LUNES 17 DE ABRIL DE 2000
* Comisión de legisladores y ciudadanos observa el avance castrense en Chiapas
Payán Velver: el Ejército cerca al EZLN para buscar su rendición
* Paramilitares vinculados con el PRI propician una salida violenta, advierte Mario Saucedo
Andrea Becerril, enviada, y Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 16 de abril * Contra el discurso gubernamental, en Chiapas avanza la militarización y la actividad de los grupos paramilitares, que son "el brazo armado del PRI y que podrían provocar enfrentamientos violentos entre indígenas", declaró Mario Saucedo a nombre del grupo de legisladores, académicos, artistas y ciudadanos que este fin de semana hicieron un recorrido por la zona de conflicto.
"En realidad, hay una paz aparente, pues, de acuerdo con la información que nos proporcionaron y con lo que pudimos observar, hay ya más de 300 puntos militares, entre cuarteles, campamentos y retenes", que cada vez cierran más el cerco contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para buscar su rendición, advirtió el senador perredista Carlos Payán Velver, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
En tanto, el diputado Samuel Lara Villa, general retirado, manifestó que el incremento de la presencia militar que observó en las Cañadas de la selva "es injustificable", y aún más la restricción castrense al libre tránsito.
En conferencia de prensa conjunta con el senador Mario Saucedo, los diputados Gilberto López y Rivas, Fabiola Gallegos y Samuel Lara Villa anunciaron que presentarán recursos legales por la ocupación de terrenos ejidales en Amador Hernández por parte del Ejército Mexicano, el cual además ha deforestado casi 40 hectáreas de bosque, localizadas a la entrada de la reserva de la biosfera de Montes Azules.
San Quintín, localidad que vive por y
para los soldados, dice López y Rivas
Los pobladores de Amador Hernández "llevan ocho meses de resistencia en contra de la presencia castrense en su comunidad, porque se están viendo en el espejo de San Quintín, convertida en una localidad que vive por y para los soldados", expuso López y Rivas.
Se anunció que el grupo ųen el que también participaron los catedráticos Luis González Souza y Paulina Fernández; el arquitecto Armando Chávez; el ceramista Hugo Velázquez; la abogada Digna Ochoa, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; el periodista Carlos Fazio, y Gustavo Castro, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), entre otrosų continuará con las visitas a la zona de conflicto e invitará a otros legisladores y miembros de la sociedad civil a integrarse a esta comisión.
Para este viaje inicial se dividieron en tres grupos, que visitaron Amador Hernández y San Quintín; Taniperla, en la selva, y Acteal y Xo'yep, en los Altos.
Al primer punto viajaron Payán y López y Rivas ųambos, miembros de la Cocopaų, Paulina Fernández, Carlos Fazio y Gustavo Castro. Comentaron que la situación que se vive en esa comunidad del municipio de Ocosingo "es muy grave".
El senador Payán Velver comentó que en agosto había estado en esa localidad, como parte de la delegación de la Cocopa que asistió al lugar, luego de la instalación del campamento militar y el peligro de un enfrentamiento.
La situación, agregó, en lugar de resolverse se ha agravado, pues los soldados no sólo no se retiraron ųaunque se suspendió la construcción de la carretera que motivó el problemaų, sino que se ha incrementado el número de efectivos en la comunidad, la cual no ha podido recuperar su vida normal y se ve permanentemente afectada por la presencia castrense.
Expuso asimismo que pasaron la noche en Amador Hernández y pudieron constatar cómo los militares siguen en posesión ilegal de un predio del que despojaron a un ejidatario ųpara instalar ahí su campamento y la pista de un helipuertoų y continúan talando árboles en esa parte de la selva Lacandona y contaminando el río, además de que impiden el uso del único camino con que cuentan los pobladores de Amador Hernández, ya que lo cierran cada vez que los helicópteros bajan con provisiones.
López y Rivas comentó que la población continúa en resistencia para que salgan los soldados, ya que desde agosto pasado, cuando se instalaron, han venido a romper con su hábitat y sus costumbres. "Las mujeres de la comunidad nos expresaron que no pueden ir al río a lavar la ropa o a recoger caracoles y camarones, ni a recoger leña porque son hostigadas por el Ejército federal".
El legislador agregó que la gran preocupación de las 110 familias de Amador Hernández "es que les pase lo mismo que en San Quintín ųel poblado más importante que tienen cerca y también vecino de La Realidadų, que se ha convertido en un prostíbulo de la base militar ahí instalado, lo cual ha provocado pugnas y enfrentamientos familiares".
Explicó que en San Quintín se instaló la principal base militar de la selva, cuya construcción ųcon antenas parabólicas, planta eléctrica y conjuntos habitacionales en que existen todas las comodidadesų contrasta con la miseria de los indígenas que habitan alrededor.
Tanto Payán como López y Rivas resaltaron que, aunque el gobierno asegure lo contrario, en los hechos se ha elevado la presencia del Ejército Mexicano en la región. Explicaron que, según información proporcionada por defensores de derechos humanos e investigadores, hay 300 puntos militares en Chiapas y una cantidad similar de policías estatales.
Mario Saucedo aseveró: "Es falso el discurso del presidente Ernesto Zedillo y del secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, en el sentido de que en Chiapas las cosas se han ido normalizando; incluso, vemos con preocupación el peligro de que puedan repetirse hechos como el de Acteal, toda vez que se sigue apoyando a los grupos paramilitares, obviamente vinculados con el PRI, para que enfrenten a las comunidades y se propicie una salida violenta".
Consultado al final sobre su afirmación en el sentido de que los paramilitares son el brazo armado del tricolor en Chiapas, declaró que varios de los principales dirigentes de éstos son miembros del partido en el poder, como es el caso del diputado Norberto López Santís.
La presencia de paramilitares es tal, que ųsegún relató el general retirado Lara Villaų el grupo que visitó Taniperla no pudo reunirse en esa comunidad, debido a que sus habitantes temen represalias de los grupos armados que ahí operan.
El también legislador agregó que el ambiente era muy tenso y la personas reflejaban el temor de ser víctimas de represalias por parte de los priístas y de quienes los apoyan, lo que los ha obligado incluso a desplazarse hacia otros puntos. "A mí me indigna ver la pobreza, la marginación en que viven los indígenas, urgidos de atención médica y del beneficio de los programas sociales gubernamentales que no les llegan".
Subrayó que él mismo fue testigo de cómo los soldados "violentan la libertad de tránsito de los ciudadanos al exigirles en cada retén que se identifiquen como condición para poder pasar", cuando no tienen facultades legales para ello.
Expresó además su inconformidad por la "injustificable militarización" de la región, y anunció que regresará cuantas veces sea necesario.
En tanto, la diputada Fabiola Gallegos hizo notar que se encontraron con la desviación generalizada de los programas sociales destinados a combatir la pobreza, ya que se entregan sólo a los priístas.
El sentir de quienes participaron en este primer recorrido por la zona de conflicto fue definido por Mario Saucedo: "La conclusión que nos llevamos es que en Chiapas persiste esta guerra silenciosa, de contrainsurgencia, de baja intensidad".
Al mismo tiempo, precisó que este grupo tiene la intención de mantenerse, crecer y desarrollar actividades de denuncia, de apoyo legal e iniciativas legislativas que permitan frenar la "guerra silenciosa que se vive en Chiapas".