LUNES 24 DE ABRIL DE 2000
* Amenaza resquebrajarse la alianza gobernante
Crisis en el gobierno argentino tras la represión del miércoles
* Intentan mafias desalentar una minirreforma policial, advierten * Urge relación interactiva entre el Estado y sindicatos: Pasquini
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 24 de abril * Una seria crisis se vive al interior del gobierno del presidente Fernando de la Rúa como consecuencia de la brutal represión policial contra grupos de trabajadores que intentaban ųel pasado 19 de abrilų protestar para evitar el voto favorable de una nueva ley de reforma aboral, que fue diferido para los próximos días.
Las hipótesis juegan a señalar que los graves episodios conforman, por una parte, un quiebre interno entre sectores progresistas y la derecha de la Unión Cívica Radical ųque con el Frente País Solidario (Frepaso) integran la Alianza gobernanteų, y por la otra, una advertencia de grupos de mafias policiales al nuevo jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, que intenta una minirreforma en esa institución. Ambas son altamente peligrosas.
El ministro del Interior, Federico Storani, del ala progresista de la UCR, indicó que fue el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathow, quien vigiló !=los hechos y fuentes policiales admiten que el funcionario siguió de cerca lo que estaba sucediendo en los alrededores del Congreso en la fatídica madrugada del pasado miércoles. Storani sostuvo que su orden fue colocar un vallado en el Congreso.
"Existía una orden de desalojo ųindicó Storanių donde estaba implícito que se iba a hacer por la fuerza. Ahora, todo lo que pasó después... estuvo excedido y es lo que estamos investigando y castigando. El desalojo no significaba perseguir manifestantes hasta 200 metros, sacar una navaja, contarle la campera a un manifestante o golpear a otros en el piso". Aunque asumió su responsabilidad y la "de todos" en los sucesos señaló que el seguimiento estaba a cargo de Mathow.
Deslindan responsabilidades
Por otra parte, el comisario Gustavo Carca de la seccional donde se produjeron los incidentes, deslindó responsabilidades y dijo que recibió orden escrita de la fiscal María del Carmen Giocco, "para lograr la libre circulación del tránsito en esa zona". Pero esto no bastaría para explicar la ferocidad con la que actuaron los uniformados, como advirtió también Storani quien no pareció ignorar la posibilidad de una vendetta interna policial.
La fiscal Giocco es la misma que en diciembre de 1999 mandó arrestar al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por "desobediencia" cuando acompañaba una marcha de jubilados, lo que finalmente no se concretó.
Ahora argumenta que envió la orden a la policía de actuar cuando vio (por televisión) que se estaba "obstruyendo la vía publica", pero negó que los hubiera enviado a golpear a los manifestantes. Una serie de notas e investigaciones de las últimas horas muestran el malestar de algunos jefes policiales que estaban complicados en hechos delictivos y que esperaban ascender a cargos más altos. Muchos de ellos cargan con sospechas por los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la sede mutual Amia, en 1994, como sucede con el comisario Carca.
El nuevo jefe de policía intenta una reforma y mayor profesionalización para sanear la institución surcada por la corrupción y delitos varios, y entre las primeras medidas dispuso retirar del departamento central de Policía dependencias como Homicidios, Investigaciones y la Guardia de Infantería. Santos ordenó sacar de los alrededores del departamento las dotaciones de carros de asalto y los Neptunos (camiones hidrantes), tras advertir que "no estamos en guerra".
También firmó la fusión de la Guardia de Infantería con la policía montada y su traslado a la sede de ésta, "lo que causó notorio malestar entre los oficiales del cuerpo", señala un analista, pero también ha mostrado no tener dudas a la hora de desplazar a policías corruptos descubiertos "con las manos en la masa".
En este tema, también De la Rúa carga con una pesada herencia, pero hay severas críticas a los hombres de seguridad, como Mathow o el secretario de Defensa, Ricardo López Murphy, quienes parecen seguir los mismos pasos de sus antecesores, ligando la materia seguridad a la política de EU. Incluso, en las últimas horas hubo un desmentido a una nota publicada por el periodista Horacio Verbitsky donde advertía sobre preparativos para volver a poner bajo control de las fuerzas armadas los posibles conflictos sociales.
Pide el PJ cesar al ministro del Interior
Navegando sobre estas contradicciones, el Partido Justicialista exige la destitución del ministro del Interior, mientras que la juventud peronista llama a levantar "una carpa negra" en protesta contra la represión, lo que nunca hicieron durante la década en que gobernó Carlos Menem. Los acontecimientos muestran jugadas políticas y también señales conspirativas, en medio de la campaña electoral para elegir el próximo 7 de mayo al nuevo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se impone Aníbal Ibarra de la alianza, seguido en segundo y lejano plano por el ex canciller y ex ministro de Economía de Menem, Domingo Cavallo, quien este día se pronunció por la no aprobación de la reforma laboral.
La represión dejó la amarga sensación de un momento político que podría derivar en resquebrajamientos de la unidad gobernante. Desde el primer momento algunos analistas advirtieron que se había colocado a gente del Frepaso, en "cargos fusibles" es decir muy difíciles de manejar si se tenía en cuenta el estado en que dejó el país el gobierno de Menem en áreas tan sensibles como las sociales o las de seguridad.
Federico Storani, si bien es un hombre de la UCR, también fue uno de los principales pilares de la alianza con el Frepaso y desde los graves sucesos que dejaron dos personas muertas en Corrientes a sólo horas de la asunción de su cargo, todo parece indicar que debe sortear obstáculos y trampas, que pueden colocarle fuerzas propias y ajenas.
La reciente campaña de prensa contra la ministra de Acción Social, Graciela Fernández Meijide, fue una muestra clara de ese combate que se libra en las sombras y de las consecuencias del enorme poder economico ųextendido al monopolio de medios de comunicaciónų que creó el menemismo en los investigados, pero nunca castigados "negocios de las privatizaciones".
Los favorecidos en estos negocios se convirtieron en empresarios fieles del gobierno de Menem, lo que también derivó en verdaderas mafias. Es inmenso el frente que se dibuja ante De la Rúa, pero también se advierten las debilidades oficiales.
Podrían resurgir grupos violentos
El jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, reconoció el viernes que la situación en el país "es muy delicada", advirtió que cuando esto sucede "hay realidades para que se dé el resurgimiento de grupos violentos", admitió que la herencia es muy pesada pero consideró que la población no se conforma con explicaciones sobre esto. Con todo, negó que pueda haber una conspiración antigubernamental.
Por su parte, José María Pasquini Durán, uno de los analistas más importantes del país, considera que "dadas las condiciones actuales, el Estado, los gobiernos y los sindicatos deberían reelaborar las condiciones de su relación interactiva y aun en los términos de representación".
Lo cierto es que el recalentamiento de la minicrisis de estos días también alcanzó a la figura del camionero Hugo Moyano, quien dirige la Confederación General del Trabajo (CGT) disidente de la central. Sostiene Pasquini que Moyano acusa de traición a los senadores peronistas (que debían votar la nueva reforma laboral) sin reconocer que esos mismos representantes abandonaron, desde hace una década el ideario justicialista y del mismo modo repudia a la alianza en bloque, "sin diferenciar a los miembros que están en la CGT disidente o son aliados directos de sus mismas reivindicaciones justicieras" recordando que fueron figuras de la alianza los más fuerte críticos en el Congreso a la nueva reforma laboral.
Advierte también que existe una "percepción anacrónica" del gobierno sobre el conflicto social, que "lo envuelve en versiones conspirativas de la realidad y activa sus reflejos represivos hasta el abuso de autoridad. Dos muertos en Corrientes y una docena de heridos de bala en los alrededores del Congreso, en solo cuatro meses de gobierno, son suficientes señales de alarma".
Igualmente detaca la contradicción entre la reticencias del ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores a dar trámite a los requerimientos del juez español Baltasar Garzón en los expedientes las graves violaciones a los derechos humanos y el genocidio de la última dictadura militar, lo contrasta con la posición de rechazo a la extraterritorialidad y el voto contra Cuba en la ONU, que resulta así "incomprensible ya que se trata de un acto de extraterritorialidad innegable, típico de la guerra fría que rompió la tradicional abstención del radicalismo".
El embajador de Cuba Nicolás Rodríguez salió este domingo del país, por disposición del gobierno cubano, como una señal de protesta ante la actuación argentina en la ONU. Y esto también ha creado un terremoto interno.