MIERCOLES 26 DE ABRIL DE 2000

Ť La negativa del organismo a difundir spots del IFE, motivo de la solicitud

Sancionar a la CIRT, pide Jaime Cárdenas

Ť Plantea promover juicio político a Diódoro Carrasco; no obligó a cumplir la ley, aduce el consejero

Alonso Urrutia Ť Las diferencias del Instituto Federal Electoral con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y la Secretaría de Gobernación salieron a relucir en una ríspida reunión entre consejeros electorales y representantes de los partidos políticos.

En ese encuentro, la coincidencia fue la gravedad que ha cobrado la negativa del organismo empresarial a difundir los spots del instituto, que amenaza con afectar el proceso.

Durante la reunión evaluatoria de la campaña promocional del IFE -realizada a instancias de la Alianza por México-, las posturas fueron encontradas.

Así, el consejero Jaime Cárdenas planteó la necesidad de superar la actitud indolente que ha tenido el instituto frente a la situación, emprender acciones legales contra la CIRT -por su negativa a acatar la ley- y promover un juicio político contra el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, por omisión en su obligación de hacer cumplir la normatividad.

La mayoría de los consejeros electorales respaldó el acuerdo que alcanzó el consejero presidente, José Woldenberg, con la CIRT, según el cual desde ayer debieron salir al aire los spots del instituto.

De igual manera, se consensó que en la sesión del Consejo General del IFE a realizarse mañana, los consejeros convoquen, mediante una declaración conjunta, a los concesionarios a acatar la ley, misma que apoyarían los representantes partidistas.

En ese contexto, el consejero electoral Mauricio Merino calificó de preocupante la situación mencionada, en la cual la CIRT se ha asumido como un actor político en el proceso, a partir de una diferencia en una interpretación jurídica.

Subrayó que, más allá de "protagonismos", lo fundamental es restituir el tiempo perdido al IFE a fin de que se reanuden las campañas promotoras de capacitación a funcionarios de casilla, porque son un "elemento fundamental" en la organización del proceso.

Manifestó que, a partir de una errónea interpretación jurídica, existe una postura política que incide -en una etapa "crucial" para el IFE- en la difusión de promocionales para capacitar a quienes estarán al frente de las 112 mil 500 casillas.

Hasta ahora, agregó, Gobernación no ha respaldado al organismo electoral en su demanda de que se difundan los mensajes del IFE, como lo dispone la ley.

Durante la reunión, la directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica, María del Carmen Alanís, presentó el informe de la difusión de spots televisivos tras el acuerdo alcanzado entre CIRT, Gobernación e IFE.

En ese informe se asevera que ni Televisa ni Tv Azteca han cumplido con el acuerdo y no han difundido un solo mensaje.

Sólo los canales 11 y 22 han acatado la disposición, aunque en horarios de poca audiencia. Según el monitoreo del órgano electoral, entre el 17 y el 20 de abril, cada uno de los canales difundió 15 anuncios del instituto.

Ante tal situación, Cárdenas demandó que el IFE deje a un lado su actitud indolente y exija el cumplimiento del estado de derecho. Consideró necesario impulsar acciones legales por la violación de diversas disposiciones, particularmente el Cofipe y la Ley de Servidores Públicos.

En entrevista, expuso que en el asunto se conjugan intereses políticos y comerciales. Acusó a la CIRT de mezquindad y voracidad, pues por un lado se beneficia de los 3 mil millones de pesos que gastarán los partidos políticos en anuncios electorales y, por otro, se niega a difundir el ejercicio democrático.

Indicó que eso es rehusar el acatamiento de la ley y es procedente denunciarlo por el incumplimiento del artículo 178 del Código Penal Federal, que señala la obligatoriedad de cumplir la ley.

Reconoció que ello sólo implicaría una sanción económica, pero serviría como precedente para que se acate la normatividad. En cuanto a Gobernación, estimó que su omisión en las obligaciones de hacer cumplir la ley es causal de un juicio político a Carrasco porque es una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.

Consideró que el instituto ha actuado tímidamente ante esta violación legal y es obligado actuar de manera más enérgica, pues se ha optado sólo por una solución política.

-ƑExiste algún interés político de la Secretaría de Gobernación?

-Es el mismo partido que está en el gobierno, y esto es una cuestión política. No hay interés de Gobernación para obligar el acatamiento de la ley.

Merino señaló que los consejeros están convencidos de que la interpretación legal correcta es la que garantiza la difusión de los spots del IFE por parte de la CIRT. Declaró que un asunto que en principio era de orden jurídico se ha vinculado a cuestiones de tipo comercial y político, con un impacto serio en las campañas promocionales de capacitación.

Expresó que, más allá de la polémica sobre los spots, es fundamental que se logre la restitución de los mensajes a la brevedad posible, pues estas campañas son cruciales para la buena marcha de los comicios.

Lamentó la falta de respaldo de la Secretaría de Gobernación que permita la difusión de la campaña de capacitación y a partir de mayo garantice la divulgación de los anuncios contra la coacción y la compra del voto, así como la promoción del derecho al voto libre y secreto.