JUEVES 27 DE ABRIL DE 2000
* Rosario Robles: la decisión, importante
Debería la Corte fallar a favor de incluir al DF en el ramo 33
* No existen razones jurídicas ni morales para marginarlo, afirma
Laura Gómez y Ricardo Olayo * La jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a favor de la inclusión de la capital en los fondos para el combate a la pobreza, pues no existe ninguna razón jurídica, moral o social para que sus ciudadanos no sean tratados como de primera.
En una gira de trabajo por la delegación Cuauhtémoc, consideró que en la distribución de los recursos municipales sólo existen razones políticas, dado que "no estamos pidiendo más, sino lo mismo que tienen los que viven en las 31 entidades restantes".
Rodeada por ex niños de la calle que hoy viven en un albergue, Robles Berlanga preguntó: "ƑCuál es la diferencia de la pobreza que se registra en la ciudad con la de cualquier otra entidad del país? Ninguna, pues los problemas de situación de calle e indigencia son similares".
Por ello, confió en que la Suprema Corte, como máxima autoridad de interpretación de la Constitución, trate a la gente del Distrito Federal como ciudadanos con los mismos derechos que todos los de las 31 entidades restantes, y determine "si somos o no ciudadanos de primera, igual que todos los demás, por lo que tiene en sus manos una decisión muy importante".
Pide a medios esperar el fallo
La mandataria capitalina comentó que si la controversia constitucional enviada a ese órgano cuenta con respaldo, el Congreso de la Unión "tendría que reponer la situación", aunque pidió a los representantes de los medios de comunicación esperar el fallo, pues todavía falta tiempo.
La responsabilidad de elaborar la controversia recayó en la Secretaría de Finanzas capitalina, y en particular en la Procuraduría Fiscal, cuyo titular, Eugenio Robles Aguayo, dijo ayer en entrevista que la jefatura de Gobierno presentó una segunda controversia constitucional porque el Congreso de la Unión modificó la Ley de Coordinación Fiscal en diciembre pasado, a iniciativa del Poder Ejecutivo federal.
En ese momento se cambiaron los criterios para la asignación de los fondos que provienen del ramo 33, pero siguió fuera del reparto la ciudad de México.
En total, en dos años, 1999 y 2000, se estima que se tendrían que recibir más de 2 mil 200 millones de pesos por este concepto, dijo el funcionario.
En entrevista, el procurador fiscal comentó que uno de los valores de la sentencia que dé la SCJN será la definición sobre el estatus jurídico del Distrito Federal, pues en ocasiones se utiliza como una traba para tener participaciones federales y en otras no.
Dijo que desafortunadamente no hay un recurso en la ley para solicitar al pleno de los 11 ministros que resuelvan en un plazo límite los juicios, pero indicó que el análisis detallado del asunto debe llevar a un fallo conforme a derecho.
El procurador subrayó que la controversia pretende invalidar la norma que deja fuera al DF, y una vez que se dé el fallo se tratará de buscar el mecanismo para recobrar el dinero y, sobre todo, sentar el precedente para que se defina su situación legal.
Asimismo, explicó en entrevista que la Suprema Corte ha nombrado a un ministro instructor para la segunda controversia que se presentó el mes pasado, lo que hace pensar que seguirá su curso por separado de la primera, interpuesta hace 13 meses.
Se trata de una controversia a una misma ley, pero con modificaciones, además de un ejercicio presupuestal diferente, por lo que está a la espera de los argumentos de las partes demandadas; en este caso el presidente de la República, Ernesto Zedillo, secretarios de Estado y el Poder Legislativo.
En la primera controversia, la Secretaría de Hacienda, representante del Ejecutivo federal, ha tratado de desvirtuar el fundamento del juicio y ha solicitado el sobreseimiento, pero en este caso, aseveró, hay argumentos sólidos.
Robles Aguayo explicó que otras autoridades se han adherido a la posición de Hacienda, en tanto el Congreso se limitó a aprobar una ley conforme a las reglas vigentes.