Ana Esther Ceceña
ƑMilitarización de la UNAM?

Días antes de la nueva convocatoria del rector de la UNAM al diálogo con el CGH circuló en varios institutos y centros un desplegado propuesto por el Consejo Técnico de la Investigación Científica (CTIC) que sustancialmente decía: "...solicitamos al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad que provean a la UNAM con los cuerpos de seguridad necesarios para garantizar la integridad física de los universitarios y de sus instalaciones, hasta que la Universidad instrumente su propio sistema de seguridad (...) deseamos manifestar que asumimos plenamente la responsabilidad derivada de esta solicitud".

Esta confesión, de uno de los cuerpos colegiados más importantes de la UNAM, acerca de la imposibilidad de hacerse cargo de sus funciones preservando la autonomía universitaria es sumamente grave y tiende a cambiar los fundamentos de la vida y quehacer universitarios.

La autonomía universitaria no es en ningún momento negociable, pues es la base insoslayable del debate de ideas que requiere el desarrollo científico. Esta autonomía ha permitido durante un largo periodo histórico que en la universidad contiendan críticamente todas las corrientes del pensamiento y que generen nuevas posibilidades de interpretación y modificación de la realidad. Sin esa libertad de pensamiento y de experimentación es impensable la creatividad científica, y la formación de nuevos egresados se convierte en producción de repetidores sin capacidad de discernimiento, incapaces de resolver problemas no planteados anteriormente, o de resolver los viejos problemas con nuevos métodos.

Esta autonomía es la que ha permitido a lo largo de la historia mantener espacios de libertad y ejercicio democrático aun en los peores momentos de autoritarismo del régimen político, como ocurrió en 1968. Esa autonomía ha sido una permanente conquista de la razón y el pensamiento sobre la fuerza y la imposición. Y así ha contribuido a nutrir a la sociedad con innovaciones científicas de diferente tipo, pero también, como una de sus aportaciones mayores, a sustentar y profundizar sus procesos de ciudadanización.

El movimiento estudiantil de 1968, que ahora todos parecen reivindicar pero que en su momento muchos condenaron, se convirtió en uno de los más explosivos motores de este proceso de ciudadanización. Después de treinta años, en los que la restructuración neoliberal fue intentando arrebatar esos espacios --haciendo de los ciudadanos compradores y vendedores--, la reivindicación del 68 consiste en mantener la autonomía como baluarte de la libertad, de la soberanía y del pensamiento crítico, propositivo y científico. Como contribución a la construcción de un país de ciudadanos conscientes, con los mayores y mejores niveles educativos, pero también con sentido ético y humano.

El uso de la fuerza es contrario a todos estos principios, que son igualmente necesidades del trabajo universitario. Es una confesión de incapacidad y un enorme riesgo porque, ahí donde en vez de solucionar se imponen decisiones, es imposible discrepar y discernir, herramientas indispensables del trabajo educativo y científico.

Si la toma de la universidad por la policía militar el 6 de febrero está resultando tan costosa, si el encarcelamiento de los universitarios impide reconstruir el camino hacia la normalidad y el congreso, la militarización del campus, como propone el CTIC, equivale a su aniquilamiento.

Ni la introducción de cuerpos policiaco-militares en la universidad ni la introducción de cuerpos de seguridad privados. Las dos constituyen una violación a la autonomía e imposibilitan el trabajo universitario.

Y aunque los firmantes del documento asuman la responsabilidad de su petición, como aseguran, no pueden lesionar de esa manera el patrimonio cultural de la nación. Lo que urge, en cambio, es asumir la responsabilidad colectiva de la realización de un diálogo sin trampas entre los dos interlocutores del conflicto para poder avanzar hacia un congreso de todos. Evidentemente para que esto ocurra es necesaria la liberación incondicional e inmediata de los universitarios que aún están presos.

La invocación a la fuerza pública para garantizar la normalidad universitaria es la contrapartida de la atribución de peligrosidad social a los detenidos por el conflicto. Es un atentado contra la inteligencia y el espíritu universitario y una aclaración no pedida de la insuficiencia de los universitarios para gobernarse a sí mismos.