DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2000

Ť De 1997 a la fecha ha incrementado los puestos castrenses de 197 a 300

Cierra el gobierno el cerco militar en torno al EZLN

Ť A esa presencia se suman 300 sitios de Seguridad Pública y de las policías Judicial federal y local

Andrea Becerril / I Ť De manera sistemática, sin detenerse, el gobierno federal ha ido cerrando el cerco policiaco militar en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Si para 1997, tres años después de la aparición del grupo rebelde, había 197 puestos militares, entre bases, cuarteles, campamentos y retenes, en la actualidad hay ya 300 puntos de la geografía chiapaneca con presencia de soldados, algunos de ellos acampando dentro de las propias comunidades indígenas, invadiendo escuelas, parcelas o talando la riqueza boscosa de la selva lacandona.

Muy lejos del discurso de paz gubernamental avanza la ocupación militar del territorio indígena. Tragedias como la de Acteal, en diciembre de 1997, han servido de pretexto a las autoridades para incrementar sus efectivos castrenses. Así, después de la matanza de Chenalhó, en la zona de los Altos, se instalaron 20 campamentos del Ejército Mexicano y en agosto del año pasado, el reposicionamiento de éste se enfocó hacia la selva, pues después de los incidentes en la comunidad de Amador Hernández se levantaron otros 30 campamentos en el área de Montes Azules.

A la impresionante base militar de San Quintín, instalada en plena selva lacandona y en contraste con la pobreza de las comunidades vecinas, se sumará un nuevo campo de adiestramiento del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, en el municipio de Maravilla Tenejapa, a un lado de Las Margaritas y debajo de Ocosingo, acercándose a La Realidad.

El proyecto pronto se echará a andar, toda vez que en marzo pasado se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación el decreto del presidente Ernesto Zedillo por el cual se expropian 30 hectáreas de uso común de ejidatarios de Maravilla Tenejapa -a quienes, por ciento, se ofrecen pagos de 2 mil pesos por hectárea- para edificar otra fortaleza militar.

A esa militarización de Chiapas se suma además la también fuerte presencia policiaca, toda vez que se han instalado otros 300 puestos de Seguridad Pública del estado, de la Policía Judicial federal y local, de la Policía de Caminos y de Migración, corporaciones que trabajan conjuntamente con el Ejército.

Testimonios de investigadores y ONG

Este es el panorama que encontraron legisladores e integrantes de la sociedad civil que el pasado fin de semana llevaron a cabo un recorrido por tres puntos de la zona de conflicto. "Estamos realmente preocupados después de lo que vimos, de los testimonios y la información que recibimos de investigadores y organismos no gubernamentales que han seguido de cerca el conflicto, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Global Exchange o el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, AC (CIEPAC), comentó el senador del PRD, Carlos Payán Velver.

Resaltó que en las áreas de influencia del EZLN se han concentrado 600 puestos militares y policiacos, además de los grupos paramilitares "que siguen actuando de manera conjunta, coordinada e impune, como se pudo corroborar en el ejido Taniperla y que pueden provocar nuevos estallidos de violencia, similares al de Acteal".

El legislador relató que les tocó comprobar cómo los militares asumen tareas policiacas y de agentes de migración, ya que actúan de manera coordinada con los muchos cuerpos de seguridad que hostigan a la población indígena.

Payán advirtió que se trata de una "guerra de baja intensidad" para acabar con los zapatistas, establecida de manera sistemática por el gobierno federal. Con la evaluación del legislador integrante de la Cocopa coindicen el senador Mario Saucedo y los diputados Gilberto López y Rivas, Samuel Lara Villa y Fabiola Gallegos, participantes en la visita a Amador Hernández, Acteal y Taniperla, conjuntamente con los académicos Luis González Souza y Fátima Fernández, el periodista Carlos Fazio, el ceramista Hugo Velázquez y Gustavo Castro, de CIEPAC.

Dan el golpe; avanzan y no se repliegan

Castro, conjuntamente con Onésimo Hidalgo, es autor del libro La estrategia de guerra en Chiapas, una invesigación basada en las denuncias públicas y documentos del archivo histórico de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que van del 12 de febrero de 1994 hasta el 28 de noviembre de 1998, en que su presidente, el obispo Samuel Ruiz, decidió disolverla.

Es decir, precisa Gustavo Castro, se trata de un diagnóstico de la situación, elaborado con base en lo vivido por uno de los actores del conflicto que estalló el primero de enero de 1994: por "la voz de los sin voz, los mismos indígenas y campesinos" que sufren a diario la presencia militar y policiaca y las agresiones de los paramilitares.

En entrevista, el investigador resalta que de manera dual, el reposicionamiento militar en Chiapas ha venido acompañado de las "supuestas propuestas de paz del gobierno". Esa ha sido la táctica de las autoridades, agrega, después de la firma de los acuerdos de San Andrés y la más reciente fue en agosto de 1999, cuando hubo muestras de rechazo de diversos sectores de la sociedad por la incursión militar en esta comunidad tzeltal de la selva lacandona.

"Dan el golpe, meten al Ejército, avanzan, pero nunca se repliegan, como ocurrió en Amador Hernández, donde el destacamento militar se quedó y levantaron además más campamentos en toda la zona de Montes Azules", agrega Castro y resalta asimismo que paralelamente a ello, en septiembre la Secretaría de Gobernación da a conocer la Carta Abierta al EZLN, que publicitó ampliamente como una nueva propuesta de paz.

Sin embargo, en la misma "ni siquiera se mencionan los temas del Ejército y los paramilitares", resalta a su vez el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en un informe presentado en abril del año pasado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En el documento, el organismo resalta que el gobierno mexicano se mantiene "ciego y sordo" ante las recomendaciones de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Mary Robinson, y a su sugerencia de que redujera la militarización en Chiapas, como un signo de buena voluntad, toda vez que en 1999 el Ejército Mexicano emprendió nuevos avances en comunidades indígenas de la selva lacandona.

El preludio de ello, precisa el organismo con sede en San Cristóbal de las Casas, fue la incursión al ejido Nazareth, también en Ocosingo, el 4 de junio de 1999. En el operativo, realizado para instalar un campamento en el patio de la escuela de la comunidad, participaron 700 efectivos del Ejército, Seguridad Pública y la PGR. "Los militares exigieron a las autoridades del ejido la firma de un documento donde manifestaran su acuerdo con la presencia de los soldados, pero los indígenas no aceptaron".

Después, del 4 al 10 de junio, se realizaron incursiones en las comunidades de El Censo, San José Betania y Francisco Villa, todas del municipio de Ocosingo y en Santa Lucía, La Trinidad y Rosario Río Blanco, en el de Las Margaritas. "El momento grave de las confrontaciones que provocó el avance militar fue la instalación de un campamento castrense en los terrenos ejidales de Amador Hernández, una de las puertas de entrada a la reserva de la biosfera de Montes Azules", detalla el Fray Bartolomé en su informe a la ONU. En el mismo da cuenta de varias denuncias de indígenas por agresiones sufridas a manos de los militares.

En tanto, en Amador Hernández continúa el movimiento de resistencia a la presencia de los soldados, que siguen ahí, después de ocho meses. No son los únicos amenazados por esa "guerra de baja intensidad", como la definió el senador Payán, o esa "estrategia de guerra", en palabras de los investigadores de CIEPAC.

Además de los 600 puntos policiacos y militares que buscan cerrar la pinza contra el EZLN, 32 comunidades asentadas alrededor de la reserva de Montes Azules, 12 de ellas integrantes de la ARIC independiente, fueron notificadas por una comisión intersecretarial en la que participan Gobernación, Semarnap y otras, de que deben desalojar esa zona, reveló Gustavo Castro.

Se les plantea reubicarlas, con indemizaciones ínfimas y con la excusa de que deterioran el ambiente. Algunas de filiación priísta ya aceptaron, las demás no, pero en realidad, "es obvio que lo que se busca es aislar al EZLN para que se pueda cerrar el cerco militar", señaló el senador Payán Velver.