MIERCOLES 26 DE ABRIL DE 2000
Ť El voto del Partido Verde lo salvó
En suspenso, el juicio político contra el gobernador del BdeM
Ť Ni desechado ni aprobado el proceso; hubo empate: PAN
Ciro Pérez Silva y Víctor Ballinas Ť La definición de juicio político contra Guillermo Ortiz quedó en suspenso, al establecerse ayer un empate en la Subcomisión de Examen Previo. Al igual que en los casos de los gobernadores de Tabasco, Roberto Madrazo, y de Yucatán, Víctor Cervera, el voto del Partido Verde puso a salvo al actual gobernador del Banco de México.
A partir de hoy, los diputados integrantes de esta subcomisión intentarán destrabar el proceso, porque "no está ni desechado ni aprobado", afirmó el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Abelardo Perales.
En esa reunión se aprobó por consenso desechar las demandas de juicio político contra el secretario de Hacienda, José Angel Gurría; el subsecretario Martín Werner; el presidente de la CNBV, Eduardo Fernández; el ex director del Banco de México Miguel Mancera Aguayo, y el director del Fobaproa, Javier Arrigunaga, por ser improcedentes.
De acuerdo con las denuncias, los funcionarios mencionados comprometieron, a sabiendas y a nombre del gobierno federal, cuantiosos recursos públicos del país, al celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación que no fueron destinados a obras para incrementar los ingresos públicos ni a operaciones de conversión o de regulación monetaria, y tampoco a situaciones de emergencia.
Asimismo, destacan que no respetaron la legislación secundaria en materia de contratación de deuda pública, toda vez que el Congreso de la Unión no autorizó los montos de endeudamiento y el Presidente de la República no rindió el informe correspondiente.
De igual forma, esos servidores fueron acusados de utilizar indebida e ilegalmente al Fobaproa para entregar cuantiosos recursos económicos a la banca.
En lo que toca a Guillermo Ortiz, se le acusa de incurrir en actos y omisiones en perjuicio de intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, toda vez que la obligación solidaria asumida por el gobierno federal en los contratos de adquisición de las carteras de la banca -documentada en pagarés avalados por el propio gobierno federal- se dio en contravención a lo dispuesto por la Constitución, al asumirse deuda pública sin la autorización del Congreso.
En total se trata de tres denuncias contra el ex secretario de Hacienda, iniciadas entre otros por Gerardo Fernández Noroña, Andrés Manuel López Obrador y Salvador Beltrán del Río.
De acuerdo con las quejas, existen elementos probatorios suficientes para suponer la existencia de la infracción y las condiciones para presumir la responsabilidad de Ortiz Martínez, y considera procedente la incoación del procedimiento de juicio político.
Por el contrario, los argumentos del PRI consideran que no se acreditan los elementos para suponer la responsabilidad del funcionario, de tal suerte que desde hoy los legisladores intentarán resolver el conflicto planteado a partir de que el Partido Verde decidió apoyar la propuesta del tricolor, y analizar cómo salva ese empate que no está previsto en la ley; "tal parece que la ley está hecha para obstaculizar los juicios políticos. Ante esto es necesario reformar y modificar la legislación para cubrir las lagunas y omisiones que hoy tiene", señala.
El compromiso de la Subcomisión de Examen Previo fue que este jueves se resolverán los cuatro juicios que aún quedan pendientes: el de los gobernadores Roberto Albores Guillén y Tomás Yarrington, el del ex gobernador Jorge Salomón y el de la jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.
Dificultades en la Sección Instructora
Por otra parte, en la Sección Instructora, donde se analiza entre otros casos el asunto del desvío de recursos presuntamente cometido por el actual secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, los cuatro integrantes de esa comisión no saben cómo entrarle al asunto, y en su reunión de ayer acordaron que hoy esperan definir el procedimiento a seguir en los casos pendientes.
El presidente de la Sección Instructora, el panista Felipe Urdiola, manifestó que "hay dificultades en el procedimiento, todavía no lo podemos agotar; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es oscura, tiene imperfecciones y no precisa cómo se debe proceder en cada caso".
A su vez, el representante del PRD en esa sección dijo que el problema "no es el expediente del caso Espinosa, sino de qué manera vamos a resolver el problema, si vamos a establecer de facto fueros especiales".
Lo único que quedó claro es que no se encuentra de qué manera y en qué jurisprudencia u ordenamientos legales basarse para la declaración de procedencia y retirarle la inmunidad a los funcionarios públicos.