JUEVES 20 DE ABRIL DE 2000

* Lo ocurrido a Paulina llama a la reflexión: ONG


Llevarían ante la CIDH el caso de la menor a la que se impidió abortar

* Las declaraciones de algunos prelados, poco cristianas, dicen

Claudia Herrera Beltrán * Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres no consideran finiquitado el caso de Paulina, la adolescente que hace seis días dio a luz un bebé producto de una violación, y que no pudo abortar por presiones de autoridades panistas del gobierno de Baja California. La agrupación Católicas por el Derecho a Decidir informó que si los responsables no son castigados varias ONG presentarán una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Consuelo Mejía, dirigente de este movimiento que surgió en Estados Unidos en 1973 y comenzó a operar en México en 1994, dijo en entrevista que lo sucedido en Mexicali debe llamar a la reflexión, porque es un indicio de que en nuestro país es necesario reafirmar el carácter laico del Estado, para evitar que grupos conservadores en el poder modifiquen las políticas públicas atendiendo a sus intereses personales.

Ha transcurrido casi una semana del nacimiento del bebé de Paulina y el tema provoca aún polémica. Sobre las declaraciones del obispo de Tijuana, Rafael Romo, en el sentido de que si la niña no quería tener al bebé lo podía regalar a la diócesis, consideró que son aseveraciones poco cristianas, irrespetuosas de la dignidad de una niña violentada contra su voluntad y que dan cuenta de una "concepción de la mujer como simple receptáculo de procreación".

Mejía, quien representa a un movimiento inusual en nuestro país, porque agrupa a feministas católicas, consideró que tanto las aseveraciones del prelado como las del ministro de Salud del Vaticano, Javier Lozano Barragán, rayan en lo inhumano, porque omiten los derechos de la adolescente con tal de mantener una enseñanza moral.

Esta organización ųque no es bien vista por la jerarquía católica tradicional pero recibe apoyo de tendencias progresistas del catolicismo, como la teología de la liberaciónų consideró que es grave que funcionarios públicos bajacalifornianos hayan antepuesto sus valores personales, cuando su obligación era canalizar a la muchacha a instancias comprometidas con la salud de las mujeres y que prestan servicio de aborto legal.

Partidos de derecha como Acción Nacional pueden ser respetuosos del estado de derecho, pero sin permitir como ha sucedido en algunos casos, que la agenda moral conservadora de la iglesia católica se imponga en las políticas públicas, dijo.

Añadió que no es la primera vez que sucede algo así en México. Recordó que ha habido tres intentos de cambiar leyes para reformar las constituciones estatales y que en el caso de Chihuahua se cumplió al mandatar la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

Ante los riesgos de que esto se convierta en una norma, anunció que organizaciones no gubernamentales encabezadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) no cejarán hasta que los responsables sean castigados y que cumplan con su promesa de ayudar a la niña a cambio de que no abortara.

Sin embargo, aclaró: "Nosotras no quisiéramos que hubiera abortos en México, pero tienen que practicarse mientras existan embarazos no deseados que causan muertes y la mancillación de la dignidad de la mujer".

Agregó que no coinciden con la jerarquía católica conservadora que limita el derecho a la educación sexual en ámbitos formales y prohíbe el uso de anticonceptivos, pues de esa manera contribuye a que se produzcan embarazos no deseados.

La historia de Paulina, expuso, es una oportunidad para que se abra un diálogo entre todos los sectores de la sociedad sobre la necesidad de programas de orientación sexual desde los primeros años escolares, de campañas sobre uso y acceso de anticonceptivos modernos, así como del derecho que tienen las mujeres a tomar sus decisiones.