GUATEMALA: AGRAVANTES DEL NEOLIBERALISMO

Ayer, en la capital de Guatemala ocurrió un trágico episodio más de la inconformidad social que impera en distintos países de América Latina contra la política económica impuesta en la región desde los años 80, y mantenida, contra viento y marea, a pesar de los brotes cíclicos de descontento y exasperación. En medio de las protestas encabezadas por estudiantes y trabajadores contra el incremento de 25 y 36 por ciento a las tarifas del transporte público en la ciudad de Guatemala, cuatro personas murieron por varios impactos de bala, entre ellas un fotoperiodista que cubría los disturbios callejeros, y otras 13 personas resultaron heridas. De acuerdo con los primeros reportes policiacos, los responsables de los disparos fueron agentes de seguridad privada que repelieron así a los manifestantes que apedreaban un comercio. Las autoridades, que han ignorado los reclamos contra el alza, lamentaron las muertes "a causa de los disturbios", pero no mencionaron los motivos del descontento social.

Por desgracia, la ola de protestas que sacude al país vecino no es un hecho aislado en nuestra región. Esta misma semana, en Quito, Ecuador, los estudiantes de los niveles medio y superior salieron a las calles para demandar la cancelación de un aumento recién impuesto a las cuotas del transporte urbano, y fueron violentamente repelidos por la policía. Bolivia acaba de vivir días de tensión por la protesta -que se inició en Cochabamba, y que se extendió rápidamente al resto del país- contra el encarecimiento del agua potable, derivado de un plan oficial para concesionar dicho servicio a una empresa privada; la magnitud del descontento obligó al gobierno a decretar el estado de sitio y a dar marcha atrás al incremento. En Paraguay, Argentina, Costa Rica y México, la población reacciona de manera similar contra la aplicación ortodoxa de agresivos programas económicos, caracterizados por la reducción del gasto público, la eliminación de subsidios y la privatización de empresas estatales, planes que agudizan las carencias de las mayorías y concentran la riqueza en individuos y consorcios cada vez más ricos, todo ello en nombre de la estabilidad de los índices macroeconómicos.

En el contexto particular guatemalteco, la imposición del modelo neoliberal se realizó en un entorno caracterizado por una profunda miseria, contrastes sociales lacerantes y una fractura social entre la minoría, ladina y mestiza, y la mayoría indígena. Los acuerdos de paz firmados entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno a principios de la década pasada pusieron fin a la cruenta y prolongada guerra interna que vivió el país a lo largo de tres décadas, pero no alteraron las razones profundas de la violencia, es decir, no modificaron las estructuras sociales injustas ni dieron contenidos reales a una vida política que es democrática en la formalidad, pero que sigue siendo monopolizada por la oligarquía tradicional. Peor aún: la democracia guatemalteca ha dado espacios de participación a los genocidas del pasado reciente, como Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso.

En suma, las desigualdades, la miseria, la opresión y el racismo tradicionales de la sociedad guatemalteca siguen presentes; en tal circunstancia, la aplicación de los dogmas neoliberales que aún se encuentran en boga entre nuestros grupos gobernantes -y que han sido superados en sus países de origen, Gran Bretaña y Estados Unidos- conduce, necesariamente, a circunstancias explosivas.