VIERNES 28 DE ABRIL DE 2000
* Suspenden sesión
Enfrenta a diputados la discusión de una reforma a ley cívica
Raúl Llanos y Gabriela Romero * Una reforma a la Ley de Justicia Cívica en el pleno de la Asamblea Legislativa fue el detonador de una confrontación de diputados priístas y panistas contra perredistas, que terminó en la salida del recinto de los primeros y en la suspensión de la sesión por parte de los segundos, al no poder completar el quórum necesario para aprobarla.
De hecho, la antepenúltima sesión ordinaria de la Asamblea fue desde un principio muy ríspida, pues los representantes del PRI y el PAN cuestionaron en tribuna la decisión de los perredistas de "querer terminar el rezago legislativo en 48 horas", mientras éstos les increparon su inasistencia y falta de interés a los trabajos de las comisiones legislativas.
El orden del día aprobado consideraba la discusión y, en su caso, aprobación de diez dictámenes, que fueron repartidos a todas las fracciones una noche antes, y para los cuales se pedía la dispensa de la lectura para salvar el requisito de las 48 horas previas de entrega, tal y como lo establece su reglamento interno.
Frente a esto, José Alfonso Rivera, del PRI, pidió moción suspensiva, que por mayoría fue desechada, y luego cuestionó que eso ocurrió sin que hubiera el quórum requerido, de 33 diputados presentes en el recinto. Su queja fue desoída y la sesión siguió adelante.
Sólo que cuando se abordaba el dictamen para modificar el artículo 13 de la Ley de Justicia Cívica, el PAN puso al descubierto el "desaseo legislativo" de los perredistas, y documento en mano Fernando Pérez Noriega reveló una serie de errores que iban desde nombres de comisiones incompletas, hasta fechas citadas de manera incorrecta en cuatro ocasiones. En el colmo de la situación, el dictamen citaba el "artículo 172 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", cuando ésta sólo contiene 136.
Esto llevó a que panistas, priístas y pevemistas abandonaran la sesión "para no avalar las anomalías de los diputados de la mayoría". Martí Batres trató de minimizar la situación y dijo que la actitud de la oposición era porque no estaban de acuerdo en que se aprobaran modificaciones al Código Penal para meter los delitos electorales.