Emilio Pradilla Cobos
Los responsables del desorden
Dando una muestra más de su oportunismo electorero, los candidatos de PRI y PAN a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Jesús Silva y Santiago Creel, quieren culpar al Gobierno del DF y al PRD de las frecuentes marchas, mítines y plantones que desquician el tránsito y limitan la movilidad de los capitalinos. Lo primero que hay que constatar es que en los 28 meses que lleva esta administración, se ha reducido en forma significativa el número de movilizaciones callejeras que se llevan a cabo diariamente, gracias a que abrió muchos canales de diálogo y concertación con los habitantes, que no existían en el periodo anterior, de verticalismo y autoritarismo priístas.
Si revisamos la información, es evidente que la mayor parte de las movilizaciones recientes que han tenido impacto negativo sobre la movilidad de los capitalinos -automovilistas y usuarios de transporte público de superficie-- nada tienen que ver con problemas específicos de la capital y sus autoridades; por lo contrario, se originan en problemas no resueltos por el gobierno federal priísta o por gobiernos de otras entidades de la República.
Esas manifestaciones públicas más problemáticas han sido: las del conflicto de la UNAM, institución federal autónoma, donde la política de las autoridades educativas federales y sus representantes en rectoría -los dos rectores llegaron desde puestos de primer nivel en el gobierno federal--, ha llevado a un prolongado conflicto sin visos de solución, con intervenciones inaceptables de la Policía Federal Preventiva; el de la regularización de los automóviles introducidos ilegalmente en el país, entre la UCD y las secretarías federales de Comercio y Hacienda; el de los productores de leche, que protestan por la masiva importación del producto, que los condena a la ruina y que tiene que ver con la indiscriminada liberación del comercio de productos agropecuarios impuesta por los gobiernos de Salinas y Zedillo; los pequeños deudores de la banca, expropiados por la usura de los banqueros, quienes en cambio se apropian del trabajo de todos los mexicanos gracias a que el PRI-gobierno y el PAN convirtieron en pública su gigantesca deuda privada en el Fobaproa; los jubilados del IMSS y del ISSSTE, entidades federales, sometidos a la miseria por la política de pensiones del gobierno federal; y así podríamos seguir la lista.
Entre los conflictos locales figuran algunos donde es obvia la presencia desestabilizadora del PRI-DF, como los causados por Antorcha Popular y las organizaciones de ambulantes controladas por el partido de Estado. La alianza de facto PRI-PAN, y los medios de comunicación a su servicio, han exigido siempre la intervención de los cuerpos de seguridad del DF, con el objetivo no explícito de que haya represión y violencia y, entonces, acusar al GDF por estos hechos. Pero han fallado ante la actitud de éste, de respeto irrestricto al doble derecho ciudadano de libre circulación y libre manifestación, buscando el diálogo y la concertación con los actores; y al mismo tiempo, su clara diferenciación de funciones y jurisdicciones con el gobierno federal. El PRI, acostumbrado a gobernar autoritariamente la capital desde la silla presidencial, no puede entender ni aceptar estas reglas de la democracia.
Pero hay otra razón de fondo para culpar al PRI-gobierno federal y su aliado, el PAN, de la conflictividad urbana. El neoliberalismo salvaje impuesto a los mexicanos desde 1983 por esos partidos, que sus actuales plataformas electorales amplían y profundizan, mantiene a 58 por ciento de los mexicanos en la pobreza o la "ultrapobreza", según el Banco Mundial. Esta mayoría de la población, excluida, empobrecida y carente de todo, tiene ante sí a un régimen político autoritario, que no abre espacios de diálogo ni participación democrática, que somete a la nación a los intereses del gran capital monopólico nacional y trasnacional, sobre todo financiero especulativo, y utiliza a muchos medios de comunicación, en particular los televisivos, para descalificar, condenar y perseguir a todo movimiento social popular que cuestione al régimen político y su modelo económico, y demande satisfacción a sus necesidades.
No hay duda que la protesta de los pobres y excluidos del país seguirá manifestándose en la capital, sede del poder presidencial centralizador, mientras no haya democracia plena, instancias participativas de diálogo y negociación, y una política de desarrollo económico y social que ponga en primer plano la satisfacción de las necesidades de empleo, ingresos, infraestructura y servicios sociales para todos, sobre todo los excluidos y pauperizados.