Luis Hernández Navarro
Nuestro viacrucis

La vida política nacional se ha enrarecido y descompuesto de manera alarmante. Con celeridad se ha desintegrado la ya de por sí erosionada cohesión social; se han desbordado los movimientos populares y se han desnaturalizado los canales institucionales para la resolución de conflictos. Nada indica que se trate de una situación pasajera.

En unos cuantos meses se han sucedido denuncias por corrupción en contra del hoy secretario de Turismo, iniciativas para invalidar el registro como candidato a jefe de Gobierno del DF de Andrés Manuel López Obrador, maniobras para exculpar a los presuntos responsables del asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, conversión de las televisoras en Ministerio Público, campañas para desacreditar a Samuel del Villar, propuestas de juicio político en contra de Rosario Robles, dos entradas de la policía a la UNAM y la detención de los dirigentes del movimiento estudiantil, la degradación de los organismos de defensa de los derechos humanos, el incremento de la violencia asociada al narcotráfico, la aparición pública de dos nuevas organizaciones guerrilleras, el soborno a diputados opositores para que se incorporen a la bancada del PRI, el trasiego de militantes del partido del gobierno al PAN, y la intensificación de las protestas de productores de leche, frijol, café y granos básicos.

Muchos de estos problemas están enmarcados y condicionados por la coyuntura electoral; aunque formalmente no tienen que ver con las disputas entre candidatos, buscan deslegitimar o entorpecer el quehacer de los actores de la contienda. Otros, en cambio, reflejan con claridad la crisis del sistema de partidos realmente existente, la falta de canales institucionales para la resolución de conflictos y la desvinculación creciente de los institutos políticos de los movimientos sociales emergentes.

La mezcla es explosiva: partidos fragmentados y carentes de credibilidad, un pleito a muerte dentro de la elite política, así como la incapacidad de ésta para representar e incluir a los nuevos damnificados sociales, y la emergencia de los siempre excluidos; todo ello apunta tanto a la desintegración del sistema como a la pretensión de mantener una cierta cohesión por la vía autoritaria.

La contienda electoral es el terreno natural de confrontación y encono entre partidos y candidatos; en ella se disputa el acceso a la representación política. Por más civilizada e institucional que sea la competencia es lógico que las pasiones entre los adversarios se desborden. La sucesión presidencial en México no tiene por qué ser la excepción. Lo que no resulta sensato es que el precio a pagar por ello sea desmantelar el entramado institucional encargado de regular la contienda.

En un país en el que la corrupción, el involucramiento con el narcotráfico y la falta de ética de una parte significativa de la clase política son una constante, sería un absurdo hacer a un lado la denuncia personal y limitarse a dar a conocer propuestas programáticas. Si la disputa por el poder es en serio y hay un evidente hartazgo en muchos sectores de la población con las maneras de gobernar y la conducta de los funcionarios públicos sería un absurdo hacer a un lado las acusaciones en su contra.

Una campaña electoral así tiene, sin embargo, dos costos evidentes. El primero es desacreditar el conjunto de la actividad política dejando a salvo sólo a personalidades. El segundo es que la respuesta a este desafío por parte de quienes ven amenazados sus intereses será, cuando menos, del mismo tamaño de lo que está en disputa. Ambos los estamos pagando ya.

Por vez primera en décadas el resultado final de los comicios es incierto y hay posibilidades reales de alternancia en el poder. No obstante, esta opción no se ha traducido aún en grandes movilizaciones electorales ni en la creación de un estado de ánimo masivo a favor del cambio. La duración y el bajo nivel de las campañas, el secuestro de las candidaturas al Congreso por los aparatos partidarios en detrimento de las representaciones ciudadanas y la falta de credibilidad en los procedimientos electorales han provocado cierta fatiga electoral.

Y mientras los candidatos compiten en evidente desigualdad por el voto de los electores, la policía entra a la UNAM ante la indignación de la mayoría de la comunidad y el apoyo del vocero del CEN del PRD; los productores de leche derraman cientos de litros del lácteo frente a las oficinas de Secofi; el Consejo de Ancianos de Yalálag sigue en la cárcel; los dueños de carros chocolate bloquean las calles de la ciudad de México, y dos nuevas organizaciones guerrilleras realizan acciones de hostigamiento militar y propaganda armada.