VIERNES 28 DE ABRIL DE 2000

* Incontrolable avance militar en regiones con influencia del EZLN, advierte

El Ejército, principal violador de los derechos humanos en Chiapas: ONG

* El gobierno de Roberto Albores ha puesto en riesgo la frágil tregua, dice el Centro Fray Bartolomé

Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de abril * Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), el Ejército Mexicano fue el principal agresor de los derechos humanos en Chiapas en 1999; la ONG advierte que el avance ųo invasiónų de los militares es incontrolable en las regiones con mayor presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y asegura que en los últimos tres años del gobierno interino de Roberto Albores Guillén se ha puesto en riesgo la frágil tregua que existe en el estado.

En su último informe anual, el organismo que encabeza el obispo Samuel Ruiz García señala que en 39 por ciento de las denuncias recibidas por violaciones a derechos humanos están implicados miembros de las fuerzas armadas; los principales casos registrados son por abusos a la integridad física y a las garantías de seguridad jurídicas. ''El avance de las posiciones del Ejército Mexicano en Chiapas es evidente. No sólo se concentra ahí más de 20 por ciento de los militares, sino que además se ubican oficiales de alto rango con preparación contrainsurgente'' a cargo de la Escuela de las Américas, la cual ha entrenado a poco más de mil 200 efectivos mexicanos en los últimos años.

El documento intitulado La guerra de Chiapas: Ƒincidente en la historia?, hace referencia a los grupos castrenses especializados en contrainsurgencia que existen en la entidad. El informe de 94 páginas menciona a los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales, las Fuerzas de Intervención Rápida y las Fuerzas de Tarea Arco Iris; estas últimas contaban, hasta el año pasado, con 14 agrupamientos diseminados en las tres principales zonas de conflicto: Selva, Altos y Norte.

''En la estrategia de guerra de baja intensidad es fundamental contar con fuerzas especiales con capacidad de intervención rápida, así como un equipo ligero que permita el mejor desplazamiento por aire y tierra de soldados'', puntualiza el Centro Fray Bartolomé de las Casas en el informe que será presentado mañana por el obispo Samuel Ruiz García, en lo que será el último acto público que presidirá antes de la llegada del nuevo obispo, Felipe Arizmendi.

''Mientras la infraestructura militar se fortalece, los costos sociales de esta guerra contrainsurgente en Chiapas saltan a la vista. El avance militar sobre las comunidades indígenas es constante y creciente, así como los efectos devastadores en la vida cotidiana de miles de familias indígenas que ven violados sus derechos tanto colectivos como individuales. Además de pretender ganar las mentes y los corazones de la población, esta guerra ha cobrado muchas vidas, hechos constatados y denunciados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos''.

El documento hace una cronología de los avances del Ejércio Mexicano en los doce meses de 1999; afirma que, como parte de una nueva etapa de la estrategia de achicamiento del conflicto y de sus actores, el gobierno estatal inicia una campaña para publicitar presuntas deserciones de militantes del EZLN. Indica que el gobierno de Roberto Albores Guillén recibió armas de presuntos desertores amparados en la Iniciativa de Amnistía y Desarme de Grupos Civiles Armados, aprobada en el Congreso del estado, pero no así en el Congreso de la Unión, incurriendo por tanto en un acto inconstitucional.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas considera que la desmilitarización del estado, el desarme de los grupos paramilitares, la reforma del sistema de procuración y administración de justicia y, por supuesto, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, constituirían verdaderos pasos para crear condiciones propicias a un acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN para reiniciar el diálogo.

''Uno de los objetivos gubernamentales es eliminar la posibilidad de reactivar un diálogo como el desarrollado en la primera mesa de San Andrés, en donde la participación incluyente de diversos sectores de la sociedad (incluidos los indígenas, olvidados de la historia) perfilan un nuevo proyecto de nación plural y abierto, como los foros convocados para formular las demandas que posteriormente serían llevadas a las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal'', concluye el informe que será presentado por el obispo Samuel Ruiz García.