media hora más para que complete una hora.
Ya en los alegatos, los primeros cinco querellantes dirigieron sus baterías a demostrar y presentar pruebas sobre la responsabilidad y participación de Augusto Pinochet en los crímenes cometidos por la llamada Caravana de Muerte en relación a 76 opositores políticos en acciones cometidas en octubre de 1973.
La abogada Carmen Hertz fue la primera en presentar sus alegatos y documentos, sobre todo en cuanto al caso de su esposo el periodista Carlos Berger, que figura entre los asesinados de Calama. Antes de presentarse ante el pleno de magistrados, dijo a la prensa que en esos crímenes se emplearon "métodos brutales, casi sádicos".
De acuerdo con Hertz, entre Pinochet y el general Sergio Arellano Stark ųque dirigía la Caravana de la Muerteų existió una relación de jerarquía y también "una orden de perpetrar los hechos criminales". Y, según trascendió, su conclusión fue pedir a la Corte que considere a Pinochet como "autor-inductor".
Entre los demás juristas querellantes de hoy, Eduardo Contreras manejaba antecedentes de la estrecha relación entre Pinochet y Arellano Stark, mientras que Hiram Villagra conoce la ilegalidad de la detenciones y ejecuciones acorde con declaraciones que oficiales de la Caravana de la Muerte le entregaron el juez Juan Guzmán.
Asimismo, el abogado Boris Paredes tiene pruebas y documentos de que Pinochet instruyó a sus militares subalternos a través de la línea de mando, y Alfonso Insunza posee antecedentes similares. Pero, la jornada continuará este viernes con los querellantes Hugo Gutiérrez, Juan Bustos y la presidenta del CDE, Clara Sczaranski.