SABADO 22 DE ABRIL DE 2000
Por el derecho a la justicia
* Miguel Concha *
Familiares de Pedro Peredo Valderrama y organismos defensores de derechos humanos, como los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC, por la Justicia y de Derecho Internacional (CEJIL), así como Human Rigths Watch, iniciaron desde hace siete años en foros nacionales e internacionales una ardua lucha por el derecho a la justicia y contra la impunidad.
El 20 de diciembre de 1986 Pedro Peredo Valderrama fue asesinado en un barrio de Xochimilco. Sus agresores, los hermanos Sergio, Pedro e Israel Aguilar Díaz, lo golpearon salvajemente y, estando ya inconsciente en el suelo, le dispararon en tres ocasiones. Desde ese momento los responsables gozaron del encubrimiento de las autoridades para no ser detenidos, pues la libertad con la que se movían llevó a la sospecha fundada de que estaban siendo apoyados por sus tíos, en ese entonces diputados del PRI.
Dicha protección permitió que durante diez años no se cumplieran las órdenes de aprehensión que se habían girado en su contra.
Después de hacer uso de diversos recursos legales internos y de haber sido sometidos a una serie de amenazas y denuncias penales, los familiares de Peredo Valderrama decidieron en 1993 acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la investigación del caso y el respeto a su derecho a la justicia.
El 15 de enero de 1995 se inició el proceso de solución amistosa, con el que se logró el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en junio de 1996. Sin embargo, el derecho a un juicio justo seguía pendiente, y no se encontraba debidamente garantizado.
La CIDH continuó conociendo el caso y brindando protección a la familia Peredo, ya que las amenazas y todo tipo de denuncias en su contra continuaron.
Contra todo derecho, y aprovechando los días feriados de Semana Santa, el 21 de abril de 1998 el juez 32 de lo penal dictó sentencia absolutoria en favor de los responsables Sergio y Pedro Aguilar, por lo que se apeló, y el 5 de junio de 1998 la décima sala del Tribunal Superior de Justicia revocó esa sentencia, imponiéndoles respectivamente 30 y 22 años de prisión. Los sentenciados interpusieron entonces un amparo, que tardó en resolverse para efectos dos años.
Pese a todos los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos y de la familia Peredo, el gobierno mexicano continuó realizando actos que dificultaron el derecho a la justicia. Fue así como, el 24 de febrero de este año, la CIDH emitió el Informe 3/00, en el que recomienda:
a) la investigación completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de los autores del asesinato; b) investigar y sancionar en su caso a las autoridades que hayan impedido la investigación, y c) reparar adecuadamente el daño a los familiares por las violaciones a sus derechos humanos señaladas en el informe.
Dentro del periodo señalado para que el gobierno mexicano brindara su respuesta a la CIDH, la licenciada Rosario Robles, jefa de Gobierno del Distrito Federal, mediante oficio número 1008, de fecha 20 de marzo de 2000, informó que, pese a no haber sido notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debía suceder, expresaba su voluntad de darle cumplimiento.
Sin embargo, el 31 de marzo del año en curso la CIDH informó a las organizaciones y a la familia Peredo que el gobierno mexicano había enviado una comunicación, en la que señala que "el Estado considera que es procedente el archivar el caso...". Los argumentos son de todos conocidos, pero en el fondo, cuando se trata de proteger los derechos humanos, siempre se argumenta la soberanía, a pesar de más de diez años de impunidad.
Si bien este informe corresponde a hechos ocurridos en administraciones anteriores, confiamos en que el gobierno actual del DF sí cumplirá, a pesar de todo, las recomendaciones de la CIDH, como sucedió en el caso de Manuel Manríquez San Agustín, en el que por primera vez un gobierno local sentó precedente, al cumplir una recomendación de la CIDH.
Por segunda ocasión el Gobierno del DF tiene en sus manos el poder ratificar el compromiso adquirido con la ciudadanía, de proteger los derechos humanos, garantizando a la familia Peredo Valderrama su derecho a la justicia. *