Bernardo Bátiz Vázquez
Dos pesos, dos medidas para las candidaturas

EN TIEMPOS NO MUY lejanos, los partidos políticos de oposición denunciaban, sin éxito, que candidatos sin derechos claros fueran postulados por el Partido Revolucionario Institucional a cargos de elección popular, violando la ley o, cuando menos, sin acreditar plenamente el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas.

Recuerdo tres casos históricos:

Bajo el gobierno de Luis Echeverría Alvarez, y por capricho de él, el destacado escritor, novelista de la Revolución Mexicana, Martín Luis Guzmán, fue candidato oficial para el Senado por el Distrito Federal.

En vano la oposición acreditó que el escritor había adoptado años atrás la nacionalidad española, renunciando con ello a la mexicana, no sin antes haber perdido la ciudadanía por servir al gobierno de Manuel Azaña.

Otro caso:

La primera gobernadora que hubo en México, doña Griselda Alvarez Ponce de León, lo fue si no mal recuerdo con alguna manga ancha en el criterio exigido por la Constitución del estado de Colima.

Un último ejemplo que pongo -entre muchos otros- de esta actitud más bien burlona de la ley, lo fue el del señor Mario Ramón Beteta, quien sin ser nativo del estado de México, ni tener vecindad en esa tierra, fue candidato a gobernador y luego gobernó el estado, fundado en lo que el periodista del Partido Acción Nacional, Gerardo Medina, llamó con mordacidad el jus-ranchi, porque este personaje tenía o tiene algunas propiedades, rurales o industriales, en jurisdicción de la entidad que gobernó.

Hoy, los tiempos nuevos hacen que los prepotentes de antaño sean los quejosos de hogaño.

Priístas y panistas objetan la candidatura de Andrés Manuel López Obrador porque, según dicen, no cumple con los requisitos del artículo 122 constitucional, que se refiere en su base segunda, párrafo segundo, precisamente a esos requisitos.

El candidato nació en el estado de Tabasco, pero estudió, ha vivido y trabajado en esta ciudad capital, que tanto se caracterizó por su hospitalidad con los mexicanos de los estados de la Federación, no en balde es la ciudad de todos.

La objeción pretende sustentarse en que Andrés Manuel López Obrador fue candidato a gobernador por su estado natal, por lo que dicen que con ese motivo solicitó una constancia de residencia en Villahermosa, que sus detractores presentaron sorpresivamente a medianoche en la reunión del Consejo local del Instituto Federal Electoral (IFE), pretendiendo sorprender a los consejeros.

Afortunadamente, este órgano dio mayor valor probatorio a los documentos que acreditan la vecindad de tiempo atrás del candidato, quien ha agregado además el argumento lógico que no ha sido respondido: si para ser candidato en Tabasco no requiere más que su acta de nacimiento, Ƒpara qué pudiera haber solicitado una constancia de vecindad en Villahermosa? La respuesta es ''para nada'', de nada le serviría a él, por lo que se colige que el documento presentado fue preconstruido, elaborado a petición de sus contrincantes y no a petición del interesado, ni con base en hechos reales.

Un buen juez tendrá que tomar en cuenta lo irregular de esa prueba y lo claro de las que acreditan el domicilio del licenciado López Obrador en México, entre ellas, la documental pública que acredita que su domicilio está instalado desde hace muchos años en la delegación Coyoacán.

Serán las pruebas y las razones que tome en cuenta el tribunal, lo que resuelva este tropiezo, pero el plebiscito convocado es, sin duda, una respuesta política a las dos formas contradictorias que adoptan los priístas en estos asuntos: con los amigos, manga ancha, con los rivales políticos, rigidez extrema y procedimientos inquisitoriales.