AUTOS CHOCOLATE: DOS DEMAGOGIAS

La Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular, aprobada anteayer en la Cámara de Diputados con los votos mayoritarios de los legisladores de oposición y siete del PRI, significaría en la práctica, en caso de entrar en vigor, la legalización de unos 2 millones de vehículos automotores de procedencia extranjera que permanecen en el país en forma ilegal. El asunto, que ha provocado una confrontación entre los legisladores y el presidente Ernesto Zedillo, quien los acusó de haber actuado con propósitos políticos y de manera demagógica, tiene diversas implicaciones en distintos ámbitos del quehacer nacional.

Por principio, el señalamiento presidencial tiene fundamentos: sería iluso pensar en que la aprobación de esa ley ocurre en la recta final de las campañas políticas sólo por coincidencia. La legalización de 2 millones de autos de contrabando en tal circunstancia se parece mucho a la búsqueda del voto de los beneficiados por la medida. Adicionalmente, la regulación -cuya promulgación es incierta, toda vez que parece probable el veto priísta en la Cámara de Senadores-- es discriminatoria y agraviante para unos 14 millones de ciudadanos que han adquirido sus unidades de transporte en forma legal y que han pagado los impuestos correspondientes.

Lo dicho por Zedillo es certero de cara a la ley referida, pero puede también aplicarse a la reciente medida adoptada por su gobierno para legalizar Pick-ups de procedencia extranjera, no menos demagógica y electorera que la que ahora se critica.

Pero las anteriores no son todas las facetas del problema. Debe señalarse, también, que en la acumulación en el país de los llamados autos chocolates inciden muchos factores dignos de mención: las redes de corrupción, complicidad y clientelismo, históricamente priístas, que han permitido y alentado la proliferación de esas unidades; el abandono oficial del agro, que empuja a cientos de miles de campesinos de escasos recursos a dotarse de unidades extranjeras en situación irregular; las expectativas sociales incubadas durante el sexenio pasado con la firma del Tratado de Libre Comercio -estábamos, se dijo desde la cúpula del poder público, a punto de ingresar al Primer Mundo-; el desproporcionado diferencial de los precios de los automotores entre Estados Unidos y México, buena parte del cual se explica por los impuestos que se han de pagar aquí por la adquisición de unidades nuevas, y finalmente, la reducción real de los ingresos de la mayor parte de la sociedad, reducción que priva a muchas personas de la posibilidad de adquirir un vehículo en el mercado nacional.

La solución al problema ha venido postergándose -en tanto el parque vehicular ilegal crece sistemáticamente-, mediante gestiones y medidas de presión por parte de diversas asociaciones de propietarios de autos irregulares, las cuales obtienen protecciones parciales, prórrogas y estatutos de excepción de diversos tipos, así como la complacencia de autoridades municipales o estatales.

Finalmente, es claro que el problema no podrá resolverse de manera justa, legalmente viable y aceptable para la economía nacional en el marco de la política económica vigente, mientras persista el desprecio gu bernamental hacia los sectores rurales de bajos recursos y en tanto no se desmantele el tejido clientelar y corporativo en el que aún se sustentan grandes sectores del poder público.