Luis Linares Zapata
Acosos

LA SEMANA MAYOR será el último paréntesis en la reñida campaña electoral en curso. Al fin de ella se entrará, de lleno, en la recta final y, a lo que muestran las encuestas publicadas, el resultado a nivel nacional todavía no se ha definido con claridad. En el Distrito Federal, en cambio, el real epicentro de la batalla por el poder, los momios, los sondeos, el pulso de la calle y la opinión expresada en medios parecen inclinarse a favor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El posible triunfo de este candidato del PRD les permitirá dar el impulso que la campaña de Cárdenas está requiriendo a gritos. Así las cosas, las acciones desesperadas que por estos días se intentan cuajar, dentro de esta lucha sin cuartel por la ciudad, posiciones y millones de votos, pueden ser los momentos estelares antes de apretar el paso rumbo a la meta del 2 de julio, ya tan próximo como nublado.

Tres son los terrenos donde se desarrolla el serio pleito por la apetitosa y crucial jefatura de Gobierno. Uno, el que puede haber sido el detonador del forcejeo y que los electores contemplan azorados, fue la demanda entablada contra Oscar Espinosa Villarreal (OEV) por el procurador del DF; 420 millones gastados de 95 a 97, no se han podido comprobar debidamente. 134 de ellos ya fueron devueltos, en efectivo, por el oficial mayor prófugo, pero son parte de las desviaciones indebidas. A este juicio de procedencia para desaforar a un secretario de Estado, cosa inaugural y además ejemplar de la división de poderes, se le adhirió el segundo episodio: la súbita como prefabricada retractación del ya famoso cocinero de Amezcua (el de las anfetaminas) y principal testigo en el asesinato de Paco Stanley, el locutor de la bolsa y sangre con cocaína. Y, como postrer platillo de última hora, vemos cómo se trenzan en un pataleo ardoroso tres partidos (PAN y PARM, capitaneados por el PRI) para demandar la cancelación de la candidatura de AMLO. El quid de la cuestión son los cinco años de residencia efectiva en la ciudad de México que, a su parecer, el perredista puntero no ha podido comprobar fehacientemente.

El aspecto netamente jurídico del caso bascula hacia el lado del perredista, tanto por lo que el código de procedimientos define por residencia, como por el comprobante extendido por la delegación Coyoacán, el mismo que Silva Flores utiliza para probar la suya. Desde el ángulo político, este verdadero acoso a AMLO se convertirá, con toda seguridad, en detonante para robustecer la penetración de su candidatura entre los defeños.

En lo tocante al caso de OEV, tres son los campos donde se desarrolla el combate: el jurídico, que espera ser desahogado en los tribunales y que puede prolongarse por meses; el electoral, que se despliega en el ámbito público y donde el procurador del DF es pieza clave, y el político, que ya tomó cuerpo en la Cámara de Diputados. Este último, el de naturaleza meramente política, es el que mejor relata el esfuerzo por llevar no sólo a un destacado miembro del equipo principal de Zedillo ante la justicia, sino que, por su misma intervención decidida, tocará al Presidente que lo defendió, a las formas con que opera el priísmo, a sus candidatos y, por derivación obligada, a gran parte del sistema de poder imperante. En este preciso apartado legislativo, el PRD y sus diputados han logrado varios puntos a su favor. Alinearon a toda la oposición frente al PRI para arrebatarle la sección instructora que marcará los trámites del juicio; acortó los tiempos de 90 días a 60 y, hasta lo que se sabe, es posible que lo reduzcan a sólo 10. Si este es el término asentado cabría entonces llevar la discusión al pleno de la Cámara para finales de este turbulento mes, y donde la oposición formada tiene mayoría. Todo este cronograma asegura que la vulnerabilidad de OEV continúe siendo explorada delante de la ciudadanía y se tenga, por consiguiente, una expresión electoral entre la atenta ciudadanía citadina.

Queda, sin embargo, la fase oscura de los acosos que se dan en estos momentos. Se intenta con ellos poner en evidencia el trabajo y las intenciones justicieras del procurador Del Villar y desacreditar así sus investigaciones. Tan insigne personaje no ha dudado en resistir a, cuando menos, siete u ocho frentes de discusión o ataque que se le han abierto. El presidente Zedillo es uno de ellos, el de mayor envergadura. Viene a continuación la Segob y su secretario, que no encontró nada apetecible para los jueces al revisar el cuerpo del delito integrado contra OEV; el arzobispo Rivera, que puso su granito de duda para nada metódica y sí electorera; la CDHDF y su insistente como apoyada demanda por la libertad de una acusada; Tv Azteca y su empeñosa campaña contra los perredistas, que ha colaborado a desplomar sus ratings, el gobierno poblano con sus apoyos indebidos a un prisionero y, por último, el director de Reclusorios de Segob, el insigne y mal recordado señor Yunes, el de los travestis tan veracruzanos como ''espontáneos'' que le envió a Cárdenas en el 94. Tantos polos de acoso a un solitario procurador facilitan la imagen de un frente premeditado e increíble, concertado e ilegítimo. Afortunadamente, todo este panorama desolador se podrá atemperar con la inminente elección, pero quedarán serias heridas en el cuerpo social.