VIERNES 28 DE ABRIL DE 2000
* Extraña que sea aportada cuatro meses después de que fue obtenida
La CDHDF cuestiona; Segob niega trato indebido
Ricardo Olayo y Georgina Saldierna * La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cuestionó la veracidad de la información que presentó ayer la Procuraduría General de Justicia capitalina, basada nuevamente en declaraciones del interno Luis Gabriel Valencia López, que fueron recabadas por la Policía Judicial hace más de cuatro meses.
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación informó que no existe evidencia de trato indebido a Valencia, pues de haberse dado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal "podría haberlo advertido en alguna de las 30 visitas que servidores públicos de esa institución hicieron al penal de Perote, y en su momento tendría que haber actuado en consecuencia".
En un comunicado establece como "absolutamente falso" que personal del ombudsman haya coincidido con el director del centro de reclusión de Perote, Veracruz, para entrevistar a Valencia, y que visitadores hayan presionado al reo.
"Es muy extraño que una prueba que, según la PGJDF, es tan relevante, sea aportada al proceso casi cuatro meses después de haber sido obtenida", indica el organismo. Lo que se advierte en este caso es que los servidores públicos que conocieron la declaración no denunciaron el delito de inmediato, y eso en derecho penal se tipifica como "encubrimiento".
El organismo dio respuesta en ocho puntos a la mención que hace Valencia de supuestos actos de tortura en que participaron diversas personas, entre otras, funcionarios de la CDHDF, tal como se dio a conocer en una conferencia de prensa organizada por la procuraduría.
"Quizá sólo se pretende justificar las numerosas visitas que personal de la procuraduría capitalina hizo a Luis Gabriel Valencia", acota el comunicado de la CDHDF. Lo que haya dicho el interno a "policías judiciales no tiene validez procesal, por no haber sido manifestado ante el juez, ni otorga autenticidad, espontaneidad y veracidad a las declaraciones", como pretende hacerlo creer la procuraduría.
Tampoco sirven para avalar las declaraciones que haya hecho antes o después del 8 de diciembre, pues Valencia ha ofrecido versiones distintas de hechos en los que ha participado, indica el comunicado. "Resulta incomprensible que si el testigo fue víctima de amenazas o torturas en la cárcel de Perote, y su retractación no haya tenido lugar precisamente allí, sino cuando ya estaba fuera de ese ámbito", y desaprovechó la cercanía con la PGJDF para denunciar los supuestos hechos y capturar a sus agresores.
Entre el 8 de diciembre, fecha en que El Flama habló con los judiciales de la supuesta agresión ocurrida semanas atrás, y el día en que se retractó públicamente, primero de abril, en el caso Stanley, transcurrieron meses, y los servidores públicos de la procuraduría no dieron cuenta de inmediato de lo que se enteraron.
"No denunciar un delito del que se tiene noticia constituye encubrimiento", destaca el comunicado.
Inconsecuencia de la PGJDF: Segob
En tanto, Gobernación informó que al trasladar a Valencia hacia la cárcel de Puebla, el comandante de la Judicial del DF, Andrés Velasco, constató el buen estado de salud, y tampoco hubo evidencia de mal trato. Por ello es "absurdo" que no se haya pedido que El Flama regrese a una cárcel de la ciudad de México.
La dependencia indicó que "es indebido" que a la colaboración y vigilancia prestada por los gobiernos de Puebla y Veracruz, la procuraduría "responda con señalamientos infundados y trate de encontrar responsabilidades donde no existen".