UN SORTEO QUE GENERA SOSPECHAS
Ayer, tras celebrarse un sorteo -procedimiento que cabe calificar, por lo menos, de insólito- para asignar a los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados la redacción de los proyectos de dictamen correspondientes a cada una de las solicitudes de desafuero que actualmente se encuentran en trámite, la suerte aportó un resultado inquietante: corresponderá al diputado priísta Miguel A. Quirós Pérez la elaboración del dictamen sobre la procedencia de anular la inmunidad que goza el secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal.
Tan pronto como el azar entregó a Quirós Pérez el expediente de Espinosa -funcionario sobre el que pesan acusaciones de peculado por 420 millones de pesos-, tanto el legislador priísta como los representantes ante la Sección Instructora del PRD -Alvaro Arceo Corcuera- y del PAN -Felipe Urbiola Ledezma- se apresuraron a señalar que esta circunstancia no deja el caso del ex regente capitalino en las manos del PRI ni supone sujeción alguna de los legisladores a los criterios de Quirós Pérez.
Ciertamente, todos los proyectos de dictamen que sean formulados en el seno de la Sección Instructora tendrán, para adquirir sustento legal, que ser aprobados por la mayoría de sus integrantes. Por ende, el documento que Quirós Pérez redacte no tendrá validez de manera automática. Sin embargo, el hecho de que sea un diputado del PRI el encargado de analizar las imputaciones en contra de Espinosa Villarreal genera sospechas entre la sociedad y supone un posible riesgo para la credibilidad, la transparencia y la imparcialidad que amerita este tipo de indagaciones, máxime cuando se ha comprobado el descarado arropamiento que -pese a la gravedad de las acusaciones- numerosos legisladores y funcionarios priístas han brindado al actual secretario de Turismo.
Ante esta situación, cabe exhortar a los integrantes de la Sección Instructora a que se desempeñen -durante la elaboración y validación del dictamen sobre la procedencia de retirar el fuero al ex regente- con un rigor escrupuloso y con estricto apego a la ley y a que se mantengan especialmente alertas para prevenir que en este proceso se produzcan dilaciones, distorsiones o encubrimientos con el fin de impedir la cabal aplicación de la justicia.
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