MARTES 25 DE ABRIL DE 2000
Ť Designan a Juan Díaz Romero como ministro instructor
Inició la Corte la fase de presentación de pruebas
Gustavo Castillo García Ť La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo federal que interpuso el gobierno capitalino, e inició la fase de presentación de pruebas.
Juan Díaz Romero fue designado ministro instructor y será el encargado de elaborar el proyecto de sentencia respecto a este juicio.
En el documento que da sustento a la demanda se señala que "sin fundamento se excluye materialmente" al gobierno capitalino como beneficiario del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, lo que impediría la realización de obras prioritarias para la ciudad.
El recurso legal fue admitido por la SCJN desde el pasado 10 de marzo y turnado al ministro Díaz Romero bajo el número de expediente 11/2000, y de acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación, ya se notificó a las partes e inició el procedimiento para la presentación de pruebas, tanto por parte del gobierno que encabeza Rosario Robles como el del Poder Ejecutivo federal, a cargo del presidente Ernesto Zedillo.
Se espera que la presentación de pruebas concluya a finales de mayo, ya que ambas entidades cuentan con 30 días hábiles para presentar sus alegatos a partir de la fecha en que fueron notificados de la admisión del recurso.
Sin embargo, en la SCJN aún no hay fecha para desahogar en el pleno el juicio 05/99 que formuló el gobierno capitalino durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas en 1999, en demanda de que el Distrito Federal sea partícipe de recursos del llamado Ramo 33, destinado a combatir la pobreza.
A este respecto, se debe mencionar que no existe un plazo perentorio para dictar sentencia acerca del recurso promovido en marzo pasado, aun cuando sí hay plazos definidos en la ley para la presentación y desahogo de las pruebas que aporten las partes en conflicto.
Por lo que hace a este juicio (11/2000), se reclama el contenido de los artículos 10 y 18 del decreto que fundamenta el Presupuesto de Egresos de la Federación que regirá durante el presente año, relativos al incremento en el pago de salarios a los miembros de sistemas de educación básica y normal, así como a los servicios de educación para adultos.
Asimismo, se impugnan las adiciones y reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 36 y 37, que fueron publicados el 31 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, que tienen que ver con solicitudes de financiamiento durante este año 2000.
El tercer acto reclamado se relaciona con el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal la distribución y calendarización de los recursos correspondientes al Ramo 33, que son aportaciones federales para entidades federativas y municipios.